Hija de Beltrones ocultó 10.4 millones de dólares en Andorra: El País

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Destacados miércoles, 10 marzo, 2021 2:42 PM

Sylvana Beltrones Sánchez, actual senadora por Sonora del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), ingresó entre 2009 y 2010, en la Banca Privada d’Andorra (BPA), un total de 10.4 millones de dólares, que le había dado el editor y ex diputado federal priista sonorense Luis Alejandro Capdevielle Flores, quien una semana antes había cobrado en la misma institución bancaria, 10 mdd de una firma que gestionaba los derechos de la empresa Televisa.

Así lo reveló este miércoles 10 de marzo, una investigación realizada por el diario español El País , rotativo que afirma que tanto la actual senadora, como su padre -Manlio Fabio Beltrones Rivera, ex presidente nacional del PRI-, así como su madre -Sylvia Sánchez Estrada-, y Capdevielle Flores -diputado federal suplente del ex gobernador de Sonora de 1991 a 1997-, están siendo investigados por la Fiscalía General de la República (FGR), por presuntas irregularidades relacionadas con cuentas ocultas en el banco de Andorra.

El citado diario europeo -en una investigación firmada por el periodista José María Irujo- detalló que el ingreso de 10.4 mdd que Beltrones Sánchez realizó en la BPA, se registró cuando la joven tenía 26 años de edad, no ocupaba ningún cargo público y su padre era “el poderoso coordinador de los priistas” y presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), en el Senado de la República.

La senadora -en la actualidad de 38 años de edad-, estuvo vinculada a dos cuentas en el banco de Andorra, un país blindado hasta 2017 por el secreto bancario. Siempre según el diario, junto a ella, su madre abrió -entre 2008 y 2009- en la BPA otras dos cuentas -una a su nombre y otra con el máximo nivel de privacidad, numerada- que no llegaron a tener movimientos.

“La progenitora de la parlamentaria declaró a la BPA que su intención era depositar en esta institución financiera 2.8 millones de dólares de la supuesta venta de dos apartamentos en Miami”, agregó El País, el cual detalló que la jueza andorrana Canòlich Mingorance imputó en julio de 2015 a la senadora, a su madre y a su padre, por un presunto delito de blanqueo de capitales en el marco de una causa conocida como ‘Operación Sonora’.

“La magistrada embargó las cuentas de la senadora y de su madre. Pese a la gravedad de los hechos, el caso permaneció oculto a la opinión pública. La investigación en Andorra se archivó provisionalmente el 18 de octubre de 2018 después de que la fiscalía mexicana, entonces conocida como Procuraduría General de la República (PGR), elaborara un informe de no ejercicio de la acción penal sobre los investigados. El documento sostenía que el delito fiscal de Sylvana Beltrones y Capdevielle había prescrito”, agregó el rotativo.

“Tras el archivo de este caso en Andorra, la fiscalía mexicana, ya bajo el mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, abrió una investigación por presuntas irregularidades contra los tres miembros de la familia Beltrones y Luis Alejandro Capdevielle, abogado, editor y diputado federal suplente en 2012 de Manlio Fabio Beltrones, según confirman fuentes de la fiscalía y reconoce el editor a este periódico”, abundó el diario español.

“La nueva investigación consiste en determinar una vez más la licitud de los recursos depositados en Andorra. Y nos investigan a las mismas personas, a la familia Beltrones y a mí, por los mismos hechos. Se están violando derechos fundamentales. Este es un caso juzgado y resuelto. Todo quedó ya aclarado”, indicó Capdevielle Flores a El País.

Siempre según el mismo rotativo, una de las primeras diligencias de la FGR fue solicitar a la jueza de Andorra las cuentas de Beltrones Sánchez, de su madre y de Capdevielle Flores, mediante el envío de una comisión rogatoria [procedimiento de colaboración judicial entre países].

Sin embargo, según El País, en un intento de impedirlo, Capdevielle Flores presentó una petición de amparo ante una juez mexicana, que aceptó parcialmente su solicitud alegando que los hechos ya habían sido juzgados y archivados.

La magistrada dictó entonces suspensión de la petición de información a Andorra, pero determinó que la investigación de la FGR mexicana podía continuar, por lo que en los próximos meses celebrará una audiencia, en la que deberá pronunciarse sobre la legalidad de las pesquisas del Ministerio Público, indicó el diario español.

Según la investigación de El País, el 30 de diciembre de 2009, Capdevielle Flores traspasó a la cuenta de la BPA de la hoy senadora priista, un total de nueve millones de dólares, dinero que llegó una semana después de que el editor cobrara en el banco andorrano 10 mdd de Videoserpel LTD, una firma suiza de Zug, misma que gestionaba los derechos de programas y marcas cedidos por Grupo Televisa.

Capdevielle Flores -quien presidió entre 2003 y 2007 la Asociación de Editores de Periódicos, Diarios y Revistas de la República Mexicana (AEDIRMEX)-, sostiene que el dinero procedía de la venta a Televisa por 10 millones de dólares de la marca de la publicación Aviso de ocasión, una sección de clasificados donde se vendían automóviles y propiedades.

Según El País, en su momento, la jueza andorrana del caso situó el pago de la filial de Grupo Televisa a Capdevielle Flores como una supuesta comisión a Beltrones Rivera, en compensación por la denominada ‘Ley Televisa’, una norma aprobada por unanimidad en 2006 -tres años antes de los pagos- y que introdujo importantes modificaciones a la Ley Federal de Radio Televisión y a Ley Federal de Telecomunicaciones.

Sin embargo, Capdevielle Flores le aseguró a la BPA, que la actual senadora priista fue su socia al 50 por ciento en la empresa de decoración Habica S.A., desde el 2003, siete meses después de su creación y cuando la hoy parlamentaria tenía 20 años de edad. No obstante, según El País, Beltrones Sánchez no mencionó su vínculo con esta firma, hoy inactiva, en su declaración patrimonial ante la Cámara alta.

“Los dos éramos socios. Habíamos vendido Habica. Yo me divorcio. Transferí mis recursos a Sylvana en custodia y luego me los devolvió cuando se dictó la sentencia de divorcio. No conocía a nadie más en el banco y decidí pasárselos a ella”, aseguró Capdevielle Flores al rotativo español, versión que fue confirmada por la propia Beltrones Sánchez.

“La dirección de Habica se registró en el número 145 del Bulevar de los Virreyes, en Las Lomas de Chapultepec, una de las zonas más exclusivas de Ciudad de México. La dirección coincide también con la ubicación de los Consultores Jurídicos Alesy, el despacho de abogados de Capdevielle que dio a Sylvana Beltrones su primer trabajo como asociada tras salir de la universidad, donde revisaba y formulaba contratos entre 2010 y 2013, según detalló en su ficha al acceder al cargo de diputada federal”, indicó El País.

“El editor dijo a la juez que su amistad con Beltrones se remonta a 32 años y que conoce a su hija desde la infancia. Otra cuenta en Andorra se abrió también a nombre de Consultores Jurídicos Alesy S.C.”, agregó el medio español.

“La jueza andorrana Mingorance, sin embargo, incidió en que una cosa era el local vendido y otra el negocio de decoración que acogió el edificio. El dueño del local era una sociedad exclusivamente de CapdevielIe, por lo que la magistrada destacó que ‘no hay documentación’ para acreditar la relación de Sylvana Beltrones y la firma dueña local”, abundó el rotativo.

“La cuenta personal en la BPA de la senadora permaneció abierta entre el 9 de marzo de 2009 y el 14 de diciembre de 2011. La política del PRI cerró entonces su depósito, traspasó sus productos financieros y 850.555 dólares a Capdevielle, que dio en ese momento plenos poderes en su cuenta a la hija de Manlio Fabio Beltrones. Según el editor, Sylvana le transfirió todo el dinero que le había dejado bajo ‘custodia'”, indicó El País.

“Joan March Masson, ex responsable de la BPA en México y gestor de las cuentas de la familia Beltrones, explicó a la juez en enero de 2016 que la senadora traspasó la mayor parte de sus fondos al editor para proteger su anonimato. ‘Beltrones es una familia muy conocida en México y [la senadora] no sabía qué repercusiones podía tener el hecho que se conociera su cuenta en el extranjero’, indicó el ejecutivo”, señaló el diario.

El pasado 8 de enero de 2020, la juez andorrana aceptó la petición de información del Ministerio Público mexicano respecto a los Beltrones y Capdevielle Flores. La magistrada decretó “el control bancario” de todos ellos y ordenó el secreto de sus actuaciones.

Ante ello, el abogado de Capdevielle Flores pidió a la magistrada andorrana que no contestara a la solicitud de la FGR, “por tratarse de información privada e íntima”, por lo que la juez aceptó la solicitud del ex diputado federal el pasado 11 de agosto, hasta que las autoridades mexicanas “aporten una copia legalizada” de su reclamación.

El rotativo español informó que el 24 de noviembre del 2020, una juez mexicana dio entrada a una demanda de amparo presentada por Capdevielle Flores contra la comisión rogatoria remitida por la FGR a Andorra, por la que se suspende “la ejecución del requerimiento de datos” al Principado.

No obstante, la jueza andorrana indicó que esta suspensión “no implica la paralización de la investigación del Ministerio Público”. Por su parte, Capdevielle Flores argumentó que la comisión rogatoria de la FGR se aprobó “sin autorización judicial”.

“La jueza mexicana que estudió la petición de amparo del editor celebrará en los próximos meses una audiencia constitucional en la que deberá pronunciarse sobre la legalidad de la nueva investigación de la fiscalía de México”, adelantó El País.

El diario español recordó que Beltrones Sánchez se suma a la nómina de dirigentes y personalidades próximas al PRI que recurrieron en la última década a la BPA para ocultar sus fondos, entre ellos, el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, que refugió 1.5 mdd, y a los ex diputados Oscar Javier Lara Arechiga (seis millones) y Francisco Arroyo Vieyra (un millón), “este último fue compañero de bancada de Manlio Fabio Beltrones en la LIX Legislatura”.

IMPLICADOS NIEGAN LAS IMPUTACIONES

“Tengo más de 40 años de privilegio de servir públicamente. Cuando uno está en política es inevitable que le investiguen. He pasado por varias investigaciones. Sin problema. He salido de ellas con la frente en alto. No me preocupa”, dijo Beltrones Rivera al diario español.

“Cada vez que un Gobierno inicia un combate político, hay una investigación. No será la primera vez ni la última que se investiga a un político […] Son hechos ya investigados y archivados anteriormente y concluirán igual”, agregó Beltrones Rivera, quien afirmó que no ha sido notificado de la investigación por parte de la FGR.

“Es ridículo y falso que se pueda haber hecho [el pago de Televisa a Capdevielle Flores]. No teníamos mayoría en el Congreso. Además, he tenido momentos de fricción con las televisiones cuando reformamos la ley electoral y les quitamos el derecho de vender publicidad a los partidos. Aquella fue una reforma de gran calado que nos costó muy cara”, añadió el ex dirigente nacional priista.

“La senadora Sylvana Beltrones también lo niega y afirma a este periódico que abrió su cuenta en la BPA en 2009 para cobrar un dinero que le debía el editor tras la disolución de la tienda de artículos del hogar Habica que gestionó con él en Ciudad de México. Y añade que ingresó en 2009 en el país pirenaico nueve millones de dólares porque Capdevielle le ‘pidió’ que custodiara sus fondos al estar inmerso en una demanda de divorcio. La parlamentaria rechaza que sus millonarias cuentas andorranas tengan que ver con supuestas gestiones de su padre”, se lee en El País.

PERFILES DE LOS BELTRONES, SEGÚN EL PAÍS

En su publicación, el diario español recordó que Beltrones Rivera fue líder de los grupos parlamentarios del PRI en ambas cámaras del Congreso de la Unión, siendo “el gran operador en la sombra que facilitaba el tránsito de las iniciativas y quien construía acuerdos que permitían las mayorías”.

“Desde diciembre de 2012 y hasta mediados de 2015 fue fundamental como cabeza de la bancada para sacar con éxito el ambicioso programa de reformas impulsado por el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), entre ellas la reforma energética”, agregó el rotativo.

“En agosto de ese año se convirtió en presidente del PRI […] La formación perdió en junio de 2016 en las elecciones intermedias de junio 7 de las 12 gubernaturas en juego, cuatro de ellas en Estados que siempre había gobernado. Esto significó la salida de Beltrones”, rememoró El País.

“Desde su caída, se alejó de los principales escenarios de la política. Su última polémica se remonta a 2017, cuando fue arrestado el que fuera su adjunto en la presidencia del PRI, Alejandro Gutiérrez [Gutiérrez], por pertenecer a una presunta trama [operación Zafiro]”, recordó el diario.

Dicha operación “desvió 12.6 millones de dólares a través de gobiernos locales para favorecer a la formación en las elecciones locales de 2016. Beltrones defendió entonces a su ex colaborador [secretario general adjunto] y rechazó la existencia del supuesto esquema de financiación ilegal”.

Por otra parte, El País señaló que que Beltrones Sánchez es abogada por la Universidad Iberoamericana (UIA) y que inició su trayectoria política en marzo de 2010, como coordinadora de programas de Estrategia y Difusión en la Secretaría General del PRI, cuando su presidente era Jesús Murillo Karam.

En enero de 2013, ya durante la presidencia de Enrique Peña Nieto, la joven se convirtió en directora del Fondo Nacional de Fomento al Turismo[FONATUR), cargo que dejó en mayo del 2014, para preparar su campaña como legisladora.

Luego, en 2015, se convirtió en diputada federal por Sonora, curul a la que llegó por la vía plurinominal. En febrero de 2018 pidió separarse del cargo. Después se convertiría en senadora por de primera minoría, ya que Morena ganó las elecciones en dicha entidad.

“En su declaración patrimonial, la funcionaria evitó hacer públicos sus datos. Tampoco añadió información sobre presuntos conflictos de interés. La negativa se mantuvo en dos modificaciones más de su declaración, una obligación para los funcionarios públicos”, indicó El País.

BELTRONES SE AMPARÓ POR PRESUNTO DESVÍO EN CHIHUAHUA: AMLO

El 12 de diciembre del 2019, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que Beltrones Rivera solicitó un amparo ante una posible orden de aprehensión, por el supuesto desvío del erario al Gobierno de Chihuahua.

“Sí, es la solicitud de un amparo, que tiene él desde luego derecho a solicitar y a que se le otorgue, en su casos si así lo decide la autoridad competente, por el asunto de Chihuahua, lo que viene de la investigación contra [César] Duarte [Jáquez]”, comentó el mandatario nacional.

“Es lo que hoy me informaron de la Consejería Jurídica. Nada más eso. Es una solicitud de amparo, creo que ya lo había hecho anteriormente y hoy volvió a recurrir a este mecanismo”, indicó el presidente durante su conferencia de prensa matutina.

Cuestionado sobre si dicha indagatoria tenía una vertiente política, el político tabasqueño señaló que: “todo es político, el que dice que no es político, pues no sabe lo que realmente dice, el que incluso de jacta de ser analfabeta político, no sabe lo que dice”.

El 8 de enero del 2019 se dio a conocer que político sonorense tramitó un amparo ante autoridades judiciales federales, contra una posible orden de aprehensión en su contra por parte de la FGR.

Ello por la investigación sobre el presunto desvío de recursos públicos, por al menos 250 millones de pesos, que el Gobierno de Duarte Jáquez trianguló con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), con el supuesto aval de Luis Videgaray Caso, para impulsar las campañas estatales del PRI del 2016, en Chihuahua, Veracruz y Quintana Roo.

BELTRONES NEGÓ LAS ACUSACIONES EN SU CONTRA POR CASO CHIHUAHUA

El 22 de diciembre del 2018, Beltrones Rivera aseguró que ni funcionarios del Gobierno de Chihuahua con Duarte Jáquez ni integrantes del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI, estuvieron involucrados en el presunto desvío de recursos por 250 millones de pesos, cuando él fue presidente del partido, entre agosto de 2015 a julio del 2016.

Además, Beltrones Rivera acusó que la detención de Gutiérrez Gutiérrez, fue un acto de “abierta violación a sus derechos fundamentales, sin citatorio previo, ni medios de defensa, para intentar incriminarlo o incriminar a otras personas en una trama conspiratoria que bien podría ser una novela, pero no tiene bases en la realidad”.

“Lo que es verdaderamente grave es que se está cometiendo un daño moral deliberado por las autoridades del Estado de Chihuahua, en busca de notoriedad política o de condenas mediáticas que no caben ya en nuestro sistema jurídico”, precisó Beltrones Rivera.

El político sonorense explicó que, si hubo un desvío de recursos, fue una cuestión de la SHCP y del Gobierno de Chihuahua, no de quien ocupó la presidencia nacional del PRI “en esa época”, es decir, de él mismo.

BELTRONES SE AMPARA POR CASO CHIHUAHUA

A principios de enero del 2018, Beltrones Rivera tramitó un amparo ante las autoridades judiciales federales, contra cualquier orden de aprehensión en su contra, derivada de la carpeta de investigación 1/16-UIESP2, sobre el presunto desvío de 250 millones de pesos de recursos públicos en Chihuahua, Veracruz y Quintana Roo, para las campañas electorales del 2016.

Juan Ramón Collado Mocelo, entonces abogado de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, exsecretario general adjunto del PRI, informó en entrevista con Radio Fórmula, que la defensa de Beltrones Rivera interpuso dicho amparo para evitar que sea detenido “de forma arbitraria”, tal como, dijo, se hizo con su cliente.

El litigante -hoy preso, ex abogado de Raúl Salinas de Gortari y del ex gobernador Eugenio Hernández Flores- informó que a Gutiérrez Gutiérrez lo han torturado y le han ofrecido ser testigo protegido para que declare contra funcionarios federales, como el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Luis Videgaray Caso, y contra su ex jefe, Beltrones Rivera, entre otros.

Gutiérrez Gutiérrez fue imputado formalmente por un supuesto desvío, derivado de una triangulación de recursos públicos, entre el gobierno de Chihuahua, encabezado por el ex gobernador César Horacio Duarte Jáquez; el PRI nacional, encabezado por Beltrones Rivera; y avalado por la SHCP, entonces encabezada por Videgaray Caso.

Según información del diario Reforma, el Gobierno de Duarte Jáquez presuntamente contrató cursos educativos que nunca se otorgaron, para desviar 250 millones de pesos hacia el CEN del PRI, según con el testimonio de Jaime Herrera Corral, exsecretario de Hacienda de Chihuahua.

Este lunes, el actual gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, informó en una conferencia de prensa, que el Gobierno Federal, entonces encabezado por Enrique Peña Nieto, llevaba a cabo una represión contra su estado, por las investigaciones que lleva a cabo sobre probables delitos de corrupción del ex mandatario estatal, Duarte Jáquez, y de posible desvío de recursos al PRI.

Corral Jurado también confirmó que Beltrones Rivera había tramitado tres amparos frente la justifica de Chihuahua, ante una posible orden de aprehensión, para no ser citado en la investigación y por el derecho de acceso al expediente.

El gobernador de Chihuahua rechazó, además, que se estuviera torturando al ex secretario general adjunto del PRI, para que declarara contra políticos priistas, tal como lo denunció Aurelio Nuño Mayer, coordinador de precampaña de José Antonio Meade Kuribreña.

Corral Jurado también dijo que el ex senador y ex diputado federal es el único imputado formalmente por el desvió de 250 mdp del erario público. El 20 de diciembre del 2017, la Policía Federal y la Policía de Chihuahua detuvieron a Gutiérrez Gutiérrez, en Torreón, Coahuila.

El diario Reforma informó que Beltrones Rivera solicitó a una juez federal un amparo contra cualquier orden de aprehensión que pudiera ser girada en su contra por la justicia de Chihuahua.

Ante ello, María Dolores Núñez Solorio, Juez Cuarto de Distrito en Amparo de la Ciudad de México, admitió a trámite el juicio de garantías 1110/2017, donde el sonorense también pidió ser protegido ante cualquier orden de comparecencia o citatorio del Ministerio Público estatal.

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