Las fracciones parlamentarias del PAN; PRI, Movimiento Ciudadano y PRD promoverán de forma conjunta una acción de inconstitucionalidad en contra el artículo décimo tercero transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación con el que se amplía por dos años la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La cual está ocupada actualmente por el ministro Arturo Zaldívar.
En un comunicado conjunto, los partidos de oposición señalaron que la aprobación en el Congreso de la Unión de dicho artículo de la Ley Orgánica del Poder Judicial que también ha sido llamada “Ley Zaldívar” contraviene los artículos 94 y 97 de la Constitución mexicana, y compromete la independencia del Poder Judicial.
“Este artículo transitorio pretende supeditar al Poder Judicial al Ejecutivo Federal, subyugar en la vía de los derechos a un poder que, para contribuir en la construcción de la democracia y garantizar los derechos fundamentales de las y los mexicanos, requiere de autonomía e independencia”, señalaron.
El 23 de abril pasado, la mayoría de Morena en el pleno de la Cámara de Diputados aprobó la Ley Orgánica del Poder Judicial en la que se incluyó el articulo décimo tercero. Esto ha generado polémica incluso al interior del partido oficial y sus aliados ya que el diputado Porfirio Muñoz Ledo se opuso “a una violación tan flagrante, innecesaria y absolutamente revertible a la Constitución”.
La oposición en San Lázaro destacó que el Poder Judicial debe contribuir decididamente en la generación de condiciones que hagan efectivos valores de libertad, justicia, igualdad y pluralismo político conforme a la Constitución, por lo que “debemos impulsar la revalorización de la independencia, la imparcialidad y la responsabilidad de las y los jueces como referentes constitucionales de la administración de justicia”.
Los legisladores de oposición consideraron también necesario procurar la expansión de la legitimación democrática de los jueces por su acción jurisdiccional de salvaguarda de las libertades, los derechos fundamentales y de tutela de los intereses legítimos, “y no atacarlos un día sí y al otro también, simplemente porque sus decisiones son contrarias al designio presidencial y a sus leyes inconstitucionales”.
