Milena Paola Quiroga Romero, Óscar Leggs Castro y Esthela Ponce, enfrentan procedimientos legales por diversas causas, desde peculado hasta no acreditar gastos en los ayuntamientos de La Paz y Los Cabos
Hay un cuestionamiento más para los candidatos de Morena en Baja California Sur. Tal parece que los aspirantes a las alcaldías de La Paz, Milena Paola Quiroga Romero y Los Cabos, Óscar Leggs Castro, pretenden evadir toda responsabilidad al llegar a un cargo público en los ayuntamientos.
Algo similar ocurre con la ex alcaldesa de La Paz, Esthela de Jesús Ponce Beltrán, quien actualmente figura en líneas morenistas como operadora en el municipio, tanto para Quiroga como para Víctor Manuel Castro Cosío, candidato a la gubernatura por la coalición Morena-PT.
Ponce libra un procedimiento federal por el delito de peculado y otro por incumplimiento de un deber legal, al autorizar ilegalmente la construcción de dos edificaciones que ponen en riesgo la vida y se encuentran por encima del Plan de Desarrollo Urbano (PDU) de La Paz.
Milena Quiroga fue denunciada públicamente por no acreditar alrededor de 254 mil pesos señalados en un informe brindado por la Comisión Permanente de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado, derivado de los gastos del fondo revolvente que utilizó cuando era presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso de Baja California Sur.
El asunto más grave aún, recae en Leggs Castro, quien se encuentra envuelto en un proceso civil-mercantil por un monto de 2 millones de pesos que le prestaron en 2018 y no regresó; del mismo procedimiento se desprende una denuncia penal por falsificación o alteración y uso indebido de documento.
Las denuncias ya están hechas, solo falta la intervención de las autoridades para dar seguimiento y castigar en caso de que sean responsables a los aspirantes de la coalición Morena-PT a competir en los próximos comicios electorales en junio.
Ambos candidatos a las alcaldías salieron a sus redes sociales a defenderse; Quiroga solo pudo comprobar alrededor de 40 mil de los 254 mil pesos que le señalan, mientras que Óscar Leggs desmintió el hecho, pero momentos después le fue embargada una camioneta de su propiedad como parte del adeudo.
Por su parte, Esthela Ponce se ha mantenido fuera de los reflectores, pero se sabe que sostiene múltiples reuniones con el candidato a la gubernatura por Morena, además de dos amparos que promovió para evitar alguna orden de aprehensión en su contra.
La Fiscalía General de la República confirmó a ZETA la existencia del procedimiento por peculado en contra de la ex alcaldesa, quien parece buscar el cobijo y perdón de los morenistas para mantenerse en impunidad.
A MILENA LAS CUENTAS NO LE SALEN
Milena Paola Quiroga Romero solicitó licencia para participar en el proceso electoral 2021 en su carácter de candidata a la alcaldía de La Paz el 23 de marzo, para que su licencia surtiera efecto a partir del primero de abril y por un lapso de hasta 70 días. Así fue confirmado por la sala de prensa del H. Congreso de Baja California Sur.
La diputada con licencia coordinó la fracción de Morena a partir del 31 de agosto de 2018, llegó a ocupar la presidencia de la Junta de Coordinación Política del Congreso el 4 de septiembre del mismo año, tiempo en que surgieron los desajustes legislativos. Fue señalada de inflar la nómina del Congreso en el primer año de ejercicio legislativo.
Perla Flores Leyva, diputada por el PES, evidenció tal situación justo después de asumir la Junta de Gobierno; explicó que la nómina se infló alrededor de 12 millones de pesos en su primer año.
“Sobre esos incrementos en el Capítulo 1000, vienen del primer año de administración de este Congreso, yo lo expuse incluso cuando recibí la Junta de Gobierno, les dije que venía de la diputada saliente (Milena Quiroga), presidente de la Junta de Gobierno que había incrementado alrededor de 12 millones de pesos la nómina en el primer año de ejercicio”, denunció Flores.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) observó un exceso superior a 16 millones de pesos en el Presupuesto de Egresos 2018 derivado del Capítulo 1000, gracias a la excesiva contratación de personal de Milena Quiroga al frente de la Junta, a pesar de que el Congreso contaba con el personal suficiente. La diputada con licencia colocó a sus allegados en trabajos de la fracción de Morena y con pagos a través de otras áreas.
Seguido a su salida de la Junta de Gobierno, en un informe de la Comisión Permanente de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado, se evidenciaron movimientos por alrededor de 254 mil pesos por concepto del fondo revolvente con el que operaba internamente Quiroga Romero.
Al verse exhibida, la ahora candidata giró una circular a través de sus redes sociales, en la que desmintió las acusaciones y “justificó” con documentación, la cual no fue suficiente para comprobar el faltante.
“Todos los gastos del fondo revolvente de la Junta de Gobierno, que es la representación de todas las fuerzas políticas en el Congreso, fueron debidamente solventados, por lo que no hay falta de justificación de evento alguno (se anexa evidencia)”, expresaría.
En la documentación anexada a algunos medios de su preferencia, destacó el “convivio del Día de las Madres” por 30 mil 851 pesos, insuficientes para los 254 mil registrados. Quiroga basa su dicho frente al informe solo con documentos de “cierre” pero no los soportes documentales, por ello se dice que fueron gastos no solventados y la distracción del conflicto legislativo no ha establecido sanción.
DENUNCIAN MENTIRAS
Según Milena Quiroga, los medios que señalan sus malos manejos y verdades a conveniencia “mienten”. Basta con señalar en redes sociales que es falsa toda actuación en su contra, pero va más allá al mentir en sus declaraciones por escrito:
“Como Presidenta de la JUGOCOPO (Junta de Gobierno y Coordinación Política), Milena Quiroga renunció a los gastos de representación y otros bonos por presidir la Junta, con lo cual acumuló 2 millones de pesos que destinó a la rehabilitación de espacios públicos y de uso común de siete colonias de su distrito”, indica el comunicado.
Sus declaraciones son erróneas en lo que refiere a los “gastos de representación”. En poder de ZETA se encuentran las pólizas de cheque 0194458 y 0194626, ambas por un monto de 50 mil pesos por concepto de Gastos de Representación, con fechas 02 y 15 de octubre, respectivamente. Los cheques salieron de la Comisión de Cuenta y Administración de la Dirección de Finanzas del Congreso, a la orden de “Dip. Ing. Milena Paola Quiroga Romero”.
En lo que menciona sobre otros bonos por presidir la Junta o su función como legisladora, primeramente, está la Póliza de Cheque 0196479 de Banorte (cuenta 10117-000-0000), de donde se entregaron 35 mil pesos a Milena Quiroga por concepto de Apoyo Asistencial en marzo de 2019. Otro Apoyo Asistencial de la misma cuenta del Congreso del Estado por 35 mil pesos a su nombre, pero en julio de 2019 (póliza 0197997).
A sus compañeros de bancada les dijo que no cobraba bonos y apoyos adicionales a su dieta salarial, pero los documentos refieren lo contrario.
En los recibos de nómina de Milena Quiroga, aparecen los conceptos de pago por presidir Comisión, coordinar la fracción de Morena y ser integrante de la Junta de Gobierno; pagos que fueron validados desde la cuenta 0563579069 del Congreso BCS.
Pero no termina ahí. Para hacer valer el principio de austeridad y transparencia, en diciembre de 2018, Milena se despachó con la cuchara grande, entregando un bono de estímulo al personal a su nombre, pagadero por 100 mil pesos e inscrito bajo número de empleado 00044 y nombre, con transferencia a su cuenta 0000001031490307. El pago aparece en el sistema como “Generado”.
Sobre las supuestas obras de embellecimiento a espacios públicos, se trató de un programa municipal operado por la Dirección de Servicios Públicos Municipales de La Paz, pero Milena las adjudicó como acciones legislativas. Información que fue confirmada por el propio personal, quienes se molestaron tras ver los anuncios de Quiroga en redes sociales.
La morenista ya externó su interés de llegar a un Ayuntamiento en bancarrota como es La Paz, incluso presentó su plan de bienestar con austeridad y transparencia, en el que, por cierto, su propio equipo de comunicación compartió fotografías de asistentes aparentemente dormidos. Así de interesante fue el discurso.
EMBARGAN A ÓSCAR LEGGS
El delegado con licencia de Cabo San Lucas y ahora candidato por Morena-PT a la alcaldía de Los Cabos ya está en la mira, no de los ciudadanos para el 6 de junio, día de la elección, sino de las autoridades civiles y penales, ya que tiene un adeudo por más de 2 millones de pesos que pidió prestados y no pagó.
La primera denuncia en contra fue interpuesta el 14 de julio de 2020 por 100 mil pesos, así quedó registrado mediante el juicio mercantil 156/2020, en el Juzgado Segundo Civil de Cabo San Lucas; una segunda denuncia el 10 de septiembre del mismo año por 2 millones de pesos, por la cual se registró el juicio mercantil Oral 231/2020, ambas interpuestas por el empresario y ahora candidato de Nueva Alianza a la alcaldía de Los Cabos, Alejandro Enrique Rojas Tirado.
Nueve meses tuvieron que pasar para que surtiera efecto el primer laudo, ya que, tras no cubrir el primer adeudo, el Juez Segundo Civil de Cabo San Lucas ordenó el embargo precautorio para cubrir el pago de 100 mil pesos, efectivo a una camioneta pick-up Honda con placas 2MG-753-A, propiedad de Óscar Leggs Castro. Está en espera del segundo laudo y espera se haga efectivo antes de que culmine el proceso electoral.
Justo al embargo, el juez ordenó la retención del 30% del salario del delegado con licencia de Cabo San Lucas, pero este solicitó permiso sin goce de sueldo, por lo cual fue imposible ejecutar la acción jurisdiccional.
Y aún hay más: el candidato de Morena-PT por Los Cabos cuenta con una denuncia penal en su contra, el expediente fue abierto el 9 de octubre de 2020 con carpeta CSL/3231/2020/NUC. Fue interpuesto ante la Subprocuraduría de Justicia Alternativa y Unidad de Atención Temprana y remitido a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Diversos y su Judicialización de Cabo San Lucas de la Procuraduría General de Justicia del Estado.
El expediente fue abierto por el delito de falsificación o alteración y uso indebido de documento, y para obtener un beneficio para sí o para otro, o causar un perjuicio y sin autorización de la persona interesada, ponga una firma o rúbrica falsa en un documento, aunque sea falso.
De acuerdo con datos revelados a ZETA por parte de la unidad investigadora, al parecer Óscar Leggs pretendió comprobar bajo documento la cobertura del adeudo, falsificando la firma de Alejandro Rojas Tirado, situación que llevó a que se interpusiera la denuncia penal para el deslinde de responsabilidades.
A sabiendas de las denuncias en su contra, Leggs se postuló como candidato de Morena para buscar la protección del partido, y llegar a ese perdón que se brinda a todo militante del partido, pero ni siquiera los morenistas pudieron detener la acción de la Ley en primera instancia. Los otros procesos ya están listos para ajustarse a los reglamentos, y en caso de que no haya pago, podría surgir un embargo más, incluso con la posibilidad de que Leggs pise la cárcel.
ESTHELA PONCE BUSCA AMPARO EN MORENA
La ex alcaldesa de La Paz y ahora operadora política para Víctor Castro Cosío, Esthela de Jesús Ponce Beltrán, se encuentra en serios aprietos con la justicia federal por delitos como mal ejercicio de funciones y peculado. Fue denunciada por el entonces alcalde de La Paz, Armando Martínez Vega, en julio de 2016, por mal uso de recursos federales.
Fueron encontradas irregularidades por más de 140 millones de pesos, recursos etiquetados del orden federal. Las denuncias fueron canalizadas a través de la Fiscalía General de la República y residen actualmente en la Subprocuraduría de Delitos Federales.
La autoridad federal reclamó el auto de vinculación a proceso el 18 de febrero de 2021, bajo el expediente 299/2021, por lo que Ponce Beltrán solicitó la protección a través de un amparo indirecto en materia penal 19/2021, con ello se protegió de la vinculación y posiblemente una orden de aprehensión en su contra. La suspensión del acto reclamado surtió efecto el 13 de marzo del año en curso.
Sin embargo, no es el único proceso abierto en su contra. La ciudadana Delia Leija Salas interpuso el amparo indirecto 443/2019 por la indebida construcción de los condominios By Alttus y Torres Cantera en La Paz, ambas edificaciones fueron construidas contraviniendo el Plan de Desarrollo Urbano (PDU), al contar con un número mayor de pisos de construcción a los autorizados.
La construcción excedente ha provocado el degrado de los pisos inferiores y los quejosos aducen pone en riesgo “la vida de los residentes de dichas construcciones”. El juez federal admitió la demanda de amparo y ordenó en su momento a las autoridades municipales revisar el caso y aplicar la Ley: en ese entonces Ponce Beltrán como alcaldesa y su director general de Desarrollo Urbano, quienes, sin embargo, fueron omisos.
La instrucción fue clara y precisa, se dirigió principalmente a los servidores públicos municipales y personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), ya que la construcción afectó parte de áreas verdes y zona de parques urbanos, lo que llevó a investigar conductas como el ejercicio ilícito del servicio público, y uso de atribuciones y facultades.
El proceso se alargó o alargaron mediante amparos, y fue en 2021 cuando el Agente del Ministerio Público indicó que existieron los delitos señalados al “por sí o por interpósita persona, autorice licencias de construcción o uso de suelo, que permita cualquier tipo de construcción en zonas o áreas consideradas no urbanizables o de riesgo grave o alto riesgo en los planes o programas estatales y municipales de desarrollo urbano…”, contestó la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos.
Además, el delito prescribió con el paso del tiempo, los amparos y acarrear a la autoridad, por lo que el expediente LPZ/114/SP/2018 derivó en “determinar el no ejercicio de la acción penal”.
Los afectados ya esperaban la resolución y, frente a los abogados de la ex alcaldesa y los innumerables amparos, el 19 de abril de 2021 aceptaron la no acción penal, pero con ello les dieron la razón para solicitar la intervención de la justicia respecto al delito de negación e incumplimiento de un deber legal, atribuible a los servidores públicos inicialmente denunciados, “así como quienes actualmente resulten responsables”.
Los denunciantes solicitan al actual presidente municipal de La Paz y a la Profepa, investigar “las responsabilidades penales y administrativas en contra de los servidores públicos que autorizaron la edificación de los inmuebles By Alttus Terrazas y Torres Cantera”.
Habitantes de los condominios acreditaron que hasta la fecha el delito en comento subsiste, al procurar intencionalmente la impunidad de los delitos cometidos por servidores públicos y faltas administrativas, así que, además de la denuncia por mal ejercicio de funciones y peculado, Esthela de Jesús Ponce Beltrán debe atender la denuncia por el delito de negación e incumplimiento de un deber legal.
