El Centro Integrador del Migrante de Mexicali (CIM) resultó ser una pifia en todos los sentidos. Desde el fracaso en su instalación, la operación de funcionarios y hasta el dinero gastado por un proyecto del que solo fue beneficiada una empresa, pues el proyecto -según un contrato en poder de CachanillaZ– obligaba al Gobierno de México a pagar 1.9 millones de pesos mensuales, por lo que terminó siendo un “gran almacén” de alimentos, camastros, agua y cobijas para atender hasta 3 mil 500 personas y que durante un año permaneció bajo resguardo, como si nadie lo necesitara.
El inmueble, localizado en Calle 11, a la altura del fraccionamiento Villafontana, cuenta con clave catastral 00-CP000001 y comprende 29 mil 824.79 metros cuadrados. Es reconocido porque anteriormente albergó una sucursal de la extinta tienda Gigante y fue elegido por el Gobierno de México para instalar el CIM, pese a que la mayoría de los migrantes pernoctan en la Zona Centro de la ciudad. Además de representar un despilfarro económico, pues el arrendamiento tuvo vigencia del 1 de septiembre de 2019 a enero de 2021 -lo cual quiere decir que fueron erogados más de 24 millones de pesos, más las remodelaciones hechas por el mismo morenista Modesto Ortega Montaño-, al final no se apoyó a nadie.
Y es que migrantes de todas las nacionalidades y regiones del país, recurrieron a los albergues tradicionales de Mexicali, los cuales llegaron a un punto máximo de aforo, y con un limitado apoyo -por no decir nulo- de las autoridades.
Al final, el Gobierno de México invirtió una fuerte suma de dinero económico y en especie para almacenarlo durante un año, cuando la crisis migratoria continúa a la fecha, solo que es cómodamente invisible para las autoridades.
No conforme con ello, el inmueble arrendado pertenece a la familia Mayans Concha, propietarios de la empresa radiofónica Cadena, la cual debía más de millón y medio de pesos de Impuesto Predial al momento de la firma del contrato, pero eso no preocupó a los encargados de la Secretaría del Bienestar y del Trabajo y Previsión Social.
El inmueble ya se encontraba sujeto a embargo, pero sorpresivamente, en el Ayuntamiento de Mexicali, Marina del Pilar Ávila “congeló” el proceso y restringió cualquier información relativa, por lo que nadie puede tener acceso a la deuda, solo el recaudador de Rentas Municipal.
No se descarte que la empresa radiofónica esté buscando un acuerdo comercial con el Ayuntamiento para desaparecer todos sus adeudos municipales a través de acuerdos de publicidad, tal y como se le condonaron millones de pesos de varios inmuebles ubicados en Rosarito, durante la administración de la alcaldesa panista Mirna Rincón.
En este despilfarro absurdo hay varios responsables, comenzando por el delegado Jesús Alejandro Ruiz Uribe, cuya soberbia le facilitó declarar que “no hay migrantes” en la Capital del Estado, cuando basta con recorrer la Zona Centro de la ciudad para identificarlos.
Como representante del Gobierno de México en Baja California, Ruiz no mostró interés alguno en un proyecto que terminó siendo una pifia, que al final no abonó a un problema social real.
Luis Javier Algorri, subsecretario de Asuntos Migratorios, intentó hacer campaña política con una situación que nunca se resolvió; Carlos González Torres, director de Grupos Prioritarios, fue el funcionario federal que signó el contrato y es el encargado de este tipo de proyectos; y Édgar Lomelí, comisionado encargado del proyecto que terminó en un perfecto desastre y cuyo nombre ha figurado a nivel nacional en temas polémicos y cuestionables en otros programas sociales.
Al final, hasta con los trabajadores terminaron mal, toda vez que les pidieron abandonar el inmueble antes de terminado su contrato y se negaron a pagarles el restante, lo que les genera gran preocupación, ya que cualquier diligencia debe ser atendida a través de la Secretaría del Trabajo, la cual es una de las dos encargadas del CIM.
Por el gasto y los resultados, este proyecto debe ser auditado por autoridades federales.
