La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) turnó a la Dirección General de Análisis la denuncia contra el gobernador Jaime Bonilla Valdez y la empresa Fisamex por lavado de dinero de 278 millones de pesos, presentada por la candidata de la coalición “Va por Baja California”, María Guadalupe Jones Garay.
Según fuentes extraoficiales, luego que el 3 de mayo la Oficialía de Partes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público admitiera la denuncia por hechos que pudieran constituir el delito relacionado con operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero), la directora General de Procesos Legales delegó el documento a la Dirección de Análisis.
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En su edición impresa del 7 al 13 de abril, en sus páginas de ZOOM POLÍTICO, ZETA informó que la denuncia interpuesta por Jones Garay y el excandidato a la gubernatura por Movimiento Ciudadano (2019), Héctor Osuna Jaime, señala que el “esquema delictivo” en el que habrían incurrido Gobierno del Estado y Fisamex consistió en cobrar contribuciones inexistentes que no fueron determinadas de forma legal o calculadas por encima de lo que corresponde a la Ley, cometiéndose presuntamente el delito de concusión.
“Al mismo tiempo, los servidores se coaligaron para impedir la aplicación de las leyes fiscales y el derecho de defensa de los particulares, habiendo hecho expresa esa intención la secretaria de ‘Honestidad’ del Gobierno del Estado, Vicenta Espinoza Martínez, al confesar públicamente que las ‘auditorías’ fueron encargadas a una empresa privada (Fisamex y/o Manuel García Soto), para evitar demandas contra el gobierno, es decir, cometieron delito de coalición de servidores públicos”, se lee en el documento.
El actuar de Fisamex y/o quien encabeza esa empresa, Manuel García Soto, también raya en el delito de usurpación de funciones, ya que el gobierno estatal habría pagado “sin justificación alguna en relación costo beneficio”, más de 278 millones de pesos a la empresa Romafam, SA de CV. Cantidad que representa 20% de los mil millones de pesos que recaudó ilegalmente el gobierno estatal mediante dichas auditorías.
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Por otro lado, la denuncia de la candidata por los partidos PAN-PRI-PRD reveló que Romafam, SA de CV -de la que García Soto es socio mayoritario, constituyéndola en Hermosillo, Sonora en octubre de 2018- habría triangulado casi el 100% de los recursos que le pagó el Gobierno del Estado de Baja California.
En un solo día (7 de diciembre de 2020), la empresa pagó 162 millones de pesos a Fiscales del Agua Méx, SA de CV, compañía constituida en Tijuana dos meses antes por García Soto y Karen Joanna García Lizárraga. “Con lo cual, claramente se pusieron en circulación recursos cobrados ilícitamente por el gobierno estatal de Baja California, pagados también excesivamente y por ello en forma ilegal a Romafam S.A. de C.V, con propósitos claros de ocultamiento y dispersión”, advierte la denuncia.
Además, Romafam habría pagado 63.8 millones de pesos a Salhec Grupo Constructor, SA de CV, creada el 28 de mayo de 2020 y cuyos socios son Wister Xavier Guevara Valenzuela y Héctor Manuel Sánchez López.
Especialistas consultados por ZOOM señalaron que UIF debe integrar una investigación y, de encontrar elementos para proceder, presentaría denuncia ante la Fiscalía General de la República. Dependencia que también tendría que investigar, y, en caso de encontrar elementos, interponer denuncia.
