Expropiación del Campestre abarca propiedades de “La Chapu”

Foto: Ramón T. Blanco Villalón.- Amador Rodríguez, Secretario General de Gobierno de BC
Edición Impresa lunes, 17 mayo, 2021 12:00 PM

El juicio interpuesto por el gobierno estatal para pedir la nulidad del título de propiedad del Club Campestre de Tijuana, podría afectar títulos derivados de otras propiedades que se encuentran en el área, desde el hotel Marriott hasta el Edificio Gallegos, incluyendo el Grand Hotel Tijuana y la Avenida Sonora

El 4 de mayo, el Juzgado Segundo de lo Civil admitió una demanda interpuesta por el Gobierno del Estado de Baja California, solicitando sea declarado nulo el título de propiedad del Club Campestre de Tijuana.

La acción es parte de una estrategia para tratar de diferir el pago de la indemnización en caso de que procediera la expropiación del recinto, manifestaron abogados.

Según fuentes de la Secretaría General de Gobierno que pidieron el anonimato, la demanda de juicio ordinario civil 505/2021 fue firmada por el titular de la dependencia, Amador Rodríguez Lozano, y reclama que se declare nula la escritura pública número 1333, volumen 13, del 19 de junio de 1970, que otorga el título de propiedad al Club Social y Deportivo Campestre de Tijuana, Asociación Civil, sobre el predio ubicado en Bulevar Agua Caliente número 11311, Fraccionamiento Agua Caliente.

La demanda también pretende cancelar la partida 7503 inscrita en el Registro Público de la Propiedad, con la que se inscribió la escritura pública número 1333, mediante la cual se protocolizó la sentencia definitiva dictada en el juicio de prescripción 764/1969 a favor del Club Campestre de Tijuana, señalaron las fuentes gubernamentales.

El argumento esgrimido por el secretario general de Gobierno, es que en el juicio de prescripción positiva 764/1969 en favor del Club Campestre, se adujo que el predio se los había donado el General Abelardo L Rodríguez, lo que, a decir por el funcionario estatal, sería un hecho “falso”.

Roberto Quijano, socio y vocero del Club Campestre, comentó que los representantes legales del recinto ya fueron notificados de dicha demanda; sin embargo, hasta el cierre de edición (jueves 13 de mayo) no la habían contestado. “Todavía no se vence el término” para hacerlo.

De declararse nulo el título de la propiedad del Club Campestre -como pretende Rodríguez Lozano-, quedarían sin efecto alrededor de 45 compraventas derivadas de ese título de propiedades aledañas al Club Campestre. Del hotel Marriott hasta el Edificio Gallegos y toda la recta del Fraccionamiento Chapultepec, de modo que se genera una incertidumbre jurídica para toda la zona, destacó Quijano.

En entrevista con ZETA, el portavoz previó que en ese juicio se solicitará llamar a las partes afectadas para que manifiesten lo que quieran. El proceso judicial llevará cuando menos cuatro años, a razón de que son tres instancias: la ordinaria ante un Juzgado Civil; luego ante el Tribunal Superior de Justicia y la de un amparo ante el Tribunal Colegiado de Circuito.

A propósito de la demanda civil, el abogado Jorge de Hoyos Walther consideró que la acción jurídica del Estado “sería una estrategia para provocar zozobra, inseguridad, y, sobre todo, para tratar de diferir la obligación del pago de una expropiación (del Club Campestre) en caso de que realmente se pudiera avanzar en ese tema”.

En términos jurídicos, es “muy difícil” revertir lo determinado en un juicio concluido, ya que “una vez que un juicio se resuelve, hay algo que se llama cosa juzgada, que es una institución que existe no solo en México, sino en muchos países del mundo, que es el equivalente a la verdad legal”.

La pretensión del actual gobierno bajacaliforniano también es difícil de lograr, al no tener un interés real, dado que el Estado nunca salió perjudicado porque los terrenos nunca fueron de su propiedad, y siempre fueron de particulares.

Para Quijano, “el motivo del fondo es cuestionable por parte del Gobierno del Estado, no es fácil determinar una nulidad de una propiedad que se adquirió hace más de 50 años y que se ha venido ocupando hace más de 70; es un juicio sumamente complicado para el gobierno del Estado”, planteó.

Por otro lado, el ex regidor de Tijuana sigue el proceso administrativo de expropiación que se lleva a cabo en la Secretaría General de Gobierno, el cual inició con la declaración de Utilidad Pública del 13 de abril de 2021. “Lo que pasa es que no solamente nos mandaron llamar a nosotros, también llamaron a la sucesión de Abelardo L. Rodríguez y a la de Alfonso García González, entonces, hasta en tanto ese expediente no esté completo, no se puede publicar un decreto expropiatorio”, aclaró Roberto Quijano, en tanto se desconoce si dichas sucesiones interpusieron algún recurso.

El 6 de mayo, representantes legales del Club Campestre impugnaron la Declaratoria de Utilidad Pública, señalando que una de las fallas del expediente, es que se incluyen edificios, casas, escuelas y comercios aledaños hasta diez hectáreas fuera del predio, afectando las calles Mina, Tepic y La Paz.

Otra falla es que no se cuenta con los proyectos de obra completos, se carece de todo tipo de planos y, aquellos que se encuentran en el expediente técnico, están caducos, no tienen responsables o firmas e incluso algunos pertenecen al parque residencial Verona, que simplemente muestran la improcedencia del expediente técnico porque se incluyeron cuando se tenían que hacer planos específicos para este proyecto.

Respecto a cuándo podría darse el fallo si procede la expropiación, Comunicación Social de la Secretaría General de Gobierno indicó a ZETA que “aún no hay fecha”, debido a “una demanda por parte del gobierno y varias demandas de amparo por parte del Campestre”.

En cuanto a la determinación de un juez federal que la semana anterior concedió una suspensión provisional para que la administración de Jaime Bonilla Valdez no tenga la posibilidad de publicar el acuerdo expropiatorio contra el Club Campestre de Tijuana, ejecutarlo y desposeer a la asociación civil que ostenta la propiedad del predio, Quijano estimó que “cuando menos” pasarán de seis a ocho semanas para saber si la suspensión provisional será definitiva.

Finalmente, expuso que la negociación entre Club Campestre de Tijuana y Gobierno del Estado de Baja California continúa, aunque desconoce en qué términos se está llevando a cabo y quiénes participan.

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