A los diputados de la XXIII Legislatura por Baja California se les puede acusar de todo, menos de falta de ambición; violentaron la Constitución y los procesos parlamentarios en varias ocasiones, solo para pisotear su autonomía, rendirle pleitesía y cumplir la voluntad del gobernador, y, aun así, buscan el favor de la ciudadanía.
De entrada, se estrenaron violando el compromiso de no aumentar impuestos, y en dos años, aprobaron incrementos al cobro del agua potable- servicio que han prestado deficientemente con tandeos y cortes, también aumentaron el pago de licencias, placas, calcomanías, tarjetas de circulación y demás servicios de control vehicular, incrementando las cargas impositivas a los ciudadanos cautivos que pagan sus servicios regularmente.
Bajo la perspectiva de pobres contra ricos, aunque el gobernador es un empresario adinerado, también aumentaron o crearon impuestos para los inversionistas, que evidentemente terminaron pagando los usuarios y ciudadanos comunes, como los gravámenes a gasolina y gas natural -argumentando tema ecológico- , hoteles, moteles, casas de empeño, plataformas digitales de transporte y hospedaje; al consumo final de bebidas alcohólicas, el impuesto por factibilidad y sobre Empresas en Redes de Transporte por el servicio que presta el recién creado Instituto de Movilidad Sustentable, y la crecida al Impuesto Sobre Nómina por mencionar algunos.
Los aprobaron sin recibir un informe detallado de cuál será el destino final de esos recursos, los cuales evidentemente se han manejado con insuficiencia, porque en menos de dos años, de acuerdo con el análisis del Centro de Estudios Económicos de Baja California (CEEBC), los legisladores también han aprobado al Estado la obtención de deuda y créditos por 3 mil 600 millones pesos; solo 344 millones menos que los 3 mil 944 millones de pesos solicitados en un periodo de seis años por el ex gobernador panista Francisco Vega de Lamadrid, acusado de corrupción y desaseo en el manejo del erario.
En cuanto a los contratos a modo que tanto criticaron y satanizaron, resulta que el ingeniero Jaime Bonilla Valdez obtuvo los votos a favor de sus diputados, por ejemplo, para asegurarle el monopolio a La Cosmopolitana, empresa que ya dio el servicio con sobreprecio al anterior gobierno, y aprobarle el contrato para “suministro de insumos, víveres y productos para el procesamiento de alimentos” para mil 154 custodios y un promedio de 12 mil 500 internos durante seis años -invadiendo el periodo del próximo gobernador- , en el que la empresa garantiza un contrato por 2 mil millones de pesos.
¿Y qué tal el respaldo en el estudio y proyecto ejecutivo para la construcción del viaducto elevado que conectará al Aeropuerto de Tijuana con la Garita de San Ysidro y Playas de Tijuana?, que en el gobierno de Francisco Vega de Lamadrid iba a costar 35 millones de pesos. En abril de 2020, la Secretaría de Hacienda bonillista se fue de largo y lo tasó en 116 millones de pesos, y este año fue anunciado con un precio de 200 millones de pesos.
Cómo olvidar que intentaron apoyar el fraude cometido en contra de la Constitución por sus antecesores, que habían votado a favor de ampliar el periodo del gobernador Jaime Bonilla de dos a cinco años. Con dos meses en sus curules, mientras la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) deliberaba, en octubre de 2020, los diputados patrocinaron e hicieron pública una encuesta sin resultados vinculatorios, en la que, según ellos, el 71.1% de los bajacalifornianos que participaron, querían que se quedara cinco años, y el 28.9% opinó que dos años.
En mayo, la SCJN les informó lo que todos sabían, que la pretensión de extenderse era inconstitucional, y en junio la Legislatura local de nuevo trató de modificar la Constitución Política de Baja California para que el próximo periodo de gobernador se extendiera, esta vez de dos a tres años (2021-2024).
A sabiendas de la postura del máximo órgano jurisdiccional, esta es una de las poquísimas ocasiones en las que los morenistas no votaron en bloque, razón por la que Bonilla no logró los 17 votos que necesitaba después que los partidos de oposición, Rosina del Villar, Aracely Geraldo, Carmen Hernández y Juan Meléndrez Espinoza, de la 4T, votaron en contra y un tibio Fausto Gallardo del PVEM se abstuvo.
Pero como si lo merecieran, 15 de los 25 diputados de la XXIII Legislatura por Baja California buscan ser favorecidos por segunda elección consecutiva, con la votación ciudadana. Nueve quieren ser reelectos al Congreso local, mientras otros seis creen que les alcanzará para escalar en el organigrama político y lograr mejores cargos. La mayoría son morenistas que esperan volver a ser arrastrados por la segunda ola del Presidente Andrés Manuel López Obrador.
En Baja California, 16 de los 25 legisladores desean continuar en alguna de las nóminas del gobierno, doce de ellos, pertenecen a la mayoría morenista y sus partidos satélite -Verde Ecologista de México y el del Trabajo-, usualmente serviles y comparsas del gobierno encabezado por Jaime Bonilla.
Los morenistas que desean repetir son: Víctor Hugo Navarro en el Distrito 2; Juan Manuel Molina en el Distrito 5; Julia González, Distrito 10; Ramón Vásquez, Distrito 12; Gloria Miramontes, Distrito 13; Aracely Geraldo, Distrito 14; y Miriam Cano en el Distrito 17. Seguidos de los petistas Julio César Vázquez en el Distrito 7 y Claudia Agatón en el 16.
En esta misma intención de reelección está el diputado del Partido de Baja California, Rodrigo Otáñez, quien se ha desempeñado desde la oposición.
Las diputadas locales con licencia Montserrat Caballero, de Morena, y Eva María Vázquez, de la alianza encabezada por PAN y PRI, también quieren el voto, pero son más ambiciosas. En lugar de repetir como legisladoras, la primera quiere ser alcaldesa de Tijuana y la segunda de Mexicali.
Por si el ciudadano se preguntaba por otros legisladores que el mes pasado dejaron su curul en el Congreso local para ir tras la pepena del voto, como Fausto Gallardo, del PVEM y Juan Meléndrez, de la 4T, estos quieren que la gente los vuelva a votar, pero ahora como diputados federales. Mientras los legisladores Gerardo López (PRD) y David Ruvalcaba (PRI) se niegan a vivir fuera del presupuesto y se lanzaron a la campaña por una regiduría en Tijuana.
Entonces, elector responsable, recuerde que el actuar de estos diputados sí afecta la calidad de vida que le puede dar a su familia, revise la historia de cada uno de los candidatos que contienden por su distrito. Piense si necesita tres poderes o un Congreso que actúe como manada, analice los resultados, porque el próximo 6 de junio será el día en que realmente, Usted pueda hacer valer su voluntad.
