Ciertamente, promover reformas constitucionales, es una de las facultades que el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, prometió usar desde la campaña, cuando anunció, entre otras, la reforma al Artículo 108 para eliminar el fuero; al 127 para que nadie gané más que el mandatario; y al Artículo 4, para dar rango constitucional a los programas sociales.
En diciembre de 2020, el senador Ricardo Monreal presumió cómo “en tan solo dos años”, la mayoría morenista en el Senado de la República “ha consolidado constitucional y legalmente, la Cuarta Transformación de la vida pública del país”, aprobando 17 decretos de reforma a la Constitución, 25 nuevas leyes y otros 228 decretos a las bases jurídicas. Pero es públicamente conocido que su agenda legislativa es más ambiciosa.
El problema es que al mandatario y al gabinete federal les faltan abogados constitucionalistas y asesores, o están excedidos de soberbia. Porque si bien existe la posibilidad de hacer reformas constitucionales, incluso para aumentar el poder de los gobiernos, la Carta Magna establece los procedimientos, disposiciones, procesos legislativos y principios en el marco para generar estos cambios, sin violentar el Estado de Derecho. Pero AMLO prefiere intentar forzarlos.
El Presidente tiene prisa, y cuando se da cuenta que a pesar de su mayoría en el Congreso los candados legales lo frenan, en lugar de “guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen”, busca la forma de sacarle la vuelta y adecuarla a sus deseos.
“Al margen de la Ley, nada; por encima de la Ley, nadie”, repite cada que puede el mandatario federal entre loas y aplausos, pero ese discurso se contrapone a las acciones, mientras intenta imponer las propuestas presidenciales, por encima de los preceptos constitucionales.
El ejemplo más “reciente” de ello, es la controvertida reforma a la Industria Eléctrica, que primero intentó establecer a través del “Decreto Nahle” -bautizado así por el apellido de Rocío, la secretaria de Energía-, publicado el 15 de mayo de 2020 en el Diario Oficial de la Federación (DOF), bajo el título Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN).
El decreto fue invalidado el 4 de febrero de 2021 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación -4 contra 1-, por violar el marco Constitucional en materia de libre competencia, sustentabilidad, operación de la industria eléctrica y transición a energías limpias.
Le dijeron que, como la estaba planteando, su propuesta era inconstitucional y no le importó. Decidió plantear lo mismo, pero lo rebautizó como Ley de la Industria Eléctrica (LIE), e hizo que su mayoría en el Poder Legislativo la aprobara en fast track con un Artículo Transitorio agregado, pese a que les repitieron que estaban violentando la Constitución.
Esta vez, el 5 de febrero, Neil Herrington, vicepresidente senior de la Cámara de Comercio de la Unión Americana (AmCham) para las Américas, advirtió que la Ley contravenía los compromisos de México en el tratado comercial con Estados Unidos y Canadá, al promover un monopolio en el sector eléctrico, limitar el acceso a energía limpia y el aumento en el costo de la electricidad.
Las empresas que se consideraron afectadas, promovieron la suspensión de la LIE ante los Juzgados de Distrito, Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, a la fecha se han concedido decenas de suspensiones provisionales, siendo el principal argumento “que viola la libre competencia” al privilegiar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), también los derechos a la salud y un ambiente limpio.
El primer juzgador en concederlas fue Juan Pablo Gómez Fierro, quien ganó una campaña pública de desprestigio por parte del Ejecutivo federal, que después canalizó como queja ante el Consejo de la Judicatura.
Ante los nuevos rechazos a su propuesta y la insistencia de que es inconstitucional, AMLO decidió ir al origen: “Nosotros somos muy perseverantes. ¿Qué va a pasar si declaran inconstitucional la Ley? Va la reforma a la Constitución. ¿Que necesitamos dos terceras partes para aprobar una reforma constitucional? Pero que lo decida el pueblo, además, qué bien que vienen elecciones, porque por eso ellos están apostando a que no tengamos mayoría en la Cámara de Diputados, para seguir manteniendo privilegios”, expresaría el 17 de marzo.
Pero como en teoría, la Carta Magna es una pieza que se debe interpretar sistemática y armónicamente como un todo, en el que los artículos no deben contradecirse unos con otros, además de permitir los monopolios, las reformas a las que aspira López Obrador consentirían las afectaciones a la salud y al medio ambiente, la afectación a los derechos adquiridos de la Iniciativa Privada y que, en adelante, las reformas se aplicaran de manera retroactiva.
Para esta misión, necesita los votos de las dos terceras partes de la Cámara de Diputados y la de Senadores, y el apoyo de 17 legislaturas estatales -la mitad más uno-, con una Cámara baja y gobiernos estatales que serán electos en el proceso del 6 de junio.
En este punto, mientras los empresarios evidentemente intentan proteger sus intereses económicos adquiridos, y el Gobierno Federal busca que la CFE sea -con dudosa autosuficiencia- la principal proveedora de energía, aunque sea un fósil que daña al medio ambiente, la salud y contraviene acuerdos internacionales para dar marcha atrás a los contratos “ventajosos y corruptos” hechos por gobiernos anteriores con la IP, los cuales comprometen cientos de miles de millones del erario en subsidios y obras para favorecer a empresas, parece que lo que menos importa son los usuarios.
Ante la insistencia del Presidente, esa será la responsabilidad que tendrán los diputados federales y locales recién electos después de junio. En su análisis, deberán ir más allá de los deseos de AMLO y de los intereses empresariales, porque su obligación es crear una alternativa que proteja el erario, que pugne por el bien, la prosperidad y la salud de los mexicanos, que garantice el servicio de energía eléctrica y las tarifas de más bajo costo para los ciudadanos.
