Más de 20 profesionales que renunciaron hace meses a la extinta Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), ahora Fiscalía General del Estado (FGE), no han recibido el pago por sus prestaciones laborales.
Herlinda Vargas Velázquez, ex empleada de la FGE, informó a ZETA que al igual que ella, otros 21 ex funcionarios presentaron su renuncia voluntaria en el 2019; los denunciantes trabajaron en el Ministerio Publico, Servicios Periciales, y Policía de Investigación.
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En un escrito realizado por los quejosos, aseguraron que entregaron sus documentos en tiempo y forma ante las oficinas administrativas de dicha Institución y diversas dependencias del Poder Ejecutivo del Estado, como a la Oficialía Mayor de Gobierno, la Secretaría de Hacienda del Estado y la Tesorería del Egreso.
Y con esto buscan terminar su relación laboral con el Gobierno del Estado, por lo que solicitan su finiquito, que comprende el pago de sueldo hasta el último día laborado, la prima de antigüedad, la prima vacacional y la parte proporcional correspondiente a aguinaldo y vacaciones que por ley corresponden a todo trabajador.
También reconoció que la FGE ahora es autónoma y su pago debe ser cubierto por la Secretaría de Hacienda del Estado y la Tesorería del Egreso, lo que antes era Oficialía Mayor de Gobierno.
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“Y pues lo único que nos dicen es que no ha salido, que estamos pendientes; que ahí va el trámite, que no hay dinero. Y no es nada más de mi sentir, del personal o las personas que estamos de Fiscalía o antes Procuraduría, sino es todo el Gobierno del Estado; de eso estamos conscientes”.
“Pero sin ánimo de ofender ni levantar falsos testimonios, desde un inicio, a principios de año hay presupuesto para todo”, dijo Herlinda Vargas Velázquez.
“Nos parece por demás injusta e ilegítima, y nos afecta profundamente. Somos gente de bien, que vive de su sueldo, y solo reclamamos las prestaciones que derivan del trabajo que honestamente desempeñamos por varios años en dicha Institución, y que oscila entre dos años y medio y los 23 años de servicio ininterrumpido”.
“Por lo anterior, hacemos un reclamo público al Gobierno del Estado de Baja California, para que cumpla con la obligación adquirida hacia los suscritos en calidad de empleador, y realice el pago del finiquito que nos adeuda y que por derecho nos corresponde”, fue el reclamo que escribieron los denunciantes.
Las personas afectadas son María Carime Amador Zoller, Vanesa Guerrero Torres, Paula Georgina Hdez. Martínez, José Ramón Olea Guerreo, Herlinda Vargas Velázquez, Víctor Hugo Gallardo Pacheco, Juan Torres Sánchez, Jesús Antonio Corrales López, Fernando León Nose, y Luis Fernando Beltrán Hernández.
Así como Adhara Oceguera López, Heriberto Soria Vázquez, Grace Irina Denisse Cárdenas, Carlos Oswaldo Minguela Barbosa, Martha Nereida Michel Ortega, Iris Yajahira Acosta García, Abel Rodríguez, Ileana Isabel Castro Velázquez, Robein Morales Martínez, Jennifer Maldonado, Roberto Araujo y Mauricio Aranda Mendoza.
