Gobiernos omisos ante fraudes en La Bufadora

Foto: Enrique Botello
Ezenario lunes, 31 mayo, 2021 12:00 PM

Los propietarios analizan nuevas denuncias contra los comerciantes por un pleito legal de años; pese a que el ayuntamiento no es autoridad, el actual alcalde -y candidato a reelegirse- dijo que no permitirá que se saque a nadie del predio

El polígono donde se desarrolla la actividad comercial de La Bufadora, en el Ejido Coronel Esteban Cantú, en Ensenada, con sus áreas de estacionamientos y servicios de baños, ha crecido alrededor de un 50 por ciento en comparación con los últimos ocho años.

La justificación de las dos familias que se ostentan como propietarios, Diaz y Álvarez, es que con el dinero recaudado por el ingreso de cada vehículo se destina para el pago de honorarios de los abogados, pues han pasado más de 20 años en litigio sin una fecha para resolver el conflicto.

Los mismos vendedores señalaron que ellos también han habilitado espacios con el mismo fin, y el dinero lo administra la Cooperativa de Comerciantes de La Bufadora.

Las dos familias nativas están representadas por el abogado Jaime Palafox Granados, mientras que los líderes de los comerciantes contrataron a José Julio Santibáñez.

Existe otro litigio donde el comisariado del Ejido Coronel Esteban Cantú, también reclama a la familia los terrenos ganados al mar e incluso en el 2013 presentaron un proyecto turístico para esa zona.

En un recorrido hecho por Semanario ZETA, se detectaron irregularidades como la venta clandestina de alcohol con precios en dólares, venta de medicamentos, así como mercancía ilegal. El dinero lo manejan solo en efectivo.

La venta de estas bebidas alcohólicas la ofrecen en el corredor con muestras gratuitas, desde margaritas, piñas coladas o cocos con distintos licores. Un visitante recibe hasta diez ofrecimientos por recorrido.

A unos metros del Fideicomiso Municipal de La Bufadora, que es la autoridad vigilante, los comerciantes venden cerveza y otras bebidas preparadas sin permiso del ayuntamiento.

“Venir a La Bufadora es como una cárcel, un lugar sin salida”, comentó Elena Robles, una visitante quien pagó 50 pesos por estacionar su vehículo en el acotamiento de la calle, a casi 500 metros del mirador.

Cada año visitan La Bufadora entre 600 y 700 mil personas nacionales y extranjeras, de acuerdo con datos de Proturismo.

Sin el aval de Protección Civil, los locales están construidos con lámina, maderas y plásticos, sin un sistema seguro de iluminación. En caso de emergencia no hay un protocolo de evacuación ni una ambulancia para atender accidentes.

Uno de los acontecimientos violentos ocurrió en el 2014, cuando se intentó ejecutar una orden de desalojo en La Bufadora, donde al menos 150 elementos de las fuerzas policiacas federales desplegaron un operativo, el cual no se pudo realizar debido a que fueron recibido por trabajadores armados, los cuales fueron contratados para generar disturbios.

 

Ayala incita a tomar “machetes”

“No vamos a permitir que los saque nadie porque éste es el pueblo”, dijo el candidato a la reelección de la alcaldía de Ensenada, Armando Ayala Robles, a los comerciantes de La Bufadora que mantienen un pleito legal con los propietarios de la tierra en la zona turística.

Ayala añadió que “independientemente de la resolución del juez [Quinto de Distrito], nosotros vamos a defender al pueblo, ¡así tengamos que venir con machetes y todo!”, incitó durante un recorrido para pedir el voto a cada uno de los locatarios el pasado 1 de mayo.

A finales de abril en el juzgado Séptimo se llevó a cabo una manifestación, luego de que se resolviera el juicio de amparo 48/2011 a favor de los propietarios de los terrenos (Álvarez y Diaz). Dicho amparo fue promovido por el Ejido.

Como consecuencia a la resolución, donde se ratifica quienes son los sueños, el representante de los comerciantes, Darvy Batallar, llamó a una manifestación en la calle Obregón y Cuarta de la Zona Centro.

“Por el derecho a trabajar. No al desalojo”, escribieron en tono de protesta.

Alrededor del fenómeno natural hay entre 100 y 120 locales comerciales de comida, bebidas alcohólicas, medicamentos, ropa, calzado, juguetes o joyería.

El costo aproximado de los locales es de entre 300 hasta cuatro mil dólares, para quien esté interesado en rentar. La ruta es lineal y el costo de arrendamiento aumenta por la cercanía con el geiser.

 

Inseguro y sin protocolos

El 27 de septiembre del 2020 asesinaron con disparo de arma de fuego a Alejandro Leoncio López López, de 54 años de edad, y a Juan Alberto Serafín Valverde, de 29 años.

Lissa, una de las testigos, describió la paranoia que se vivió esa tarde, pues la gente comenzó a correr sin rumbo sobre la vialidad, la cual está convertida en un cuello de botella por la cantidad de negocios.

Fue en medio de la multitud de visitantes cuando se escucharon los disparos y ambos hombres cayeron al suelo.

Sin un protocolo de evacuación, quienes conocen el área comenzaron a gritar para despejar la angosta calle por donde tenían que salir los sicarios a toda velocidad.

La Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) informó en ese momento sobre un plan para reforzar la seguridad policiaca, sin embargo, durante el recorrido se detectó ausencia por parte de unidades de la corporación.

Cobros ilícitos de predial

Ana Lidia Mendoza Diaz, integrante de una de dos familias que se ostentan como propietarias de los terrenos ganados al mar (con sentencias a su favor, títulos y escrituras), reveló que el ayuntamiento cobra a los comerciantes, aunque éstos no tengan clave catastral.

Tanto Álvarez como Lidia Diaz mostraron a este Semanario los pagos anuales por concepto de Impuesto Predial -entre cinco y seis mil pesos-, así como sus permisos de Alcoholes, y en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) los Derechos de la Tierra.

Otro documento presentado fue un título de propiedad que expidió la nación en 1963 a María Arco Chávez, dueña inicial, quien vendió los terrenos ganados al mar el 26 de abril de ese mismo año.

Incluso los planos de ambas familias fueron recientemente certificados por la administración municipal y en ellos colocaron un agregado, donde especifican: “Existen dentro del predio locales comerciales con claves catastrales, pero sin documento de propiedad”.

En la última resolución del juez, que sobreseyó el caso 48/2011, ratificó que las familias Díaz y Álvarez son los propietarios y no el Ejido Coronel Esteban Cantú.

“Es un juicio que aparentemente ganamos, confirmando lo que ya somos -propietarios-, pero no lo siento ganado porque he perdido mucho dinero en esto, en los dictámenes, en las certificaciones; me hicieron gastar en algo que sé es mío”, reiteró.

Al preguntarle sobre qué sigue en este proceso, respondió que están considerando nuevas denuncias para defender el patrimonio.

 

Ayuntamiento no es autoridad

El gobierno municipal, además de que administra el Fideicomiso de La Bufadora, solo figura como una autoridad vinculante entre el juzgado y los involucrados en el juicio, que son: las dos familias propietarias de la tierra, el Comisariado Ejidal de Esteban Cantú y los locatarios.

De acuerdo con el Jurídico del Ayuntamiento, Federico Luna Serrano, en el 2010 el Ejido Coronel Esteban Cantú presentó Amparo en contra del gobernador José Guadalupe Osuna Millán y otras autoridades, por la supuesta privación de la propiedad y posesión de los derechos agrarios.

De acuerdo con los antecedentes, el asunto quedó radicado en el juzgado Séptimo de Distrito bajo el número 666/2010, dictándole una sentencia favorable en favor del ejido Esteban Cantú.

Después de lo señalado, se intentó ejecutar (2014), pero por temas políticos no se logró el cumplimiento de la sentencia de amparo.

Posteriormente se interpuso Incidente de Cumplimiento Sustituto por parte del Ayuntamiento de Ensenada, en el cual se solicitó que por cuestiones de interés público, turístico, social, cultural y económico, no se restituya La Bufadora al ejido Esteban Cantú.

Actualmente dicho incidente no está resuelto. El pasado 14 de mayo se desahogaron las pruebas pendientes y se llevó a cabo la etapa de alegatos, por lo que fue citado para sentencia, por lo que están en espera de la misma, dijo el abogado.

“Se hace la aclaración que el ayuntamiento no es autoridad responsable, solo está vinculado para apoyar el cumplimiento de la sentencia original”, finalizó el funcionario municipal.

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