Por primera vez, el gobierno de Estados Unidos recurrió al Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida (MLRR) del T-MEC para solicitar a México que revise si se han violado derechos laborales de los trabajadores de una planta en Silao, Guanajuato, de la armadora de origen estadounidense General Motors.
El miércoles pasado, Katherine Tai, representante comercial de la Casa Blanca (USTR por sus siglas en inglés) informó en un comunicado que Washington pidió al gobierno mexicano revisar si en la planta de tractocamiones de GM se “ha estado negando a los trabajadores el derecho de libre asociación (sindicato) y la negociación del contrato colectivo”.
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Además, pidió al Departamento del Tesoro suspender las cuentas aduanales relacionadas con el ingreso de productos generados en la planta de GM de Silao.
La Secretaría de Economía mexicana indicó que la disputa fue presentada bajo el artículo 31-A 4.2 del acuerdo comercial. “A partir de la solicitud recibida hoy, México inicia la revisión del caso en cuestión”, señaló y aseguró que nuestro país compartirá los resultados de la investigación y cualquier propuesta de reparación.
Horas más tarde, Esteban Moctezuma, Embajador de México en Estados Unidos, envió una carta al Secretario del Trabajo, Martin J. Walsh, en la que señaló la falta de aplicación de leyes laborales en la industria agrícola estadounidense.
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Acusó que entre las irregularidades identificadas se encuentran la falta de pago de salario y tiempo extra, el incumplimiento de los protocolos de descanso por parte de los empleadores, la falta de regulación sobre el estrés por calor y malas prácticas laborales durante la pandemia de COVID-19.
La representación diplomática aseguró que la administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador no renunciará a utilizar el mecanismo de solución de controversias del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Dos días antes, la Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO, por sus siglas en inglés) presentó la primera solicitud de respuesta rápida laboral del T-MEC en contra de la empresa de autopartes Tridonex, ubicada en Matamoros, Tamaulipas, por negarle la representación a la organización sindical independiente a la asociación gremial controlada por la empresa.
Derivado de ello, la abogada laboral Susana Prieto Terrazas (quien estuvo detrás de la huelga de 48 maquiladoras en 2019 y lidera el SNITIS) fue arrestada y encarcelada el año pasado. En el intento por conformar en Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de Industrias y de Servicios (SNITIS) alrededor de 600 trabajadores fueron despedidos por la empresa, cuya matriz está en Filadelfia y es controlada por la canadiense Brookfield Asset Managment, se denunció.
La queja también fue presentada por el Sindicato Internacional de Empleados de Servicios (SEIUS) SNITIS y el grupo de defensa de derechos del consumidor, Public Citizen.
El T-MEC es el único acuerdo comercial en el mundo que cuenta con un Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida, que prevé una investigación de un panel independiente sobre violación de derechos laborales, como a la libre asociación y negociación colectiva.
Una vez presentado el Mecanismo se tendrán 30 días para determinar si el caso tiene fundamento, para luego acordar una solución en los siguientes 55 días, a fin de evitar un panel de solución de diferencias.
Si se llegara a esa instancia, el panel podría resolverse en cuatro meses, y de resultar culpable la empresa podría perder los beneficios arancelarios del T-MEC.
