Migrantes amenazados por el narco, varados en Tijuana

Fotos: AlejandroVilla
Edición Impresa lunes, 31 mayo, 2021 12:00 PM

La cifra histórica de desplazados por la inseguridad en México es de 346 mil 945 personas. En 2019 registraron el éxodo, por la violencia, de 8 mil 664 personas. Muchas de ellas han llegado a Tijuana con la esperanza de obtener refugio en Estados Unidos y se encuentran en albergues. Familias de mujeres y niños, a quienes grupos criminales asesinaron a padres, esposos y hermanos, viven hacinados, abandonados por los gobiernos Federal y estatal

Actualmente en México, cientos de familias víctimas del crimen organizado en sus localidades, principalmente en el Centro y Sur del país, han tenido que huir de su hogar -para evitar ser asesinados o secuestrados- a ciudades fronterizas como Tijuana, para solicitar refugio en Estados Unidos.

Para la Organización de las Naciones Unidas (ONU) este fenómeno tiene nombre: desplazamiento forzado interno, el cual se define como “personas o grupos de personas que se han visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual, en particular como resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos o de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, y que no han cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida”. 

De acuerdo con el informe Episodios de Desplazamiento Interno Forzado Masivo en México, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), durante 2019, cerca de 8 mil 664 personas fueron víctimas de desplazamiento forzado a causa de la violencia en México, que en cifras históricas, registran un total de 346 mil 945.

Mujeres, niños y niñas se desplazan y llegan a ciudades como Tijuana, donde buscan un lugar seguro durante su proceso de solicitud de refugio en Estados Unidos. Arriban al campamento instalado en la Garita Peatonal de El Chaparral y comienzan un viacrucis de supervivencia a la intemperie, en la segunda ciudad más violenta de México.

Si tienen mejor suerte, llegan a algún albergue creado por asociaciones, iglesias y activistas de la región, pero no garantiza calidad de vida, ni seguridad.

De acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a partir de 2007 y como consecuencia de la violencia generada por los cárteles de drogas, 140 mil personas se vieron obligadas a dejar su lugar de residencia, mientras que en 2012 se calcularon 160 mil.

Durante la investigación realizada por ZETA, se pudo determinar que actualmente en Tijuana hay desplazados de Michoacán, Guerrero, Jalisco y Colima, sin embargo, fuentes consultadas por este medio de comunicación comentaron que también hay personas provenientes de Veracruz y el Estado de México.

Mexicanos desplazados a la fuerza, por el crimen organizado arriban a Tijuana para solicitar refugio en Estados Unidos

No obstante, se carece de un registro riguroso del desplazamiento forzado interno en México, no ha sido documentado ni analizado de forma integral.

Sobre la forma en que el gobierno mexicano trata el tema, en su informe de 2014, el Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno (IDMC por sus siglas en inglés) establece que tiende a minimizarlo, “como una incómoda consecuencia de la situación de violencia o bajo el argumento de que no se trata de desplazamiento interno, sino que los movimientos de poblaciones responden a migraciones internas”.

A partir de 2013, la CIDH ha insistido en la necesidad de una Ley sobre Desplazamiento Interno o que se cuente con una institución pública federal responsable de proteger a las y los desplazados internos.

 

“AMENAZARON A MI MAMÁ, QUE SERÍA LA PRÓXIMA EN MORIR”

El 12 de noviembre de 2020 en la Capital de Michoacán, un comando armado llegó a un domicilio donde se encontraban adultos y niños. Los matones dispararon contra todos en el lugar y huyeron, dejando a dos hombres asesinados sobre el pavimento y dos niños heridos de una bala calibre 40.

Entre quienes perdieron la vida, el más chico tenía 25 años de edad, trabajaba en una fábrica, el otro tenía 31 años y criaba ganado. Al fallecer, esposa y madre se hicieron cargo de los hijos y la casa. Después surgirían las amenazas en su contra y tuvieron que huir a Tijuana para pedir asilo a Estados Unidos por cuestiones de seguridad.

Aquí el testimonio:

— ¿De dónde vienen?

“De Michoacán”.

¿Por qué están aquí?

“A nosotros nos hizo emigrar que mataron a mis dos hermanos, van a ser seis meses, los mataron el 12 de noviembre. Los mataron afuera de mi casa e hirieron a dos menores. Uno de ellos mi hijo, tiene 11 años. Le dieron un rozón en la pierna derecha de un (arma) calibre 40. A mi sobrino, hijo de uno de los que murió, le dieron un impacto en el pecho, se desvió y le salió por el hombro. Pensamos que eso no tendría represalias en contra de nosotras ni nada, pero resultó que sí. Empezaron a amenazarnos, a amenazar a mi mamá que ‘sería la próxima en morir’ y pues denunciamos. Se investigó, se sabe quién fue, pero de ahí ya no pasó. El Ministerio Público y la jueza que está llevando el caso, dicen que no hay suficientes pruebas para darles orden de aprehensión”.

¿Saben el porqué del ataque en su contra?

“No lo sabemos. Mis hermanos no se dedicaban a cosas ilícitas, el más chico tenía 25 años, trabajaba en una fábrica en Morelia; mi hermano, el otro, tenía 31 años, trabajaba, se dedicaba a criar ganado para la venta y no se drogaban. No había nada para que les hicieran lo que les hicieron. El día que mataron a mis hermanos, mataron en la colonia como a seis personas, también, incluyendo otros hermanos. Se decía que a lo mejor se habían equivocado”.

¿Cuántas personas vinieron a Tijuana?

“Somos catorce, nueve niños y cinco adultos. Todas mujeres y niños”.

 

“NO SE ESTÁ HACIENDO LO SUFICIENTE POR ELLOS”: PÉREZ CANCHOLA 

En entrevista para ZETA, José Luis Pérez Canchola, miembro de la Academia Mexicana de los Derechos Humanos, declaró que el Gobierno Federal debe atender a esta población desplazada por la violencia de los grupos del narcotráfico, con mejores condiciones en las ciudades fronterizas a las que están arribando, como es el caso de Tijuana.

Comentó que los conciudadanos provienen en su gran mayoría de Guerrero, Michoacán y Veracruz, escapando de sus lugares de origen por amenazas y acoso de grupos delictivos.

“En esos estados las organizaciones criminales ya llegaron al punto de extorsionar, cobrar piso por vivienda familiar y, cuando esto no se atiende, la familia es amenazada y eventualmente alguno de sus integrantes es asesinado de manera violenta. En El Chaparral hay muchos casos de estos, de Guerrero y Michoacán, principalmente”.

Explicó que no se trata de una migración laboral, sino que “vienen con el propósito de salvar su vida y no hay políticas públicas que atiendan esto por parte del Gobierno Federal, que sería el principal responsable de atender estos casos; las personas viven en condiciones muy vulnerables, en albergues o en la calle”.

Pérez Canchola aseguró que muchas familias desplazadas están llegando al campamento migrante a la intemperie, pero seguirán arribando más hasta que no se contenga como mínimo la violencia en sus estados y pueblos.

¿Qué deberían hacer los tres niveles de gobierno por esta población?

“Cuando la gente llega a estas fronteras, debería ser el Gobierno Federal el que atienda con albergues dignos, suficientes, para que estas personas sufran lo menos posible y tratar de ayudarlos a rehacer sus vidas e integrarse a comunidades como esta. La mayoría viene con la intención de cruzar a Estados Unidos, buscando refugio en condiciones de persecución o violencia, pero es una situación muy complicada que lo logren, y toda esa población que viene huyendo de la violencia de los estados, se está concentrando en ciudades como Tijuana.

“Se necesita coordinación de los tres niveles de gobierno para que no se agrave la situación y se les apoye con lugares dónde dormir, comer, recibir atención médica, de calidad. Hay mucho que hacer por parte de los tres niveles de gobierno, pero principalmente al Federal le corresponde. No hay ni una institución que esté llevando por lo menos un censo de cuántas personas se encuentran en esa situación. Se presumen mucho las remesas de la población migrante cuando trabaja en Estados Unidos, pero cuando un migrante está aquí en la frontera, deportado, no hay un centavo para ayudarlos. Urge proteger a esta población”, exhortó.

 

“MATARON A MI ESPOSO, A MI HIJA, A MI YERNO Y A MI HIJO, PARA QUITARNOS LA CASA”

El asesinato de prácticamente todos los hombres de una familia generó que tanto madre, como hijas y nietos, huyeran de Guerrero a Tijuana con la esperanza de obtener asilo humanitario en EU para estar a salvo de los criminales que mataron a sus familiares y les arrebataron su casa por la fuerza.

Las 18 personas que se desplazaron a la frontera con California, pasaron poco más de un mes en una purificadora de agua para después estar en la calle, en hacinamiento en El Chaparral, y terminar en uno de los albergues de mayor población de la ciudad.

“Mataron a mi esposo, a mi hija, a mi yerno y a mi hijo, para quitarnos la casa, por eso nos vinimos luego, luego. Después de que los mataron, me amenazaron y dijeron que, si quería salvar a mis hijas, las sacara, y si no, que me uniera con ellos, que trabajara con ellos. Viajamos a Iguala y ahí conseguimos un préstamo del banco para venir hasta acá. Puse de valor mi casa, pero ya me la habían quitado. No sé por qué nos fueron a hacer eso, pero llegó una cosa tan fea. Ese rato estábamos afuera con los niños, jugábamos pelota y con ellos en la calle. Nunca pensábamos que fuera a llegar esa camioneta así, nunca pensamos ver una camioneta como con quince armados disparando por toda la casa. Horrible, horrible”, relató a este Semanario la matriarca de la familia.

El padre de familia asesinado era maestro albañil y llevó a su hijo para que le ayudara, el yerno también se dedicaba a la obra de construcción, personas humildes que defendieron su casa ante el intento de un grupo armado por entrar a su hogar y despojarlos de este.

“Mi esposo les dijo ‘pero porqué me voy a salir, si es mi casa, o sea, qué quieren’, y empezaron a dispararles bien feo y cayeron cerca de nosotros. No pudimos hacer nada, nada, nada, con esa gente. Ya cuando oímos que dejaron de disparar, nos paramos y mis niños todos arrinconados en el baño”, compartió la mujer.

 

“DIF DEBE TENER ALBERGUE ESPECIALIZADO PARA VÍCTIMAS DE DESPLAZAMIENTO INTERNO FORZADO”: ALMA MIGRANTE

Graciela Zamudio, activista y directora de la asociación civil Alma Migrante, explicó a ZETA que tanto el Gobierno Federal encabezado por Andrés Manuel López Obrador y el estatal por Jaime Bonilla Valdez, deben atender tres necesidades básicas de las personas en contexto de desplazamiento interno forzado: seguridad personal de la o el desplazado, una fuente de trabajo y un lugar para vivir.

“El DIF debe tener un albergue especializado para víctimas de desplazamiento interno forzado y también brindarles la seguridad personal que necesitan, pero esto no existe, no hay programas sociales para este tipo de población, no hay ninguna acción a su favor por parte de los tres niveles de gobierno”, denunció.

Este fenómeno revela la incapacidad o la falta de voluntad del Estado de hacer cumplir la Ley contra los grupos delincuenciales que hacen huir a las familias de sus hogares, y de no salir, son víctimas de asesinato, tortura, extorsión y secuestro por parte de los criminales.

“El desplazamiento interno forzado es un movimiento muy crudo que genera solicitantes de asilo humanitario a Estados Unidos, porque las autoridades de su país no tuvieron la voluntad ni la capacidad de defenderlos ante el fenómeno delincuencial”, argumentó Zamudio, e hizo hincapié en el contexto de las personas desplazadas, al tratarse de familias completas:

“A veces vemos grupos de desplazados internos que constan de 19 o 20 personas, donde la más joven tiene un año y el mayor tiene 97 años, aproximadamente”.

 

AMENAZADOS Y EXTORSIONADOS TUVIERON QUE HUIR DE JALISCO Y COLIMA

Después de 15 años trabajando en Estados Unidos sin documentos, fue detenido por agentes de migración y deportado a México hace un año. Regresó a Jalisco, su entidad natal, para reintegrarse con su familia. Con el poco dinero que contaba de ahorros, estableció un negocio y, al cabo de tres meses de instalado, comenzaron los cobros de piso.

Ante la negativa de pagar al delincuente 10 mil pesos para abrir su negocio, una noche su local fue baleado y al día siguiente comenzaron las amenazas. Acudió a la comandancia sin que su denuncia tuviera éxito, sin embargo, al llegar a su casa, la puerta se encontraba abierta y todo se encontraba tirado.

En ese momento tomó la decisión de salir de su casa y viajar a Tijuana, para intentar regresar a la Unión Americana.

“Allá (en EU) a lo único que le tiene miedo uno es a los ‘migras’, pero uno trabaja y vive en paz si no se mete en problemas, pero ve cómo está acá; llegué con mucha esperanza de descansar después de años de trabajo en el otro lado, pero no se puede, así no se puede vivir”, contó el migrante entrevistado por ZETA.

Ahora se encuentra deambulando de albergue en albergue, después de estar casi dos meses en el campamento de El Chaparral, buscando trabajo, un lugar seguro y apoyo legal para llevar su proceso de refugio en el país vecino.

Junto a él viaja una joven pareja con su hijo, quienes huyeron de Colima buscando una residencia segura, donde puedan estar a salvo, ya que al padre de familia, criminales de esa entidad lo tienen amenazado de muerte por no trabajar para ellos.

“Trabajo en construcción y electricidad, un día, de regreso del trabajo, unos sujetos me detuvieron, venían en una camioneta y me preguntaron si era tal y dije que sí, me ordenaron ‘súbete cabrón, súbete’, pero no accedí. Ahí me ofrecieron dinero si los acompañaba, pero me negué, me pegaron y se arrancaron. Al día siguiente me enviaron mensajes donde me decían que me iban a matar frente a mi esposa e hijo”, expresó el joven.

SIN CONOCIMIENTO SOBRE DESPLAZADOS ARRIBANDO A BC 

Para el delegado único federal en Baja California, Jesús Alejandro Ruiz Uribe, no hay migración interna hacia esta entidad federativa ni algún indicativo que lo muestre. Desde su perspectiva, los flujos migratorios siguen como desde la época en que sus padres emigraron a BC.

¿Cuál es el contexto en cuanto a desplazamiento interno forzado en Baja California?

“Sobre esto no te puedo opinar, porque no tengo datos”.

¿Hay alguna acción del gobierno para atender esta problemática? 

“No hay ningún indicativo que nos diga que estamos recibiendo una llegada masiva o irregular de parte de algún Estado de la República. No hay ningún dato que nos indique eso, sin embargo, Baja California es un Estado que históricamente recibe migrantes de todos los estados de la República, pero no hay ningún dato que me indique que hay una migración masiva de allá para acá irregular a lo que siempre ha ocurrido”.

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