Carlos Atilano Peña, candidato a la gubernatura de Baja California por el Partido de Baja California (PBC), presentó su plan de seguridad, la mañana de este martes 13 de abril, ante medios de comunicación de Tijuana. Una de sus propuestas es que las personas tengan permiso para portar un arma en sus casas y puedan “actuar en legítima defensa” cuando se vean amenazados por algún acto delincuencial.
“Lo que vamos a hacer es celebrar un convenio entre el Estado con la Sedena para flexibilizar los requisitos de portación de armas en las casas, yo creo que ha llegado el momento que las familias se protejan ante el olvido, la incapacidad y abandono de la autoridad. Vamos a pedirle a la Sedena para que el Estado otorgue permisos para que negocios y familias puedan portar armas”, compartió Atilano Peña.
Detalló que según el artículo 10 constitucional se establece que todo ciudadano tiene derecho de portar armas en su hogar, para su seguridad y defensa, y añadió que buscará que se puedan poner un anuncio en las casas, para que se sepa que en ese lugar se cuenta con permiso de portación de armas.
Al ser interrogado si con esta propuesta se busca que la gente haga justicia por su propia mano, negó que ese sea el caso, sino que la gente logre defenderse y actúe en legítima defensa al momento que una persona se enfrente a una agresión directa por parte de un delincuente, y aseguró que a la par, serviría como una cuestión preventiva, ya que podrían dejar de delinquir ver que una casa tiene permiso de portación de arma.
Entre sus primeras acciones, de ganar la gubernatura, será separar las funciones de la Secretaría de Seguridad Estatal de la Fiscalía General del Estado (FGE) y creará una Policia Estatal Ciudadana (PECI), y aclaró que no será una continuación de la extinta Policía Estatal Preventiva. Además, pedirá al fiscal Guillermo Ruíz Hernández, que por “caballerosidad” deje el cargo una vez que concluya la administración de Jaime Bonilla Valdez.
“Lo que me parece a mi terrible es que seamos el único estado que no cuenten con una Secretaría de Seguridad Pública, que lleve a cabo de manera puntual, todas las tareas de prevención del delito, y en este engranaje para combatir la inseguridad tenemos que poner hincapié en la prevención e Investigación de los delitos y em castigo de ellos”, declaró el candidato del PBC.
Atilano Peña hizo énfasis en que buscará atacar el tema de los homicidios que en los últimos años han generado más de dos mil, tan solo en Tijuana, durante la administración de Arturo González Cruz, y lamentó que el actual secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal, Pedro Cruz Camarena haya declarado que no puede disminuir la cifra de homicidios.
Destacó que su plan de seguridad está pensado en cuatro ejes: Gobierno, Justicia y Fortalecimiento del Estado de Derecho; Seguridad Pública y Seguridad Ciudadana; Desarrollo Económico y por último, Bienestar General.
Con respecto a la publicación de la Declaratoria de Utilidad Pública en el Periódico Oficial del Estado con fecha del 13 de abril. sobre el Club Social y Deportivo Campestre de Tijuana, Asociación Civil, que está cerca de la expropiación del centro recreativo por parte del gobernador Jaime Bonilla Valdez, el candidato opinó:
“La expropiación del Club Campestre viene a representar otro acto grave de afectación a la constitucionalidad del Estado de Derecho en Baja California. Es otro acto de barbarie del gobernador, un gobernador dictatorial, autoritario que no conoce la Constitución y la legalidad y no quiere conocerla.”
Y agregó, “yo creo que este decreto agravia no solamente a los socios del campestre sino a toda la comunidad del estado de Baja California. Es un decreto que está condenado a no trascender a ser revocado, porque no cumple con los mínimos lineamientos constitucionales, es decir, no hay una causa de utilidad pública definida y lo más grave, no prevé un requisito esencial que es la indemnización”.
