El partido impugnó la resolución en dos casos por negación de medidas cautelares
En el curso del actual proceso electoral (2020-2021) el Partido Encuentro Solidario ha promovido cinco juicios especiales sancionadores contra el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, bajo el argumento de haber incurrido en violaciones a los principios de imparcialidad y equidad así como en posibles actos anticipados de campaña.
Después de que el partido de reciente creación anunciara el 26 de enero que su candidato a la gubernatura será el ex alcalde priista de Tijuana Jorge Hank Rhon, en distintas ocasiones el mandatario estatal se ha pronunciado en referencia al aspirante, al PES y otros institutos políticos; además sugirió en un acto público que la alcaldesa de Mexicali y precandidata de Morena al cargo de gobernadora, Marina del Pilar Ávila Olmeda, le daría continuidad a su programa de gobierno.
Uno de los juicios se hizo extensivo a la munícipe mexicalense, en vista de que presuntamente avaló expresiones del gobernador favorables a la expresión política que ella representa en su calidad de abanderada.
Por otro lado, el 27 de febrero, Encuentro Solidario procedió a promover un sexto recurso, en la modalidad de procedimiento especial sancionador, contra Marina del Pilar Ávila Olmeda en razón de que supuestamente vulneró los principios de imparcialidad, equidad y neutralidad en la contienda con la entrega personal de beneficios de un programa social en su carácter de alcaldesa durante un evento masivo.
En cuanto a los juicios promovidos contra Bonilla Valdez, los cinco fueron presentados ante el Instituto Estatal Electoral de Baja California por la representante propietaria del Partido Encuentro Solidario ante el órgano autónomo, Andrea Chairez Guerra.
El 20 de febrero, la representante partidista promovió dos procedimientos especiales. El último en contra de Jaime Bonilla Valdez, “por actos que contravienen la normatividad electoral”, según estableció en el escrito inicial. Ello con motivo de que en su transmisión del 10 de febrero el gobernador afirmó que el abanderado del PES para la gubernatura debía ser enviado “a capacitación de no matar, no engañar” y sacó a colación el asesinato del cofundador de semanario ZETA, Héctor Félix Mirnanda, por el que fueron encarcelados Victoriano Medina y Antonio Vera, quienes se desempeñaban como escoltas del aspirante a gobernador cuando ocurrió el homicidio, en 1988.
El otro procedimiento se presentó por presuntos actos anticipados de campaña. En este caso, el reclamo del PES obedeció a que en un evento celebrado el 13 de febrero, luego de decir “estas jornadas van a seguir”, el gobernador apuntó con el dedo a la alcaldesa y en alusión a ella mencionó: “va a continuar con estos proyectos y más que trae ella”.
El recurso también se presentó contra la primer edil a propósito de que en el mismo acto público “asiente con su cabeza en sentido afirmativo respecto a lo que está diciendo el gobernador” en referencia a ella, según argumentó el PES.
Otro de los juicios, promovidos a partir del 19 de febrero contra Bonilla, tuvo como presunto motivo “uso de recursos públicos para desprestigiar al Partido Encuentro Solidario”, toda vez que en conferencia matutina efectuada el 16 de ese mismo mes, Bonilla expresó que el PES era “también llamado el partido del llanero solitario” y se refirió a Acción Nacional como “el encuentro solitario”, además de hacer alusión al “perderé”, expresión denostativa que ya había utilizado para referirse al Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Los otros dos recursos contra el gobernante se presentaron el 17 y el 15 de febrero. En un caso por el presunto apoyo que brindó a Marina del Pilar Ávila en su calidad de precandidata durante el evento del 13 de febrero, y tratándose del primer procedimiento, por el hecho de que “en sus transmisiones mañaneras” manifestó: “panistas votarán más” por el precandidato del PES; “yo le diría (al aspirante) que si va a ser candidato primero que regrese todo lo que se robaron en su gobierno en el PRI”, además de indicar que el ex priista “no es una pieza política”, entre otras expresiones.
En los casos relacionados con el gobernador, el PES solicitó suspender su transmisión vía Facebook. En cuanto a la denuncia alusiva a la alcaldesa de Mexicali (igualmente presentada ante el IEE), se requirió “la suspensión inmediata” de semejantes actos públicos “en razón de que en este momento son la plataforma de promoción pública de voto de la precandidata Marina del Pilar Ávila Olmeda”.
El asesor político del aspirante del PES, Eduardo Bernal Martínez, quien fungió como delegado del PRI en Baja California, expuso a ZETA que de los 6 procedimientos “solo han resuelto el tema de medidas cautelares en 2 y en los 2 negaron dichas medidas”.
Sobre ambas resoluciones, sostuvo que el sábado 27 de febrero el Encuentro Solidario impugnó.
Según aclaró, la negación de las medidas no implica que los casos dejen de resolverse.
“Las medidas cautelares solo son un apartado de medidas provisionales y normalmente temporales, su admisión o negativa no obsta para que el Tribunal resuelva de fondo los procedimientos planteados”.
Bernal Martínez concluyó en alusión a los juicios: “Hasta el momento no se ha resuelto el fondo de ninguno de los procedimientos presentados, los seis están vivos”.
De acuerdo con la resolución correspondiente, las medidas cautelares resultaron improcedentes en el caso de los juicios promovidos el 15 y el 17 de febrero.
