Fiscalía retrasa caso

La Fiscalía General del Estado de Baja California lleva la causa penal 00175/2021, NUC 04-2020-35234 por homicidio calificado en grado de tentativa y abuso de autoridad, contra Arturo González Cruz, alcalde de Tijuana con licencia y tres de sus colaboradores. Le habían citado para una audiencia de imputación el 4 de marzo, pero eso fue previo a que González solicitara licencia y le dejara a Bonilla el campo libre en la alcaldía de Tijuana. Ahora resulta que el Ministerio Público está retrasando el proceso. De hecho, también lo obstaculizan. Desde finales de enero, los cuatro ex funcionarios solicitaron una video audiencia para que al Ministerio Público le fuera recordada la obligación -que conoce- de facilitar una copia del expediente para que ellos conozcan los cargos en su contra. Se citó para el 15 de febrero, pero nada. La ministerio público Dulce Carrillo no se conectó a la audiencia. La jueza le dio un plazo de 48 para una nueva audiencia, pero de nueva cuenta el MP no atendió. Por tal motivo, la juzgadora ordenó multar a Carrillo, al director de Homicidios, Enrique Sánchez, y al fiscal central Hiram Sánchez. No importó. La FGE siguió ignorando el llamado del Poder Judicial, y en una tercera audiencia fallida, decidieron alargar el proceso y poner la cita para darles acceso a la copia del expediente el viernes 26 de febrero, nueve días antes del 4 de marzo, fecha original de la audiencia de imputación. Pero el 26 de febrero, de nueva cuenta la fiscalía no acudió al llamado de la jueza. Con este juego de la FGE, lograron que la juzgadora fechara la audiencia general para el 13 de mayo, y la de imputación para el 4 de junio, justo dos días antes de la elección. Es evidente que la investigación contra el alcalde de Tijuana con licencia fue una treta política, primero para “sacarlo” de la contienda por la candidatura al Gobierno del Estado, y después para quitarle lo que con votos ganó: la presidencia municipal. El caso que le señalan fue ventilado por el mandatario Jaime Bonilla, ante lo cual la FGE arreció con la investigación en el proceso que ahora retrasa.