El 17 de julio de 2020, Karen Postlethwaite Montijo, secretaria de Desarrollo Urbano y Territorial de Baja California, aseguró que el proyecto de la planta fotovoltaica que abastecerá de electricidad al Acueducto Río Colorado-Tijuana “de ninguna manera” se trataba de una Asociación Público Privada (APP), sino únicamente de “una compra de energía” mediante un contrato plurianual. Tal discurso se repitió varias veces durante los meses siguientes en que transcurrió, primero la iniciativa enviada por Jaime Bonilla Valdez para que el Congreso local le autorizara signar un contrato resultado de una licitación, lo cual ocurrió el 16 de julio del año pasado. Después, cuando se dio el fallo de la licitación LPN-CIE-001-2020 en favor de la empresa Next Energy de México, SA de CV el 8 de octubre de 2020. Incluso el martes 15 de junio, cuando se colocó la primera piedra de la planta fotovoltaica en Mexicali (que abarcará 550 hectáreas y producirá 2 mil 546 Megawatts), el gobernador Bonilla declaró que el proyecto es de inversión privada. Sin embargo, el 30 de abril de 2021, la administración morenista lo inscribió como una “obligación relacionada con Asociaciones Público Privadas” por un monto superior a 10 mil 848 millones 401 mil pesos en el Registro Único de Financiamientos y Obligaciones de la Secretaría de Hacienda. En ese registro, Next Energy de México, SA de CV (ganadora de la licitación) aparece como institución financiera con la que se adquirió la obligación -léase deuda- a una tasa efectiva del 8.99% y se pagará hasta el 14 de octubre de 2050 con ingresos locales, el Fondo General de Participaciones y el Impuesto sobre Nómina. El monto de la planta solar (10 mil 848 millones de pesos) es superior a las cuatro APP que inscribió el ex mandatario bajacaliforniano Francisco Vega de Lamadrid en Hacienda, las cuales suman 10 mil 038 millones 406 mil 482 pesos. De hecho, la anterior administración había suscrito un contrato por 15 años con la empresa Sumex por servicio de electricidad, vigente al inicio de la gestión de la Cuarta Transformación y, al rescindirlo, la empresa interpuso un juicio administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia Federal, sin que Jaime Bonilla Valdez dé a conocer aún las implicaciones que tendrá el Estado de perder dicho litigio. Otro punto en lo que las declaraciones del Ejecutivo estatal no cuadran con la realidad, es que, según él, Next Energy se encargó de tramitar todos los permisos federales y solo falta que obtenga los locales. Versión que discrepa de la de Eugenio Javier Maiz, presidente del Consejo Directivo de Next Energy, quien reconoce que tanto el Centro Nacional de Control (Cenace) como la Comisión Reguladora de Energía (CRE), no le han concedido los permisos.
