En prueba piloto vinculatoria, habrá elecciones para diputados federales en cinco centros penitenciarios federales del país. Participarán hasta 2 mil 185 personas privadas de libertad bajo el modelo de voto postal anticipado. Dos indígenas tzotziles abrieron el camino para que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación reconozca el derecho al voto de las personas en prisión preventiva. Observatorio conformado por organizaciones de la sociedad civil “Libres para Elegir”, evaluará la prueba que se realiza para ampliar los comicios en las cárceles para la elección presidencial de 2024
Por vez primera en la historia de México, habrá elecciones en algunos reclusorios del país, a manera de prueba piloto y en cumplimiento a una resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), para que se respete y garantice el derecho al voto de las personas privadas de la libertad que aún no han sido sentenciadas. La idea es que esta prueba vinculatoria prepare a las autoridades electorales y penitenciarias con vistas a los comicios presidenciales de 2024.
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El ejercicio político será implementado los días 17, 18 y 19 de mayo, en cinco centros penitenciarios federales, donde podrán participar en elecciones para elegir diputados federales, hasta 2 mil 185 personas que se encuentran procesadas en dichos penales, de las cuales mil 680 son hombres y 505 son mujeres.
El voto será anticipado a la jornada electoral ordinaria del 6 de junio y será postal, de manera muy similar al sufragio que realizan las personas mexicanas que radican en el extranjero.
Las prisiones elegidas para la singular votación, donde se colocarán mamparas en sitios que garanticen la secrecía y privacidad del voto de las y los internos son:
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Centro Federal de Readaptación Social Número 11 CPS; Hermosillo, Sonora.
Centro Federal de Readaptación Social Número 12 CPS; Ocampo, Guanajuato.
Centro Federal de Readaptación Social Número 15 CPS; Villa Comaltitlán, Chiapas.
Centro Federal de Readaptación Social Número 16 CPS; Coatlán del Río, Morelos.
Centro Federal de Readaptación Social Número 17 CPS; Buenavista Tomatlán, Michoacán.
Dichos establecimientos carcelarios fueron elegidos porque reúnen diversos criterios, como el hecho de que en todos hay personas en fase de prisión preventiva; se encuentran ubicados a lo largo de la geografía nacional; en uno de ellos hay población indígena y otro es especializado en albergar a mujeres privadas de libertad. El hecho de que la muestra sea reducida en comparación con la gran población penitenciaria, es porque solo se trata de las personas procesadas en esos lugares.
Estadísticas del cuaderno especializado del Sistema Penitenciario Nacional, refieren al mes de enero de 2021 que en México hay 216 mil 134 personas encarceladas en un total de 289 prisiones, 274 de estas administradas por los gobiernos de los estados, incluido el de la Ciudad de México, y 15 de responsabilidad federal, como son los Centros Federales de Readaptación Social (Cefereso), en cinco de los cuales se realizarán los tan especiales comicios del mes de mayo.
Del total de la población de personas privadas de la libertad que hay en el país, 125 mil 290 están sentenciadas, y 90 mil 844 aún se hallan en prisión preventiva, sin sentencia, y son estas últimas las que tendrían derecho a ejercer su derecho al voto para 2024, ya no solo en las votaciones de diputados federales, sino en un rango mayor de opciones a puestos de elección popular. Por lo que el resultado de los comicios a efectuarse en menos de dos meses, será muy importante para la planeación a maximizar el ejercicio.
LOGÍSTICA
El voto postal anticipado en los Cefereso se hará con base al censo preliminar de personas en fase de prisión preventiva, aportado por el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS), dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SPyPC), al Instituto Nacional Electoral (INE) y se compone de 2 mil 185 internas e internos.
Dania Paola Ravel Cuevas, consejera del INE, asegura que en esta primera prueba piloto se atiende la directriz que ordena la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de tener una perspectiva de género e intercultural, incorporando una prisión femenil y otra de población indígena. Sin embargo, desataca que el número de participantes no es definitivo, porque podría disminuir “si, por ejemplo, alguna de estas personas, no manifiesta su interés de participar, o si las que lo hicieren, detectáramos que no están inscritos en el padrón electoral”.
El INE analizó distintas formas de aplicación de la prueba y llegó a la conclusión de que la más viable es a través de voto postal anticipado. De esa manera se prevé el envío de un paquete de correspondencia personalizado a cada recluso, que incluirá:
– Un instructivo de votación
– Resumen de opciones electorales
– Boleta electoral
– Sobre para envío del voto.
La jornada de la votación postal anticipada tendrá lugar el 17 de mayo, y podrá extenderse hasta por tres días consecutivos, de ser necesario. La consejera Ravel Cuevas refirió que la extensión de días dependerá “básicamente del número de personas que ejerzan su derecho a votar en cada Cefereso y el tiempo que tarden en hacerlo. Hemos pedido que se les dé expresamente el tiempo necesario para ejercer su voto, y aquí quiero hacer una precisión: todos los protocolos de inclusión que tenemos y aplicamos en las casillas, digámoslo así, ordinarias, se van a aplicar también en estos Cefereso”.
Se explicó que, en caso de que un interno que no sabe leer y escribir desee votar, podrá solicitar el apoyo al funcionariado del INE para que pueda ejercer su derecho. “Otra cuestión que nos pareció pertinente cuidar fue la secrecía del voto, así de que las autoridades penitenciarias deberán proporcionar lugares que garanticen la privacidad y en donde sea posible colocar la mampara especial. En ese espacio deberán estar nuestro funcionariado del Instituto que va a recoger los sobres voto, desde luego una persona que garantice la seguridad y la persona que va a ejercer su derecho a votar. Ahora, reitero, al momento de ejercer su voto, la persona en prisión preventiva, deberá estar cubierta por la mampara especial”, detalló Dania Ravel.
El conteo de los votos se efectuará el 6 de junio por funcionarios y funcionarias de la mesa directiva de casilla en la mesa de escrutinio y cómputo de personas en prisión preventiva en las Juntas Locales de la entidad donde se encuentra cada uno de los Cefereso. En este caso, se informó que las y los funcionarios de las mesas correspondientes se capacitarán para atender este tipo de elección de manera muy similar a las que atienden las mesas de escrutinio y cómputo del voto de las personas mexicanas residentes en el extranjero.
FUNDAMENTO
El hecho de que las elecciones vayan a penetrar por primera vez las inexpugnables murallas de las cárceles mexicanas, se debe al fallo dictado por autoridades judiciales federales en el caso de dos indígenas tzotziles que en 2018, se hallaban interno en el Centro de Reinserción Social Número 14 El Amate, en Cintalapa de Figueroa, Chiapas.
Ambos varones que se encontraban en la fase de prisión preventiva solicitaron participar en las elecciones federales; sin embargo, no se les tomó en cuenta para dicho ejercicio.
El asunto llegó hasta el TEPJF, donde se dirimió la controversia y un año después resolvió que las personas sin sentencia tienen derecho a votar, con base en el principio de presunción de inocencia, por lo que ordenó al INE realizar la prueba piloto en las elecciones de 2021 en centros penitenciarios, y con ello sentar las bases y garantizar el derecho al voto de las personas en prisión preventiva en todo México para las elecciones de 2024.
En México, jueces y magistrados en materia penal, determinaron durante décadas suspender los derechos político-electorales de las personas a las que dictaban un auto de formal prisión, y recientemente, el auto de vinculación a proceso. No obstante lo anterior, hubo una contradicción de criterios entre Tribunales Colegiados porque sus criterios no estaban homologados sobre el tema, y finalmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que no se pierden los derechos políticos hasta que se dicta una sentencia condenatoria y causa ejecutoria.
Octavio Amezcua, oficial de Derechos Humanos de la Oficina en México de la Alta Comisionada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), destacó que quitar el derecho al voto a personas en prisión preventiva, es una clara violación a los derechos fundamentales. Primero, porque el derecho al voto es un derecho político, reconocido en los principales tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano; y segundo, porque se viola el derecho a la presunción de inocencia, reconocido también en los principales tratados internacionales de derechos humanos.
Amezcua recordó que el derecho al voto está reconocido en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU y en la Convención Americana de Derechos Humanos, tratados que establecen que este es un derecho que debe ser gozado sin restricciones indebidas, y que debe ser complementado con las cláusulas de igualdad y no discriminación. Sobre ello, agregó, “es destacable una resolución adoptada por la Asamblea General de la ONU, que establece que excepto aquellas limitaciones a derechos que necesariamente derivan de la privación de la libertad, las personas privadas de la libertad tendrían que mantener el goce de los derechos reconocidos en los tratados internacionales”.
Sobre el derecho de la presunción de inocencia, el oficial adscrito a la Oficina en México de la Alta Comisionada de la ONU, enfatizó que establece básicamente que toda persona acusada o procesada por un delito será reconocida inocente hasta en tanto no haya una sentencia judicial condenatoria. “La prisión preventiva es una medida cautelar por la cual se priva de la libertad a una persona que ha sido acusada de cometer un delito, pero aún no ha sido sentenciada. Luego, entonces, es indiscutible que las personas en prisión preventiva gozan de la presunción de inocencia”.
OBSERVATORIO
Autoridades electorales y penitenciarias que llevan un año trabajando en el diseño de la prueba piloto vinculatoria en reclusorios no han estado solas durante ese proceso, pues organismos de la sociedad civil interesados en la protección de los derechos de las personas privadas de libertad, están a la expectativa de que la resolución de la Sala Superior del TEPJF se cumpla a cabalidad. Para ello conformaron el Observatorio de Elecciones y Derechos Políticos en Prisión, que lleva por nombre “Libres para Elegir”.
El Observatorio, que fue presentado y acogido con beneplácito por las autoridades involucradas el 22 de marzo último, tendrá como funciones la evaluación de la prueba electoral en centros penitenciarios federales y promoverá el respeto a la participación política de las personas privadas de la libertad. Además, realizará trabajos de monitoreo, evaluación, generación de recomendaciones y visibilización de la importancia del derecho al voto de personas en prisión preventiva.
Las organizaciones que participan activamente en el observatorio son Documenta, AC y su Centro Atención a Familiares de Personas Privadas de la Libertad (CAIFAM); Centro de Estudios y Acción por la Justicia Social (CEA Justicia Social); Centro Profesional Indígena de Asesoría Defensa y Traducción, AC (CEPIADET); Colectivo Artículo 20; Instituto de Justicia Procesal Penal (IJPP) y Artículo 19.
Valentina Lloret, coordinadora de Políticas Públicas e Incidencia de CEA Justicia Social, aseguró que “este ejercicio implica una oportunidad de ampliar la visión que tenemos sobre la reinserción social, los procesos de reinserción implican superar los ciclos de exclusión en los que se encuentran las personas privadas de la libertad. Ejercer el derecho al voto y el derecho a la información es pensar en modelos complementarios que permitan construir procesos de justicia que contemplen a las personas privadas de la libertad”.
De acuerdo con Lloret, el Observatorio pretende visibilizar los distintos momentos clave dentro del modelo de operación del voto de las personas en prisión preventiva, a través de:
- Conformación de la Lista Nacional Electoral de Personas en Prisión Preventiva (LNEPP).
- Jornada de voto anticipado (17 al 19 mayo de 2021).
- Mesas de escrutinio y cómputo (6 y 7 junio de 2021).
- Acceso a la información (acerca del proceso y opciones electorales).
“Desde el gobierno y la sociedad civil, desde la Academia. tenemos la responsabilidad de generar modelos de reinserción social, considerando que nuestro país es uno de los diez con mayor número de personas privadas de la libertad. Debemos empezar a reflexionar cuáles son estos modelos de reinserción social, cuáles son los otros modelos de justicia y este momento histórico representa, insisto, esta gran oportunidad y esta gran plataforma desde la cual podemos estar trabajando en estos puntos”, reiteró la representante de CEA Justicia Social.
REACCIONES
María Sirvent, de Documenta, AC, expresó que la implementación de elecciones en las cárceles “es un hecho histórico, y creemos que en la medida que este ejercicio sea exitoso, se va a poder replicar, hasta lograr en un futuro cercano que todas las personas privadas de libertad puedan ejercer su derecho al voto, y pues también, evidentemente su derecho a la información, a conocer las plataformas de todos los candidatos, candidatas, y que podamos impulsar la participación ciudadana de todas las personas”.
El consejero de Capacitación y Organización Electoral del INE, José Roberto Ruiz Saldaña, dijo que México está ante la presencia de un momento significativo de la vida política y social. “Es cierto que, la separación, el extrañamiento, la distancia que hay entre la sociedad, respecto del sistema penal, y respecto del sistema penitenciario, particularmente, es perjudicial para la reinserción social. En la medida que como mexicanas y mexicanos nos involucremos, conozcamos, reivindiquemos los derechos de las personas en prisión preventiva, y en general, de quienes son usuarios del sistema penitenciario, podremos ir mejorando y apoyando la reinserción social”.
La también consejera del INE, Claudia Zavala, destacó que es un tema que “va a hacer que se muevan muchas estructuras y que volteemos a ver para un futuro lo que haya que cambiar desde la organización interna de los Centros de Readaptación Social y las necesidades para el voto para las personas que se hallan en la situación de reclusión. Después tendremos que sentarnos y que delinear, delimitar el modelo, porque para el próximo proceso electoral, no solo ya va a ser una elección, que hoy es la elección de diputados federales, sino que tenemos que abarcar el todo para la posibilidad del ejercicio del voto de las y los ciudadanos privados de libertad, de todas las elecciones a las que tendrán derecho”.
Por su parte, Juan José García Ochoa, director general de Instituciones Abiertas, Prevención y Readaptación Social del OADPRS, afirmó que la autoridad penitenciaria trabaja a partir de un convenio de colaboración con el INE, a cuyos servidores públicos y a las y los internos les facilitarán el trabajo para ejercer sus derechos políticos en esta jornada del voto anticipado en prisión, recordando que además de la condiciones de seguridad carcelaria, se tiene que atender una serie de medidas con un protocolo de atención a la pandemia de COVID-19.
Para finalizar, Hilda Téllez, visitadora de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, aseguró que desde la ombudsperson se ve este ejercicio como “un paso importante para el reconocimiento de las personas privadas de la libertad como parte de la sociedad, y recuerda que la base medular de la prisión es la reinserción social. Y una manera tangible de lograr un sentido de pertenencia y de responsabilidad con la sociedad, es el derecho al voto”.
