Dos familias se unieron por el dolor, luego de que sus seres queridos fueron atropellados, asesinados o lesionados por conductores irresponsables, y las autoridades, tanto municipales como estatales, han generado impunidad y una doble victimización porque no han tenido la capacidad de otorgar justicia para los deudos.
Por un lado, está el expediente de la joven Rosa Isela Viveros García y su pequeña de nueve años, quienes fallecieron a manos de un conductor ebrio; y por otro, el caso de la señora Ana Guadalupe Castro Ortiz, de 59 años, la cual permaneció tres meses debatiéndose entre la vida y la muerte, al ser embestida por un camión de la empresa Atusa (cuyo conductor se dio a la fuga). Ambos ponen en duda la labor de la Fiscalía General del Estado (FGE) y de la Policía Municipal, porque en ninguno de los casos hay personas detenidas, pese a que están plenamente identificados.
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La señora María García Carrillo, madre de Rosa Isela, encabezó una manifestación realizada en las instalaciones de la FGE, en Mexicali, la tarde de este jueves 3 de junio, donde se hizo acompañar de un grupo de amigos y familiares, quienes con pancartas y gritos exigieron justicia para la joven y su pequeña niña, cuya vida fue truncada por el conductor de un vehículo que las arrolló cuando caminaban rumbo a su vivienda.
Daniel Miguel Martínez, quien manejaba la unidad, se encontraba bajo los influjos del alcohol, según la narrativa de un testigo, que fue quien impidió que huyera, lo detuvo y le quitó las llaves de su automóvil.
La madre y abuela de las víctimas, comentó que les informaron que los mismos policías y el ofendido movieron los cuerpos para aparentar que la joven y la pequeña intentaron cruzar la calle Novena de manera imprudente, lo cual consideraron ilógico porque ambas viven en la acera donde ya caminaban.
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La joven Rosa Isela Viveros caminaba con su pequeña a las 11 de la noche del 28 de mayo del 2021, sobre dicha vialidad, luego de una jornada de trabajo en los mariscos El Sonorense; por su necesidad económica, la joven también trabaja otros días en la empresa Telcel, para completar sus gastos.
Pese a que la persona fue detenida, la Policía Municipal lo dejó en libertad a las pocas horas y no inscribió su información al Registro Nacional de Detenciones, por lo que tampoco fue presentado ante el Ministerio Público para que rindiera su declaración, pese a que se encontraba bajo los influjos del alcohol.
El señor Martín Alberto Estabilla Arvizu, de 56 años de edad, residente del fraccionamiento Hacienda del Real, sufrió una situación similar y él sí se presentó a las oficinas del Ministerio Público.
Desde principios de este año 2021, mantiene una lucha para exigir justicia por su esposa, la señora Ana Guadalupe Castro Ortiz, quien la madrugada del 24 de febrero fue arrollada por un autobús de pasajeros de la empresa Atusa, sobre la calzada Héctor Terán Terán.
Guadalupe Castro se dirigía a su trabajo en el casino Caliente, ubicado frente al hotel Lucerna, de Mexicali, cuando fue embestida por el vehículo pesado.
Según la narrativa de su esposo, la mujer hizo señas para detener al conductor desde el camellón. Posteriormente, la mujer caminó hacia la unidad por la parte frontal para ser vista por el hombre tras el volante.
Sin embargo, éste aceleró su marcha e impactó a la mujer, provocándole severas lesiones en el pie izquierdo, la pierna derecha, los brazos y una severa herida en la cabeza, obligándola a permanecer durante tres meses bajo cuidados en el Instituto Mexicano del Seguro Social (Imss).
Cuando Mario Alberto arribó a la escena, se dio cuenta que había seis patrullas custodiando la escena, pero ninguna persiguiendo al camión de la empresa Atusa, que -por sus horarios y rutas- sería sumamente sencillo darle persecución.
Desde ese momento, el señor Mario Alberto ha gastado cantidades importantes de dinero y tiempo en ayudar a su mujer y en exigir justicia, pero a tres meses de ocurrido el hecho, nadie le ha dado respuestas ni le han dado acceso a la carpeta de investigación.
Comentó que ha sostenido reuniones con algunos fiscales, pero continúan sin darle respuestas; solo le han explicado que han citado a algunos empleados de Atusa y a testigos del hecho, pero desconoce sus identidades.
Tras varios meses lo único que le ofrecieron es atención psicológica y jurídica, lo que consideró como una burla, pues -asegura- solo necesita que haya justicia, lo que estipule la ley.
Desde el día que ocurrió el hecho, Mario Alberto no ha vuelto a tener comunicación con la empresa, cuyo abogado, en un primer momento, le dijo que la responsable del accidente era su esposa.
“¿Por qué están protegiendo tanto a la empresa?, me están dando muchas largas”; además reiteró que el conductor y la empresa tienen responsabilidad por el simple hecho de que huyó de la escena, arrastrando a la víctima unos metros debajo de la unidad.
