Luego de que el candidato a la gubernatura de Baja California, Jorge Hank Rhon, presumiera su relación de compadrazgo con el fiscal general del Estado, Guillermo Ruiz Hernández, el funcionario “bonillista” lo negó, y aseguró que sólo llevan una buena relación.
En una conferencia de prensa encabezada por el Fiscal del Estado, fue entrevistado respecto a la relación que sostiene con el casinero, a lo que respondió que era falsa tal aseveración, pero que sí existía una relación cercana.
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“Mira, no somos compadres, pero sí tenemos una buena relación con él y con todos. Yo que siempre he mantenido una relación cordial con todos; la Fiscalía no tiene amigos, carece de sentimientos, es lo que está en la carpeta de investigación”.
Ruiz Hernández comentó que durante sus 45 años como abogado litigante, representó a prácticamente todo el sector empresarial de Baja California, sobre todo de Tijuana, donde antes de asumir el cargo incluso presumió ser asesor de abogados de sus amigos empresarios.
Respecto a que sí continuaría en el cargo, sí el ex inquilino de “El Hongo” alcanzara la Gubernatura de Baja California, aseveró que su proyecto está planeado para permanecer durante 5 años, pero aseguró que comprende las situaciones políticas que pueden prevalecer.
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Ruiz Hernández también se posicionó sobre el ex gobernador Francisco Vega de Lamadrid, con quien dijo que antes de asumir como Fiscal, tenía una buena relación, pero que ya no han tenido comunicación.
“Yo creo que ya no, pero digo, yo se los he dicho a todos, siempre he sido respetuoso de estar, pero desgraciadamente no es una institución de amigos, aquí hay carpetas de investigaciones”.
Respecto a la candidatura del teniente coronel, Julián Leyzaola Pérez, como abanderado del PES a la Presidencia Municipal de Tijuana, Ruiz Hernández, dijo no tener una opinión formal, pero adelantó que el aspirante mencionado, cuenta con al menos una orden de aprehensión por el delito de tortura, la cual será cumplimentada apenas sea visto en Baja California.
Refirió que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya estableció, que sí bien el delito de tortura ya está considerado exclusivamente como facultad de las autoridades federales, esto no afectó la indagatoria debido a que se trata de un caso originado en el sistema tradicional.
