El 5 de mayo de 2021, en el Congreso del Estado eligieron a la licenciada Marina Ceja como fiscal para Delitos Electorales de la Fiscalía General del Estado de Baja California, luego que la misma Legislatura que le había dado autonomía a esa fiscalía, se la quitó para meterla en la facultad de la FGE, a capricho del gobernador y el fiscal general, Jaime Bonilla y Guillermo Ruiz, respectivamente. Total, que de inmediato surgió la pregunta: ¿Quién es Marina Ceja? La desconocida abogada que se encargará, en medio de la campaña electoral, de perseguir los delitos especializados en esa rama, donde -es justo mencionarlo- Carlos Barboza, quien fue fiscal autónomo por poco tiempo, le dejó decenas de carpetas abiertas. Desde esta redacción se solicitó el currículum de la flamante fiscal y oh, sorpresa. Informaron que la hoja de vida de la funcionaria pública se encontraba en la Comisión de Gobernación del Congreso del Estado (no en la Fiscalía General del Estado, donde labora), y que tendría que solicitarse ante esa comisión y por la vía de transparencia, pues no se podía dar a conocer el currículum de la servidora, al tratarse de “datos privados”. Se les explicó que no se buscaba su declaración patrimonial, o la fiscal o la de no conflicto de intereses (la 3de3, si es que acaso la presentó), sino su hoja curricular, estudios, posgrados, trabajos anteriores, etcétera. Pero nada. La funcionaria está protegida por el Congreso en lo que considera “sus datos personales”. Ahora sí que nada se sabe de la fiscal que perseguirá los delitos electorales. Opacos de entrada, pues.
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