Luego de dos semanas de protestas en las instalaciones del Concejo Municipal Fundacional (CMF) y el Centro de Gobierno en San Quintín, integrantes de 22 agrupaciones civiles retiraron el plantón y la huelga de hambre a las afueras de la Delegación Municipal.
Jorge Alberto Betancourt Durán, vocero de los manifestantes, dijo que, si bien los concejales cedieron a dos de las tres peticiones planteadas desde el inicio de la protesta, se intentará promover juicio político contra los cinco integrantes del CMF.
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Una de las peticiones plasmadas en el documento, entregado el 17 de mayo a los concejales, tenía que ver con la reducción de su sueldo mensual: 76 mil 962 pesos con 64 centavos por cada uno.
Otra era la destitución del director de Seguridad Pública, el exagente de la Policía Estatal Preventiva y comisionado de la Fiscalía General del Estado, Juan Francisco Ramos López, por tener dos averiguaciones previas activas por tortura.
Por último, se exigió la destitución del concejal presidente, Jorge López Peralta, “por haber demostrado incapacidad para administrar el Ayuntamiento de San Quintín”.
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Amador Rodríguez Lozano, secretario general de gobierno, acudió a la zona el 20 de mayo; dos días después lo hizo el gobernador Jaime Bonilla Valdez, para lo cual utilizó el helicóptero de la extinta Policía Estatal Preventiva. Betancourt Durán comentó que, al no obtener respuestas de ambos, el lunes 24 de mayo cinco manifestantes iniciaron una huelga de hambre.
A 10 días de iniciada la protesta, los manifestantes tomaron las oficinas del Centro de Gobierno, provocando el inicio de mesas de trabajo en las que se acordó la reducción de los sueldos de concejales hasta un 40 por ciento; el martes 1 de junio se anunció el cese del director de Seguridad Pública y el nombramiento del ex director de Policía y Tránsito en la ciudad de Tijuana, Mario Martínez Martínez.
La única petición no concedida fue la destitución de Jorge López Peralta como concejal presidente. Como moneda de cambio, renunció el director jurídico, Enrique Arellano.
El lunes 31 de mayo, por segunda ocasión los manifestantes tomaron las instalaciones del Centro de Gobierno, pero de acuerdo con el vocero de las agrupaciones, tanto el plantón en el CMF, la toma del edificio estatal y la huelga de hambre terminaron debido a amenazas y hostigamiento.
