Lo hemos dicho antes: su capacidad de análisis y su profesión como abogado, convirtieron al editor de 48 años, Francisco Javier Ortiz Franco, en la voz de la justicia y la razón en ZETA… y esa voz fue arteramente apagada a balazos hace 17 años.
Mientras se enriquecían envenenando y matando gente, a los criminales no les importó quitarle la vida a un hombre honesto que trabajaba con ética, y en el camino, dejar una viuda y tres hijos para que enfrentaran la vida sin uno de los pilares de la familia.
“Los Zetas” de Nuevo Laredo, pistoleros traidores al Ejército Mexicano, el Cártel Arellano en Baja California o el casinero Jorge Hank Rhon -candidato del PRI a la alcaldía de Tijuana en aquel entonces-, fueron en su momento los sospechosos del asesinato del Editor General de ZETA, Francisco Ortiz Franco, cometido el 22 de junio de 2004.
Con los días, las autoridades decidieron centrar su atención en los operadores del Cártel Arellano Félix, quienes el 15 de agosto fueron señalados como los responsables del asesinato de “Pancho” por el entonces subprocurador de Investigación Especializada de la Procuraduría General de la República (PGR), José Luis Santiago Vasconcelos, acompañado por el ex procurador bajacaliforniano Antonio Martínez Luna.
Salieron a relucir nombres como el de Jorge Eduardo Ronquillo Delgado “El Niño”, asesinado en 2005; Jorge Briceño López “El Cholo”, desaparecido desde 2008 y Arturo Villareal Heredia “El Nalgón”, capturado en 2006 por el Gobierno de Estados Unidos; incluso en su primera audiencia, el fiscal lo señaló como responsable de la muerte del editor, así como a Francisco Javier Arellano Félix “El Tigrillo”.
El móvil: la publicación del 4 de mayo de 2004 que hizo el editor, sobre las 71 fotografias de los integrantes del CAF a quienes se habría entregado una credencial oficial de la procuraduría estatal para que delinquieran con mayor impunidad en Baja California.
Capturado en abril de 2011, Alberto Salazar, un secuestrador del CAF, confirmó la versión y reiteró lo que las policías ya sabían: la orden la había dado “El Tigrillo”- entonces cabeza del CAF- y Villarreal se había asegurado personalmente que se cumpliera.
Pese a las declaraciones de autoridades y delincuentes, incluso con “El Tigrillo y “El Nalgón” detenidos en Estados Unidos desde hace casi 15 años, en la carpeta de investigación contra los asesinos de Francisco Ortiz Franco no se ha emitido una sola orden de aprehensión o acusación.
De hecho, a pesar de que la sentencia de Villarreal se cumple hasta el año 2030, los abogados del homicida llevan tres años litigando para eliminarle los tres cargos en su contra que hay en México por delincuencia organizada, porque creen que saldrá pronto de prisión. Evidentemente, el criminal sabe algo que los demás ignoran.
Se desconoce, al igual que el paradero de Javier Arellano, el presunto autor intelectual, a quien en 2014 le concedieron una reducción de la pena a 282 meses que le permitiría alcanzar la libertad también en 2030.
Se sabe que desde 2015 su abogado ha pugnado por más reducciones de las que se conoce, porque a pesar de que las primeras solicitudes fueron rechazadas porque los crímenes “fueron abominables, evidencian una falta de conciencia, extrema crueldad humana y un corazón maligno”, a partir de que el menor de los Arellano se convirtió en informante y aunque se mencionó que había pedido ser trasladado a Florida, su registro fue omitido en el Sistema Penitenciario de Estados Unidos, así que localizarlo o conocer su estatus es prácticamente imposible.
El asunto es que por el homicidio de Francisco Ortiz Franco, un delito cuya pena máxima es de 60 años de prisión, no existe siquiera una orden de aprehensión. Nada de autores intelectuales, materiales o policías encubridores. Incluso, la pena por asesinato en México es 37 años más de los que sentenciaron a Arellano y a Villarreal en EU por tráfico de drogas.
En 2010, María Idalia Gómez, de la Unidad de Respuesta Rápida de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y Darío Fritz, elaboraron el documental “El crujir de las palabras”, que abordó la falta de trabajo y de justicia que ha existido en el caso de Francisco e hicieron un recuento del asesinato y desaparición de más de 90 periodistas en los 23 años previos.
Ante la incompetencia de las autoridades que raya en la complicidad, en 2010, la SIP y familiares del periodista presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el caso, sin éxito. Y en diciembre de 2020, mientras la opacidad, incapacidad y desinterés continuaban perpetuándose, la SIP retomó el caso ante dicha organización.
La CIDH abrió el caso número 14.297, con la finalidad de apoyar a la familia para conocer la verdad en el caso de Ortiz Franco y, a la vez, alcanzar un acuerdo con el Gobierno de México para que asuma su responsabilidad en la reparación del daño y se emitan medidas de no repetición. Este proceso continúa.
En abril 2021, la SIP reconoció al Presidente Andrés Manuel López Obrador, por convenir públicamente para avanzar en la investigación de la desaparición del periodista Alfredo Jiménez Mota, misma que data de 2005. Le pidieron incluir las indagatorias por los asesinatos de Héctor Félix Miranda, Víctor Manuel Oropeza, Benjamín Flores González e insistieron en el caso de Francisco Ortiz Franco.
Desde esta página, como lo hacemos desde hace 17 años, quienes trabajamos en ZETA reclamamos el compromiso del gobierno para darle a nuestro Editor General, la justicia que merece. Y agradecemos este nuevo esfuerzo tanto a la SIP como a la CIDH, sobre todo, el apoyo hacia la familia de “Pancho”.
