En Tijuana, Valle Redondo, una amplia zona de ranchos, con grandes extensiones de tierra deshabitada, ha sido tomada por grupos criminales que secuestran, asesinan, trafican personas, trasiegan droga y aterrorizan a los trabajadores de los campos de vides, quienes fingen ignorar su presencia para evitar problemas. Sin vigilancia de las autoridades y colindante con Estados Unidos, es un punto de cruce ilegal peleado y usado por varios grupos criminales. En esa “tierra de nadie” asesinaron a tres trabajadores vitivinícolas. Autoridades locales investigan a la célula de Edwin Antonio Rubio López “El Max”, operador del Cártel de Sinaloa, como presuntos responsables
Los ejecutaron. De acuerdo con la posición de los cuerpos, los tres hombres estaban hincados con la cara contra una pared cuando recibieron la bala de un arma corta en la cabeza. Su ropa desgastada daba cuenta del trabajo humilde que desempeñaban en un campo agrícola dedicado a la poda de vid.
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La primera hipótesis de los investigadores apunta a que un grupo de traficantes de personas y drogas los “confundió” con integrantes de una célula narcotraficante rival y los asesinó el jueves 27 de mayo. Tal vez los criminales estaban drogados, por eso asumieron que los dos hombres con pantalones y camisetas desgatadas, quienes calzaban zapatos sin calcetines y acompañaban a un tercer varón con pantalón de mezclilla y camisa de vestir, eran traficantes de droga.
Algo similar a lo que sucedió con Edgar Flores Santos identificado oficialmente como supervisor de Agricultura y Trampeo de Plagas para el Servicio de Inspección Zoosanitaria y Vegetal (APHIS, por sus siglas en inglés) del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, privado de la libertad el 30 de septiembre de 2020 en las inmediaciones del Rancho Las Uvas y localizado asesinado el 1 de octubre en el cañón “Chupacabras” de Valle Redondo, de la delegación Presa Rural en Tijuana.
En el caso de Flores Santos, los homicidas detenidos confesaron que debido a su apariencia y a que circulaba en un pick-up Chevrolet Silverado color blanco -su unidad de cargo-, creyeron que era policía y lo mataron.
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Por eso, el mismo grupo criminal que hace ocho meses acribilló al funcionario consular, es ahora uno de los principales sospechosos del triple homicidio de los trabajadores del campo.
LAS VERSIONES DE LA PRIVACION Y LA MUERTE
Los primeros reportes respecto a la desaparición de Uriel Mora Vidal, Dagoberto Escalante Olivas y Juan Cuahua Tlehuactle fueron confusos. La versión inicial indicaba que elementos de la Guardia Estatal de Seguridad e Investigación (GESI) o de la Guardia Nacional se los habían llevado a las 11:00 horas del 27 de mayo.
Después dijeron que los trabajadores habían salido temprano a la zona del arroyo para activar una bomba de riego. Al mediodía, las familias de las rancherías vieron circulando en la zona un pick-up blanco con hombres armados en su interior. Las familias se refugiaron en sus casas, pero cuando escucharon balazos, se empezaron a preocupar por los tres varones que no habían regresado y telefonearon a la Policía.
Detallaron que policías municipales y de la Guardia Nacional arribaron al lugar y dieron vueltas durante aproximadamente dos horas, pero no encontraron nada y se retiraron. Alrededor de las 17:00 horas, la suegra de uno de los desaparecidos recibió una llamada anónima, diciendo donde podían encontrar los cuerpos.
Los dueños de los ranchos solicitaron el apoyo de la GESI y de la Fiscalía General del Estado (FGE) para localizar los cadáveres, pero la Policía Municipal de Tijuana informó haberlos encontrado a las 17:40 horas del mismo jueves.
De acuerdo con el informe, se localizaron tres hombres bocabajo con lesiones de bala en la cabeza. Un reportante les dio indicaciones de dónde estaban las personas sin vida.
El personal responsable de procesar la escena del crimen de la FGE llegó casi dos horas después, estos informaron que los cuerpos fueron localizados en el interior de “un inmueble en obra negra en ruinas, ubicado en un camino vecinal en el Rancho El Remolino” con un tiro de arma corta en el cráneo.
Conforme al análisis balístico la FGE, el arma o las pistolas usadas contra los trabajadores, no habían sido utilizada en un crimen previo en Baja California, mientras que la versión de los deudos, apunta a que los tres empelados salieron a las seis de la mañana de sus casas (“iban por agua”). En un momento de la mañana -que no precisaron- vieron circulando por los ranchos una camioneta gris y en el interior personas encapuchadas portando armas largas.
Salieron a buscar a los desaparecidos -de nuevo no precisaron hora- y encontraron un tractor con botes que no habían sido llenados con agua, en ese momento escucharon balazos y regresaron a sus casas a esconderse, para llamar al personal de seguridad que a su vez se comunicó a los números de Emergencia.
El familiar de uno de los hombres marcó al celular de una de las víctimas, contestaron y solo se escuchó la voz -no entendieron lo que decía- y las carcajadas de una mujer antes de que colgaran.
Más tarde, alrededor de las 12:20 horas, los residentes de la zona vieron de nuevo un pick-up gris paseándose por el rancho y en su interior a una mujer de aproximadamente 22 años.
Después, se daría la llamada anónima a las 17:00 horas y la localización de cuerpos una hora después.
“El Oso”
TIERRA DE NADIE
El área donde Mora Vidal, Escalante Olivas y Cuahua Tlehuactle fueron privados de la libertad y posteriormente asesinados, tiene propietarios registrados, algunos invasores y pleitos judiciales reclamando la titularidad en los Juzgados bajacalifornianos.
“Es una tierra sin Ley donde la violencia se agravó a finales de 2019”, describen.
Empleados que tenían 20,15 y 10 años laborando en los ranchos de la zona, fueron amenazados y renunciaron en el último cuatrimestre del año antepasado, mientras los dueños no han podido contratar gente nueva porque “tienen miedo”.
La movilidad por miedo también ha afectado al Rancho Las Uvas, incluso, en fechas recientes habían decidido que uno de los tres hombres asesinados sería nombrado administrador-capataz, puesto que había estado desocupado por muchos meses.
Los residentes, dueños y trabajadores de esa zona, manifestaron tener miedo de recorrer la tierra. De hecho, el día del múltiple homicidio, la suegra de una de las victimas recibió una llamada anónima informando que los hombres desaparecidos ya estaban muertos y los iban a encontrar por el arroyo, pero ni las desesperadas familias ni el personal de seguridad del rancho se atrevieron a buscarlos.
La zona en mención es una amplia extensión de tierra que abarca los ranchos Las Uvas, La Escondida, El Remolino y los terrenos de la empresa Dart. La entrada principal está justo en las inmediaciones de la empresa, sobre la autopista de cuota Tijuana Tecate en Valle Redondo. El único punto con sistema de video vigilancia, los criminales lo saben y lo evaden. Todos entran por detrás de la fábrica, de hecho, a los residentes de la zona les pareció extraño que cuando llegaron la Policía Municipal y Guardia Nacional, ambas patrullas ingresaran por la misma ruta que los delincuentes.
A la altura de los ranchos mencionados, se termina la doble malla del lado americano, lo que facilita el cruce ilegal de personas y drogas. “Lo más extraño es que esto sucede todos los días a todas horas, sin que las corporaciones mexicanas ni las de Estados Unidos hagan nada, por eso ya no sabemos para dónde voltear, hemos pedido patrullajes y operativos en las rancherías, pero nada”, comentaron los locales.
CÉLULAS CRIMINALES
Entre la carretera Tijuana-Tecate y la franja fronteriza con Estados Unidos hay una distancia de tres kilómetros, los cuerpos de los tres trabajadores del cultivo de la vid para vino Zinfandel, fueron localizados a 500 metros de la malla que divide los dos países y a poco más de 100 metros del cauce del Arroyo Alamar.
El 2 de octubre de 2020, tras la muerte del funcionario estadounidense al concluir el acto público mediante el cual entregó a la GESI 76 patrullas rentadas, el fiscal general del Estado, Juan Guillermo Ruiz Hernández, aseguró en conferencia de banqueta: “Días antes solicitamos la presencia de la Policía Municipal porque en toda esa zona, Valle Redondo, hay un flujo de migrantes de Estados Unidos y es complicada”.
El operativo público más reciente realizado por Grupo Beta en esta zona de cruce, se publicitó precisamente hace siete meses, poco después del homicidio del funcionario del Consulado, la noche del 5 de octubre, cuando rescataron a una familia de migrantes -madre, padre y dos hijos pequeños-, quienes fueron abandonados en la zona serrana del Rancho Las Uvas. La mujer debió ser extraída en helicóptero porque tenía fractura de pelvis.
“Pero después de eso, nada”, aseguraron los residentes de la zona, “ni los municipales, ni los estatales, Guardia Nacional o los Beta. Todavía más preocupante, ni los del ICE (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, agencia del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos), pareciera que tienen acuerdos”, expusieron asustados y preocupados.
“Los criminales van y vienen como Pedro por su casa aterrorizando a la gente de bien, el día de las tres muertes le estuvimos marque y marque al fiscal, y nada”, agregó un representante de los propietarios de los ranchos.
Consultadas las autoridades del otro lado de la frontera, indicaron que el área en mención es usada por varios grupos que se dedican al tráfico de personas, pero destacaron al grupo de “Los Maldonados” o “Los Emes”, identificados después que tres de los hermanos Maldonado Mejía fueron detenidos o asesinados.
Sin embargo, esta información fue refutada por la FGE, los representantes de la autoridad ministerial admitieron a “Los Emes” como un grupo de traficantes de personas que continúa vigente con otro hermano al que aún no tiene plenamente identificado y está moviendo gente de Pachuca y Michoacán, pero actualmente solo opera en Mexicali.
Por eso, en el caso de los tres trabajadores de la vid, los investigadores están dirigiendo sus esfuerzos contra los delincuentes locales, pero han pasado ocho días sin resultados. Muy diferente a lo sucedido en el caso de la investigación del homicidio del funcionario extranjero, en el que uno de los cómplices de su homicidio fue detenido menos de 24 horas después que el cadáver fue localizado.
De acuerdo con los organigramas en poder de la Mesa de Coordinación para la Paz y Seguridad de Baja California, tres grupos criminales tienen presencia en la zona:
Daniel Isaac Ortiz Covarrubias “El Moreno”. Originalmente operador del Cártel Jalisco Nueva Generación, que en fechas recientes las autoridades aseguran ha buscado aliarse a “Los Chapitos”.
Manuel Rodríguez García “El Profe”. Líder de pepenadores en la Zona Este de Tijuana, ha sobrevivido a tres ataques armados, sin orden de aprehensión en contra, pero mencionado por las áreas de Inteligencia desde el período 2008-2015 como parte de los grupos dedicados al trasiego de droga.
Edwin Antonio Rubio López “El Max”. Operador del Cártel de Sinaloa.
Los investigadores consideran a la célula de este cabecilla de traficantes al menudeo como los principales sospechosos, a pesar de que la base de operaciones de Rubio está en Las Villas, a casi 7 kilómetros de Las Uvas, pero según declaraciones de sus cómplices ya capturados, este hombre controla a grupos que delinquen desde la delegación La Presa y Presa Rural en Tijuana hasta Tecate.
Además, “El Max” es el jefe criminal de los detenidos por el homicidio del empleado consular en la misma ranchería: Juan Carlos “N”, de 24 años, capturado el 1 octubre de 2020 en el operativo realizado minutos después que encontraron el cuerpo de Edgar Flores; una vez asegurado, el sujeto reconoció pertenecer a una célula dedicada al tráfico de personas y que habían confundido al estadounidense. Ivis Yuvinny Escobar Salgado “El Vikingo”, aprehendido 27 de enero de 2021 en posesión de droga y a quien se le fincaron cargos por el homicidio. Juan Luis Pérez Longuinez “El Pikul”, detenido el 31 de marzo del año en curso tras una persecución y balacera ocurrida en la salida de Tecate, en las inmediaciones del Rancho La Puerta. Además de Yossio Quiñonez Armenta “El Pariente”. Las autoridades también lo implican en el cuádruple homicidio registrado en Tecate en 2020.
Testigos de los recorridos de los criminales armados y compañeros de los agricultores, refirieron que los hombres no estaban haciendo nada más que trabajar, “no tenían que haber perdido sus vidas cuando solo hacían su esfuerzo laboral”, y reclamaron: “Dejan a tres familias desamparadas”.
Se dicen conscientes de que donde viven y trabajan es una comunidad muy afectada por la violencia, “pero no entendemos por qué los privaron de la libertad y les quitaron la vida”.
La familia de una de las víctimas se fue de Baja California con el cadáver del hombre a su tierra natal, en tanto las otras dos también están pensando en abandonar la zona.
