De una terna enviada por el gobernador Jaime Bonilla Valdez, por unanimidad del Congreso, el 23 de noviembre de 2020, el hankista-priista Carlos Barboza Castillo fue designado como el primer fiscal autónomo especializado de Atención de Delitos Electorales en Baja California; el 21 de abril del año en curso, 46 días antes del día de la elección, el Poder Legislativo decidió quitarle la autonomía que le había dado a la fiscalía, e integrarla al cuerpo de la Fiscalía General del Estado (FGE).
Al día siguiente, tras cinco meses de gestión, Barboza renunció, y el 5 de mayo los legisladores eligieron -de nuevo por unanimidad- a Marina Ceja como segunda fiscal especializada, dándole la bienvenida el 10 de mayo en sus oficinas en Tijuana.
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Como si hubieran visto la luz de repente, como si fueran nuevos los artículos de la Constitución que durante décadas han establecido que la investigación y persecución de delitos son facultad exclusiva del Ministerio Público representando por las fiscalías generales, diputados de la XXIII Legislatura por Baja California -de los cuales nueve pretenden ser reelectos y seis buscan otro cargo de elección popular- decidieron el mes pasado, a sugerencia del gobernador, cambiar de opinión y desaparecer la fiscalía autónoma que recién habían creado, para que con total independencia, armara expedientes que debía entregar a la FGE, lo cual evidentemente no viola ninguna Ley, porque es exactamente como trabajan actualmente la Unidad de Inteligencia Financiera -perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público- o la Auditoria Superior de la Federación al denunciar ante la Fiscalía General de la República (FGR).
En Baja California, optaron por replicar la parte que más les convenía del modelo federal, y entregarle todo el proceso de investigación de delitos electorales a Guillermo Ruiz Hernández, el fiscal compadre del gobernador Bonilla, que en más de una ocasión ha evidenciado no tener problemas en servir a los intereses del mandatario estatal.
Siendo inusualmente eficiente y oportuno, acelerando o armando procesos en contra de quienes se han convertido en enemigos políticos del ingeniero, como la alcaldesa de Tecate, Zulema Adams; el alcalde con licencia, Arturo González Cruz; y el aspirante a la alcaldía de Tijuana, Julián Leyzaola.
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Lo que no copiaron a la Federación fue el proceso de selección del fiscal contra Delitos Electora. En Baja California, la señora Ceja -como Barboza- fue seleccionada de una terna enviada por el gobernador, mientras el Congreso de la Unión hizo una convocatoria abierta, dirigida a ciudadanos interesados, universidades públicas y privadas, institutos de investigación, asociaciones civiles, organizaciones no gubernamentales y demás organismos, para que presentaran candidatos que acreditaran conocimientos y experiencia en materia de derecho electoral y de investigación de ilícitos penales.
Con 18 meses de administración, tanto el mandatario como su fiscal compadre resolvieron hacer gala de irresponsabilidad, o peor, de oportunismo político, al ejecutar cambios de última hora que pueden impactar el proceso electoral, con lo que abrieron la puerta al “sospechosismo” ante denuncias electorales cuya celeridad, resolución y avances puedan estar sujetas a la manipulación de los compadres, poniendo en riesgo la calidad de las elecciones y la integridad electoral de una parte del proceso.
Conforme a los transitorios de la reforma, la FGE tiene 30 días para generar el reglamento de la fiscalía electoral -al 28 de mayo- y, de acuerdo con el fiscal central Hiram Sánchez, quedará terminado y se presentará la próxima semana, más o menos quince días antes del 6 de junio, día de la elección.
El propio funcionario aseguró que a pesar de que la Ley Orgánica del organismo que hoy preside Ceja fue derogada, la funcionaria puede desarrollar su trabajo porque está protegida y facultada por la Ley Orgánica de la FGE como todas las demás fiscalías especializadas, sin embargo, esta versión no es respaldada por representantes de los partidos minoritarios, quien consideran que cualquier acción que tome en estos días puede ser impugnada.
Al renunciar a su cargo, Carlos Barboza había rendido su último informe mensual en el que reportó haber recibido y estar procesando 12 denuncias, incluidas varias como la primera que atendió en diciembre de 2020 por violencia de género -una campaña de desprestigio- en contra de la precandidata de Morena a la gubernatura de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda. Investigación que, por cierto, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEADE) entregó a la FGE.
Como los delitos electorales se persiguen de oficio, Barboza creó el Observatorio de Conductas Penales Electorales -el 23 de diciembre de 2020- para el monitoreo diario de medios digitales, redes sociales e impresos, hasta el 22 de abril del año en curso. El grupo de auxiliares observadores había detectado 5 mil 433 conductas presuntamente delictuosas en materia electoral, de las cuales solo 66 habían reunido elementos suficientes para llegar a una ficha técnica, de estas, únicamente 18 reunieron las características necesarias para integrar un acta circunstanciada, pero en todos los casos, los ministerios públicos aún estaban revisando y buscando mayores elementos para generar una determinación para investigar o no.
Doce denuncias y 18 actas circunstanciadas fue la herencia que recibió Marina Ceja, además, le asignaron dos ministerios públicos en Tijuana y otro par en Mexicali- porque tiene poca carga de trabajo-, lo del Observatorio quedó cancelado, lo mismo que la persecución de oficio como la entendía Barboza: “…necesitas recibir la noticia criminal, un IPH (Informe Policiaco Homologado), denuncia formal o anónima, no te la pasas buscando en medios, pero sí se han iniciado algunas carpetas a partir de publicaciones, depende la relevancia”, comentó el fiscal central, léase que esta parte será a criterio.
Entonces, con la elección encima, en medio de los cambios, la relajación de los criterios persecutorios y cundiendo el mal ejemplo del Presidente y líder espiritual de la Cuarta Transformación, Andrés Manuel López Obrador, quien casi retador admitió que tiene metidas las manos en el proceso, la impunidad tiende su velo sobre el proceso electoral.
Está claro que las denuncias por delitos electorales en BC no se resolverán antes del 6 de junio, cuando los candidatos o sus funcionarios porristas sean votados, además, en la FGE advierten que estas investigaciones pueden llevar meses o años.
Pero como el resultado electoral no extingue la acción de la justicia y el Estado eliminó el fuero desde 2017, en teoría, no importa si los candidatos o miembros de su equipo denunciados ya se sentaron en la silla; si el juez determina la culpabilidad, se pueden iniciar juicios de desafuero, de procedencia u obligarlos a cumplir la sentencia, cual sea el caso.
Así que, de nuevo, corresponderá a los partidos, la sociedad organizada y a los ciudadanos interesados, vigilar a la fiscalía no autónoma para evitar que incida ilegalmente en la contienda, y presionar para que resuelva las denuncias electorales con la misma eficacia y oportunidad que atendió los casos de Adams, González y Leyzaola.
