Un mes antes de su toma de posesión, el 26 de septiembre de 2019, durante una incineración de droga en el Campo de Entrenamiento Aguaje de la Tuna, Jaime Bonilla Valdez declaró: “La responsabilidad de la seguridad en el Estado es del gobernador”.
Era cierto entonces cuando acusó a su predecesor, Francisco Vega de Lamadrid, y lo sigue siendo ahora, que el desorden, la intranquilidad e inseguridad recaen sobre sus hombros.
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El ingeniero mete las manos a la Fiscalía General del Estado cuando le place para el trato oportuno y expedito a las carpetas contra sus enemigos políticos, como la vinculación a proceso del ex presidente del Partido Acción Nacional en BC, José Luis Ovando; la diputada albiazul Loreto Quintero y otros cinco ex funcionarios, concretada el domingo 17 de mayo de 2021, lo cual sería perfecto si fueran igual de eficientes para todo.
Bonilla también manda llamar al fiscal general Guillermo Ruiz Hernández y a los colaboradores de este como si fueran sus empleados dependientes, para que sean los que respondan por la seguridad en las reuniones de colonos y grupos organizados. Aprovecha lo que le conviene, pero procura mantener el tema de la inseguridad fuera de su agenda, particularmente si se trata de las molestas y recurrentes muertes violentas.
Tal vez por eso, el mandatario cada vez asiste menos a las reuniones de la Mesa de Coordinación, y ha decidido ignorar al Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California, a su presidente -el empresario Juan Manuel Hernández Niebla- cuando le solicitan audiencia para presentarle propuestas frente al aumento de la incidencia homicida.
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El fiscal Ruiz ha recibido a los consejeros de seguridad en repetidas ocasiones y recabado sus sugerencias. El asunto es que tampoco resuelve, “nos atiende, pero no nos entiende”, afirmaría Hernández Niebla. Algo similar a lo que le reclaman al gobernador los maestros del Sindicato Estatal de Trabajadores de la Educación (SETE), a quienes deben 4 mil millones de pesos y en 18 meses no les han atendido un pliego de 25 demandas, “de atención no nos podemos quejar, son muy atentos, pero no han dado soluciones”, aseguran los profesores.
Aunque el desdén tiene consecuencias evidentes, el ingeniero Bonilla prefiere continuar haciendo promesas y compromisos como si siguiera en campaña, mientras los criminales deciden dar un paso adelante y hacer gala de la impunidad que disfrutan, suben el perfil de sus víctimas de homicidio y las balaceras salen de las colonias periféricas para desarrollarse en zonas céntricas, comerciales o espacios públicos, sin que el responsable de proponer, organizar fuerzas y exigir resultados -el gobernador- diga “esta boca es mía”.
El 13 de mayo, los medios locales difundieron que Jaime Bonilla visitó el fraccionamiento Corona del Mar para prometerles concluir una obra de alcantarillado, y el día 14, publicitaron que regaló una computadora y útiles a un niño que se los pidió por carta. También se entrevistó con la periodista Dora Elena Cortés, frente a quien negó el rumor de que dejaría su cargo el 7 de junio, y aprovechó para decir que ese día colocaría la primera piedra de la Planta Fotovoltaica de la Laguna Salada.
El mismo viernes 14, los abogados Gustavo Moreno León y Luis Ariel Lambarena Moreno- tío y sobrino- fueron privados de la vida de forma violenta en el fraccionamiento Loma Dorada en Ensenada. Uno de ellos llamó a los números de emergencia, pero no hizo diferencia; diez horas más tarde, en plena Zona del Río Tijuana, los policías encontraron en el interior de su auto, el cadáver inerte del ingeniero civil Christian T. López.
El 15 de mayo, el mandatario se reunió con vitivinicultores del Valle de Guadalupe, posteriormente la prensa difundió que se comprometió a presentar una moratoria para prohibir bares y cantinas en la zona, y evitar los fraccionamientos irregulares, pero de los abogados Moreno y las otras muertes, ni una palabra pública, ni acción propuesta.
Pero la muerte viaja rápido a través de los municipios bajacalifornianos. La tarde del mismo 15 de mayo, un hombre fue herido y una mujer asesinada en la concurrida Plaza Coronado, estaban en el lugar con la intención de hacer un depósito al banco CitiBanamex en Playas de Tijuana; apenas el 13 de mayo, el empresario Taro Yoshira fue ultimado en el departamento donde vivía sobre su restaurante, en otra popular plaza comercial de la misma delegación.
Antes del mediodía del 16 de mayo, el propietario del restaurante de mariscos Los Plebes, situado en la colonia Altiplano en Tijuana, así como su pareja, fueron lesionados con arma de fuego en el interior del local, y durante los primeros minutos del lunes 17, balearon con arma larga a otro hombre en el Casino Caliente de Tecate.
El lunes, “El Góber” se reunió con residentes de la colonia 3 de Octubre y les ofreció revisar el tema de regularización de los terrenos de los que tomaron posesión hace 30 años.
“El gobernador es el responsable por la seguridad del Estado. Yo jamás voltearé a ver al Gobierno Federal para decirle: ‘¡¿Dónde estás?!’, porque la responsabilidad es nuestra y se debe entender” reiteró Bonilla el 24 de enero de 2020, frente al el secretario de Seguridad federal en la inauguración del Cuartel General de la Guardia Nacional en Tijuana, pero ahora se conforma con aplaudir la contención de Tijuana mientras las muertes en Ensenada, Tecate y Mexicali se multiplican.
Solo entre el 13 y 17 de mayo del año en curso, 49 personas fueron asesinadas en BC y suman mil 210 muertes violentas en lo que va de 2021. Sin pudor, los homicidas tomaron las calles para enviar su mensaje de menosprecio contra las autoridades, y el gobernador lo recibió sin chistar.
Y aclaremos que no se trata de palabras, de que un mandatario bravucón rete a los delincuentes, sino de su obligación de generar acciones, propuestas, estrategias, resultados y golpes de timón que permitan a los gobernados creer que el señor Bonilla está a cargo de la seguridad en el Estado y no los traficantes.
