El oficial Carlos Antonio Orozco Díaz fue baleado junto con el oficial Armando Mohuet, en abril. El ataque lo atribuyen a represalias por detenciones en contra del Cártel de Sinaloa. 4 horas antes de la embestida se recibió una llamada anónima al 089, donde advertían sobre un atentado en la misma zona
El agente de la Guardia Estatal de Seguridad e Investigación (GESI), Carlos Antonio Orozco Díaz, que fue embestido por un grupo armado el pasado 21 de abril cuando se dirigía al domicilio de su pareja policiaca en un vehículo oficial, huyó de la ciudad al ser dado de alta del hospital, se dio de baja de la corporación; tampoco rindió una declaración para el inicio de la investigación.
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La esposa de Orozco Díaz, quien es agente de la FGE en la Unidad de Trámites Masivos, donde se investigan delitos menores, también salió de la ciudad y abandonó la corporación ante la inminente amenaza de muerte.
“El compañero se fue de aquí, igual sin finiquito, mucho menos sin apoyo de nada. Si a los compañeros que han fallecido ni siquiera les dan para una corona, menos les han pagado gastos funerarios, menos el seguro”, sostuvo un agente allegado a Orozco.
La huida del agente se da en medio de una crisis de inseguridad dentro de la corporación, pues el último año ha sido de los más violentos con cuatro agentes de la FGE que han sido asesinados: Hiram Rivera Lizárraga, Manuel Avendaño Rojas, Edmos Sánchez Lizárraga y Daniel Federico Villalbazo; este último, de la Unidad Antisecuestros de Tijuana.
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Esa tarde del atentado a Orozco, lo trasladaron al hospital del ISSSTECALI con lesiones de disparo en el la zona del bazo, pulmones y en ambas piernas, por lo que estuvo hospitalizado hasta el miércoles 7 de mayo, cuando salió por sus medios.
El ataque se registró cuando los agentes se dirigían al domicilio de Cristian Armando Mohuet Quiñonez, quien permanece estable de salud, luego de acabar la jornada de trabajo, en la calle Colima del fraccionamiento Villa Fontana.
La agresión fue videograbada por una cámara de seguridad en un domicilio particular donde se distingue el momento en que Orozco y Mohuet fueron interceptados en la calle por un vehículo Sedán color blanco.
Dos sicarios bajaron de la unidad y dispararon sus armas largas en contra de la unidad oficial directamente hacía el piloto y copiloto, para después huir sin que hasta el momento hayan sido detenidos.
Cuatro horas antes del atentado, se recibió una llamada al 089 como denuncia anónima, donde decían que iban a atentar en contra de un licenciado; los supuestos denunciantes dieron el nombre de la calle y número, el cual coincidía con el domicilio de Mohuet.
“Colima número tercero, sexto, quinto, no proporciona la colonia solo al parecer amenazas en contra de un licenciado de nombre Iván Ojeda, así mismo para conocimiento…”, se escucha en el reporte vía radio.
Información de la Unidad de Investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE) señala como sospechoso a un sujeto identificado como Ángel Antonio Olguín Carrillo, alias “El 6”, que trabaja para el Cártel de Sinaloa y fue quien giró la orden para la ejecución de los oficiales; de acuerdo con información de la Unidad de Inteligencia éste sicario obedece a Carlos Adrián Casas Reyes, alias “El mercenario” o “El Tragedias”.
Aclararon que el nombre del sicario no se encuentra en el expediente de investigación, pero es información extraoficial que conocen los grupos de investigación para su protección.
Desde el día del ataque, ambos policías fueron trasladados de emergencia con un diagnóstico grave y la FGE instaló un anillo de seguridad con presencia de la Guardia Nacional en el edificio del ISSSTECALI, para evitar que sicarios ingresaran para asesinar a los agentes, y en el interior asignaron a una pareja de custodios para vigilar a los heridos.
El grupo de agentes que habló con Semanario ZETA dijo que la pareja prefirió esconderse fuera de la ciudad porque desconfían de la protección que el estado les pueda otorgar, ya que el día en que se perpetró el ataque los sicarios tenían información confidencial que solo los mandos conocen sobre el trayecto, la unidad y el horario en circularían por la calle Colima.
Una de las versiones de lo que ocurrió con los agentes refiere que ambos pudieron estar involucrados con un grupo del Cártel de Sinaloa, pero compañeros de la GESI desmintieron esta información oficial.
“No se vale que manchen de esa manera los nombres de los compañeros. Es muy sencillo: si según ellos sabían que andaban metidos, ¿por qué no los pusieron a disposición de visitaduría?, ¿por qué les permitían seguir trabajando?”, cuestionaron.
“Los grandes jefes estaban esperando para darle el apoyo y la custodia, pero como se sabe que mucha información salió de los mismos mandos, pues el compañero se dio a la fuga con toda la familia, sin decir nada”, indicó.
Administrativamente, al abandonar sin justificación oficial sus labores por más de tres días consecutivos, ambos quedan dados de baja de la corporación, sin derecho a recibir finiquito o cualquier otra prestación.
La Fiscalía General del Estado (FGE) no ha emitido una versión oficial sobre la situación jurídica y administrativa. De esta situación, un abogado penalista explicó que no hay delito que perseguir en contra de la pareja de entrada, porque uno de ellos estaba incapacitado y no se le puede aplicar un procedimiento administrativo o jurídico. Además de que ambos pueden dejar la renuncia, a través de una carta o con un representante legal.
REFUERZAN SEGURIDAD A MOHUET
El segundo oficial lesionado, Cristian Armando Mohuet, quien resultó con heridas graves con un disparo en cráneo y cara, sigue internado en el ISSSTECALI; su estado de salud fue reportado como estable por uno de sus compañeros.
Conforme a los resultados médicos, se sabe que “está reaccionando bien, se le hacen preguntas y señala con la cabeza, mueve manos y pies. Ahí la lleva”, informó a Semanario ZETA.
Mohuet fue comandante en Ensenada, llegó al cargo en agosto de 2019 con el ex fiscal regional Cristian Colosio Lule, quien otorgó protección policial a Víctor Manuel Padilla Murillo, alias “El Chatarras”, traficante de droga vía marítima en el puerto de Ensenada para el Cártel de Sinaloa, y asesinado en la Ciudad de México en agosto del 2020.
Los mandos esperaban la salida de Orozco del hospital para continuar con la investigación, aunque también habían establecido otro protocolo de seguridad en la casa particular del agente.
“Se les fue a los que estaban en las puertas, que eran los mismos compañeros. Lo dejaron ir sin decir nada”, informó uno de los agentes de la FGE.
Una de las versiones fue el malestar de los grupos criminales derivado de las detenciones a supuestos generadores de violencia con impacto en zonas serranas, desde donde hay mayor trasiego de droga vía aérea, como es el Valle de la Trinidad y Valle de Guadalupe.
La información de la Mesa de Coordinación por la Paz y Seguridad de Baja California cuando era comandante intentaron entregarle a Mohuet un teléfono de contacto con el Cártel de Sinaloa y lo rechazó.
Sin embargo, fue descalificado por el grupo de investigadores traído del centro del país, al estar “dando largas” al trabajo para esclarecer el homicidio de Hiram Rivera Lizárraga, agente del Ministerio Público.
Aunque lo empezaron a investigar por supuestos nexos con Carlos Adrián Casas Reyes “El Mercenario” o “El Tragedias”, no le han comprobado la relación con el Cártel de Sinaloa, es lo que aseguran los mandos.
Pese a esta versión, ni el agente Orozco ni Mohuet -quien estaba asignado al área de Aprehensiones-, tienen una investigación vigente ante la Fiscalía ni tampoco en la Visitaduría.
Tan solo en un mes ejecutó 14 órdenes de aprehensión contra de los matones de la mafia sinaloense entre el 1 de marzo y el 12 de abril.
Una decena de elementos estatales se encuentran alrededor del hospital con un bloqueo de patrullas, así como cinta roja a lo largo de la calle de Las Rocas, entre Dunas y Bulevar Costero, de la zona turística.
La custodia de los elementos estaba a cargo de sus compañeros, cómplices de la huida, compartieron con ZETA otros agentes, quienes consideran que no hay seguridad para los cuerpos policíacos de investigación.
