La Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO, por sus siglas en inglés), la central obrera más grande de Estados Unidos, entregará este lunes 10 de mayo, al Gobierno de EE.UU., una solicitud para que la Administración encabezada por Joseph Biden presente la primera denuncia laboral contra México, bajo el nuevo acuerdo comercial de Norteamérica, T-MEC.
La solicitud fue acompañada por el Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de Industrias y Servicios (SNITIS), encabezado por la abogada Susana Prieto Terrazas; así como el Sindicato Internacional de Empleados de Servicios (SEIU, por sus siglas en inglés), en EE.UU.; y Public Citizen, un grupo estadounidense sin fines de lucro, que se define como progresista y de defensa de los derechos del consumidor.
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La petición establece que a los trabajadores de la planta de autopartes Tridonex, ubicada en Matamoros, Tamaulipas, se les negó representación sindical independiente, en violación del nuevo tratado comercial de Norteamérica, mismo que sustituyó al TLCAN el año pasado y que se encontraba en vigor desde 1994.
Prieto Terrazas dijo que alrededor de 600 trabajadores sindicalizados fueron despedidos el año pasado de la planta de autopartes, como una supuesta represalia por sus esfuerzos para cambiar de sindicato. La empresa matriz de Tridonex es Cardone Industries, con sede en Filadelfia, EE.UU., pero controlada por la canadiense Brookfield Asset Management.
Bajo el “Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida” del T-MEC, las empresas en México y Estados Unidos pueden enfrentar aranceles y otras sanciones por no garantizar los derechos de los trabajadores, como la libertad de asociación. Asimismo, la petición de la AFL-CIO sienta un precedente, debido a que es la primera vez que es puesto en práctica para hacer valer las condiciones laborales dentro del nuevo Tratado comercial.
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“Esto sienta un precedente. Va a ser una prueba para este nuevo sistema”, dijo -citada por la agencia británica Reuters-, Catherine Feingold, directora del departamento internacional de la AFL-CIO, Federación estadounidense que presionó por mejores disposiciones sobre los derechos laborales en el T-MEC.
La AFL-CIO enviará su petición a la Oficina de Comercio y Asuntos Laborales, del Departamento de Trabajo de EE.UU., que tiene 30 días para revisar el reclamo y determinar si debe llevar el caso al Gobierno mexicano para una revisión adicional. Todo el proceso, incluida una etapa final para determinar posibles sanciones y multas, debe resolverse en un plazo no mayor a cinco meses.
“La mayor parte de esto podría solucionarse con bastante rapidez si existe la voluntad política”, dijo Benjamín Davis, director de asuntos internacionales del sindicato United Steelworkers, parte de AFL-CIO, también citado por Reuters.
