En julio de 2019, el gobierno de Donald Trump firmó con Guatemala, El Salvador y Honduras, el Acuerdo de Cooperación de Asilo (ACA), mediante el cual el gobierno guatemalteco se comprometió a recibir a los centroamericanos deportados y distribuirlos.
Diecinueve meses después, el 6 de febrero de 2021, el ACA fue suspendido por el actual Presidente Joe Biden.
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Para entonces, de acuerdo con información brindada por el Presidente Alejandro Eduardo Giammattei Falla a los reporteros de la BBC, solo 700 migrantes habían sido recibidos en Guatemala como parte de este acuerdo de “tercer país seguro”. Más allá del evidente drama que rodea a estos centroamericanos, quienes regresaron todavía más empobrecidos y desesperanzados a los contextos de hambre, pobreza y violencia de sus países, de los que creían haber escapado.
Fueron 700 deportados en 19 meses mediante un acuerdo firmado. Mientras vía México, donde el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, ha declarado una y otra vez a partir julio de 2019, que no es un “tercer país seguro”, los centroamericanos son expulsados por cientos diariamente (ver reportaje de Alejandro Villa “EU retorna por BC a 400 centroamericanos al día”, publicado en la edición 2452 de ZETA).
Cifras recientes del Instituto Nacional de Migración (INM) y los albergues, refieren que solo por Baja California, principalmente Tijuana, Estados Unidos retorna entre 350 y 500 centroamericanos cada 24 horas; otros 250 son entregados en Ciudad Juárez, Chihuahua, aunque en este grupo no precisan nacionalidades.
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De hecho en febrero, antes de ponerle fin al ACA, autoridades migratorias mexicanas declararon a periodistas de la agencia EFE que solo entre el 1 y 28 de enero de 2021, un total de 3 mil 897 hondureños habían sido retornados por la colaboración México-EU.
Pero el canciller Ebrard insiste: México no puede ser considerado tercer país seguro porque los migrantes no tramitan y transcurren el proceso de asilo en territorio mexicano; y porque no hay un acuerdo bilateral firmado.
Frente a la elocuencia, hay 60 mil peticionarios de asilo inscritos en el programa Quédate en México. Además, mientras Biden y las autoridades migratorias de la Unión Americana aseguran que Andrés Manuel López Obrador rehúsa a aceptar a los miles de centroamericanos, en los hechos, el gobierno de AMLO apoya a los estadounidenses con operativos para evitar el ingreso de los centroamericanos, procurando la captura de los grupos de migrantes en tránsito por el territorio nacional, deportándolos a sus países o simplemente aceptando que sean retornados por México, dejándolos a deriva en las ciudades de la franja fronteriza.
Lo que ha sido un modus operandi permanente que se desarrolló en el gobierno peñanietista y ha tenido continuidad en los últimos dos años, es una forma de trabajo coordinado entre ambos países que no surgió a partir del 18 de marzo de 2021, cuando el mandatario de EU acordó prestar al mexicano miles de vacunas, y al mismo tiempo pidió apoyo para recibir a más familias de migrantes -de acuerdo con una publicación del New York Times-, pero de ser realidad los supuestos periodísticos, la crisis humanitaria podría agudizarse.
Hoy, sin apoyo adicional de la Federación, los albergues y comunidades reciben a cientos de hondureños, salvadoreños y guatemaltecos entregados por las autoridades migratorias para que se hagan cargo de la responsabilidad de un Gobierno Federal que desde hace dos años les retiró todo tipo de apoyo, argumentando -como ha hecho en todos los casos- que todos son corruptos, menos los funcionarios de AMLO.
En los albergues hacen lo que pueden en la medida de sus limitadas posibilidades. Mientras los migrantes, en gran porcentaje mujeres y niños, son abandonados a miles de kilómetros de su país de origen, algunos enfermos, la mayoría sin dinero, y varios sin los permisos de permanencia humanitarios.
Indefensos, se enfrentan a la falta de expectativas y futuro, frente a los organismos de Derechos Humanos locales que parecen limitados a observar y tomar nota. Les llegó el momento de cumplir con su obligación de visibilizar ante la sociedad y los organismos internacionales, la crisis humanitaria que se está gestando en medio del abismo entre el discurso y la realidad del fenómeno migratorio en la frontera mexicana.
Urge que los gobiernos federales implicados se hagan cargo de las consecuencias de sus acciones coordinadas, antes de que la situación se torne insostenible para los migrantes, los albergues, los ayuntamientos y los estados que quedan en medio de estos opacos acuerdos.
