El gobierno de Jaime Bonilla Valdez, quien presume férreo combate a la corrupción, tiene más de un año sin nombrar al fiscal especializado en la materia, y por lo que él mismo ha dicho, parece no ser un tema prioritario para su administración. Lejos de tener un compromiso real, Bonilla Valdez solo se ha prestado a simulaciones de lo más ridículas y a revanchismos políticos por medio del aparato gubernamental, comportándose -casi siempre- como “chivo en cristalería”. Ahora resulta que luego de despotricar contra la hoy ex fiscal Anticorrupción, Olga Elizabeth Ojeda Mayoral, por el simple hecho de solicitar apoyo económico para adquirir lo mínimo indispensable para operar el área para la cual fue electa por el Congreso del Estado, ya le dieron trabajo en la Secretaría General de Gobierno. Por si quedaba duda de quién impulsaba a Ojeda Mayoral, pues ahí está: Amador Rodríguez Lozano, quien apenas renunció al cargo, la contrató como directora de Planeación y Estudios Legislativos, donde obtenía un sueldo de 9 mil pesos. Sin embargo, para abril de 2020, Rodríguez Lozano la subió de posición, al nombrarla directora de Asuntos Jurídicos, cargo por el que devenga 39 mil 564.39 pesos, ya con impuestos retenidos. Treinta mil pesitos más, pues.
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