En la que se ha proclamado como la elección más grande de Baja California, y en la que se obtuvo una votación del 38% de la población -la más alta desde 2007-, donde se erigió como ganadora la abanderada de los partidos Morena, PT y PVEM, Marina del Pilar Ávila Olmeda, tuvimos al Instituto Estatal Electoral (IEE) más pequeño y deficiente que se ha encargado de organizar un proceso electoral.
La ola de violencia que se registró durante el 6 de junio tiene una responsabilidad compartida entre los partidos políticos, como autores de los hechos delictivos como el robo de urnas, actos vandálicos, ataques a representantes de casilla e incendio de las mismas; pero también por parte del gobierno, por no garantizar la seguridad de los ciudadanos y de los consejeros del IEE bajacaliforniano. Sin mencionar que las 4 mil 967 casillas registraron una instalación del 100% después de las 15:00 horas, lo que evidentemente causó retrasos en el sufragio ciudadano, e incluso, inhibió el voto.
A esto se suma la incertidumbre por un importante número de malas decisiones en torno a la interpretación de las leyes electorales, como la candidatura de Julián Leyzaola Pérez por parte del Partido Encuentro Solidario (PES), la cual rechazó en un principio, pero que tuvieron que reinstalar debido a la decisión de los tribunales; lo mismo ocurrió con gran número de acciones afirmativas para representantes de pueblos indígenas, las cuales fueron aprobadas por el organismo electoral local y revocadas por instancias superiores.
Parece que en medio de la confusión y la repartición de culpas, nadie observa al presidente del organismo electoral, Luis Alberto Hernández Morales, quien brindó conferencias de prensa y entrevistas ante los medios de comunicación para presumir que los actos violentos no habían afectado los resultados electorales, pero esto no fue gracias a él ni a su estrategia para organizar un proceso de altura.
A diferencia de otros procesos electorales donde el “mapachaje” de los partidos políticos se convertía en un rally universitario donde solo había enfrentamientos entre grupos partidistas, ahora las acciones fueron directamente contra la ciudadanía, al grado que un adulto mayor fue herido de un balazo en el dedo durante un ataque perpetrado por un grupo de choque que irrumpió en una primaria de la colonia Rivera Campestre de Mexicali, donde -extrañamente- no hubo detenidos, pese a que se ubica una Estación de Policía, literalmente, frente al plantel educativo.
Fueron los ciudadanos quienes hicieron esta jornada memorable, al salir a votar, al informarse, pero también para defender el voto, pues en la mayoría de los incidentes donde se detuvo a integrantes de los grupos de choque, los arrestos fueron por parte de la población y no por la autoridad preventiva. ¿Dónde estaba la Policía Municipal cuando ocurrían estos hechos?
Fueron casi veinte incidentes de robo de urnas y ataques vandálicos en casillas los reportados durante la jornada electoral en Mexicali, la mayoría se perpetraron en centros de votación instalados en escuelas, es decir, los de mayor flujo. Aun así, no había vigilancia cuando se cometió el hecho.
El IEE no tuvo la iniciativa de estructurar un protocolo de acción ni tácticas preventivas para proteger los puntos donde era más probable el ataque por parte de “mapaches” electorales, tampoco delimitó las zonas de riesgo para candidatos con el objetivo de reducir la posibilidad de ser víctimas de la inseguridad como el que sufrió la candidata del Distrito IV, Michel Sánchez Allende, de la coalición “Juntos Haremos Historia en Baja California”, quien fue amenazada junto con integrantes de su brigada cuando llevaba a cabo un recorrido en la Zona Poniente de Mexicali.
En la elección más importante de Baja California, donde todos vaticinaban una jornada violenta y compleja, los consejeros del IEE, y en especial el presidente Hernández Morales, brillaron por su ausencia y pasividad.
