El 8 de marzo distintas instalaciones públicas fueron intervenidas por las mujeres que se manifestaron contra la violencia de género, con saldo de daños materiales a un edificio de la Fiscalía General del Estado en Tijuana y diez vehículos particulares de sus empleados; así como un par de estaciones del Sistema Integral de Transporte (SITT) de la misma ciudad.
Por parte de la FGE, la autoridad abrió una carpeta de investigación contra quien resulte responsable por los daños ocasionados a la propiedad que arrenda, cuantificados en 171 mil 256 pesos entre los ventanales rotos y la pintura para eliminar las pintas de las mujeres, excluyendo las reparaciones que requieren los diez vehículos que los empleados solían estacionar frente a las instalaciones, por no contar con otro espacio para su resguardo.
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En lo que respecta a las estaciones del SITT y algunos monumentos que también fueron intervenidos en Tijuana, el Ayuntamiento no interpuso ninguna denuncia y se dejaron las pintas intactas por unos días más, como muestra de respeto y solidaridad hacia el movimiento feminista.
“Estas protestas son para visibilizar el dolor de las mujeres y evidenciar la violencia que sufren en distintos aspectos y etapas de su vida. La intervención que hacen de los lugares público no es ni violencia ni vandalismo, es solo una protesta cargada de dolor y de la injusticia que han vivido como víctimas”, expresó Sara Alejandra González Olachea, encargada de despacho del Instituto Municipal de la Mujer en Tijuana (Immujer).
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González Olachea explicó que la violencia es un acto que se ejerce en contra de un individuo o un grupo de personas, mientras que el vandalismo es un acto sin sentido. Por ello, las intervenciones ocurridas durante las manifestaciones feministas son una protesta con un trasfondo, que no busca lastimar a los individuos, solo poner en la agenda pública el tema de la violencia de género.
“La manifestación es un símbolo del dolor de las mujeres, de una necesidad de hacer algo al respecto, de eso se trata. No es un acto de violencia, porque no se está ejerciendo hacia individuos o grupo sociales, es un grito desesperado para que las autoridades y las instituciones tomemos cartas en el asunto”, explicó la funcionaria.
Admitió que siempre habrá opiniones encontradas al respecto, que señalen o desvirtúen las acciones radicales de los colectivos feministas, sin embargo, estas acciones emergen del descontento por parte de las víctimas al no encontrar soluciones cuando ejercieron acciones pacíficas o por la vía institucional.
El hecho de que el Ayuntamiento de Tijuana, presidido por Karla Ruiz MacFarland, tomara una postura de solidaridad y de empatía no soluciona la problemática, señaló González Olachea, pero sí deja abierta la posibilidad del diálogo con los grupos vulnerables.
“El hecho es simbólico, el de no haber quitado las pintas de un día a otro porque no es como si no hubiera ocurrido nada; no son como el grafitti común, las pintas tienen su trasfondo social”, puntualizó.
