El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Baja California, Alejandro Fragozo López, afirmó que el gobierno del estado, encabezado por Jaime Bonilla Valdez, no otorgó recurso al Poder Judicial para la implementación de la reforma laboral en la entidad, ajuste que habrá de proceder en octubre.
“Pedimos para la reforma laboral 180 millones (de pesos), me dieron cero, no me dieron un centavo”, indicó el magistrado este miércoles 10 de marzo en sesión del grupo Unidos por Tijuana, en la que sostuvo que para afrontar ese faltante el Tribunal Superior tuvo que concursar para obtener un recurso federal.
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“Nosotros concursamos, entregamos los papeles, el lunes entregamos los documentos para aspirar a un recurso federal de la Secretaría del Trabajo, hemos estado mandando documentos, sí tiene su ciencia reunir los requisitos”.
Mencionó que el monto solicitado se ejercerá de manera inicial en la implementación del nuevo esquema laboral.
“Si nosotros obtenemos esos 32 millones para el recurso, habíamos solicitado 160 y vamos a empezar con 40, qué fue lo que hicimos, crear una estructura temporal, por 6 meses, a veces lo temporal es más firme que lo definitivo, van a ser tres tribunales laborales, con tres jueces en Tijuana, dos jueces en Mexicali y un juez en Ensenada”.
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Tal como lo explicó la secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, en una visita que hizo a Tijuana en febrero, el magistrado recordó que “a partir del día primero de octubre todos los asuntos laborales se van a ir al Poder Judicial del Estado”; con lo que desaparecerán las Juntas de Conciliación y Arbitraje.
Según detalló, los casos “van a ingresar por un Centro de Conciliación que depende del Ejecutivo y después si no concilian en 45 días van a pasar” al Poder Judicial.
“Todo tipo de derecho, individual y colectivo lo va a llevar el Poder Judicial y ahorita nosotros ya estamos en proceso de capacitación”, aseveró.
De acuerdo con el presidente del TSJ, el 1 de marzo “se llevó a cabo el concurso para aspirar a ser juez laboral en el tribunal”, nombramiento que “lleva una capacitación inmersa”.
Fragozo López, igualmente precisó que “para Tijuana se inscribieron 20 aspirantes para esas tres plazas, en Mexicali se inscribieron 50 y Ensenada se inscribieron 3″.
Agregó que “el día de ayer se abrió la convocatoria para secretario instructor” y que “van a ser exactamente los mismo niveles que los de juez”.
A decir del magistrado, en Tijuana el tribunal laboral con dos salas se va a ubicar “donde están los juzgados penales”; en Ensenada “donde están los civiles” y en Mexicali, “donde está el Instituto de la Judicatura”.
El abogado ensenadense recalcó que el acondicionamiento para habilitar semejante esquema se va a solventar con el recurso solicitado a la Secretaría del Trabajo federal, encabezada por Alcalde Luján.
Para la implementación de la reforma el gobierno del estado estaba obligado a cuando menos dar una parte del recurso a ejercer en esa modificación. Sobre el hecho de que la administración encabezada por Bonilla Valdez no haya otorgado el financiamiento que se le solicitó, Fragozo López refirió a pregunta expresa de ZETA: “Desconozco. Sí desconocemos. Se nos hizo algo muy increíble que no nos hayan dado recurso, sobre todo (siendo) un compromiso ineludible, a fuerzas. Es como la transparencia de las sentencias. El 1 de octubre todas las sentencias van a estar en internet, todas van a estar en línea y es algo que tenemos que hacer. Pero no nos dieron. Normalmente cuando no te dan lo único que te dicen es no hay recurso y no te justifican por qué para cada cosa no te dan recurso”.
En cuanto al financiamiento que se le solicitó a la STPS, expuso: “Según palabras que me dijo a mí la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, a finales de abril, mayo, si reunimos los requisitos en marzo, empieza a llegar el recurso, porque nosotros tenemos que hacer las modificaciones o las instalaciones mucho antes de junio, porque tienen que estar para agosto y sí es construir algunas cosas, sí es modificar”.
Finalmente reveló que el Tribunal Superior va a aportar cerca de 9 millones de pesos para echar a andar la reforma y que el nuevo esquema comenzará a funcionar con una plantilla de entre 35 y 40 personas.
