A casi año y medio de iniciada la administración del gobernador Jaime Bonilla Valdez, no ha podido levantarse de la deuda en obra pública que dejó su antecesor; en realidad, la ha incrementado. La Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenamiento Territorial, encabezada por Karen Postlethwaite, permitió el aumento el déficit presupuestario al ordenar una serie de estudios de proyectos que, sumados con el adeudo que dejó el ex mandatario Francisco Vega de Lamadrid, llega a 45 millones de pesos. Una de las empresas contratada por Bonilla es acusada de varios desfalcos de Pemex, a la que se comprometió a pagar 209 millones de pesos… pero aún le debe 23
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Lejos de reducir el adeudo que el Gobierno del Estado sostiene con proveedores de obra en Baja California, el mandatario Jaime Bonilla Valdez ha incrementado los compromisos con constructoras y empresas especializadas en el estudio de proyectos.
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Según el último corte realizado por la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenamiento Territorial (SIDURT), encabezada por la arquitecta Karen Postlethwaite, actual precandidata a la alcaldía de Mexicali, la dependencia debe 45 millones 145 mil 554.21 pesos por concepto de adeudos heredados y compromisos adquiridos durante el primer año de gestión del Ejecutivo estatal.
De esa cantidad, 14 millones 863 mil 186.28 pesos corresponden a la pasada administración del panista Francisco Vega de Lamadrid; el resto -en su mayoría- a estudios de obra, es decir, diseño de proyectos y no precisamente una construcción como tal.
El más destacado entre todos es el Estudio y Proyecto Ejecutivo para la Construcción del Viaducto Elevado Aeropuerto El Soler de Tijuana, por el que el gobierno de Jaime Bonilla Valdez erogó más de 200 millones de pesos, de los cuales aún se deben 23 millones 900 mil 775.26 pesos.
En una de sus transmisiones vía Facebook, el gobernador aseveró que dicha obra se ejecutaría con recursos exclusivamente privados, los cuales superarían los 5 mil millones de pesos. Lo que no dijo es que el estudio representó un cargo importante al erario, para beneficiar a una empresa llamada Conjunto de Servicios Industriales, SA de CV, la cual salió a la luz como parte de los negocios señalados como herramientas de desfalco de Petróleos Mexicanos (Pemex) durante la gestión de Emilio Lozoya Austin, actualmente sometido a proceso judicial por señalamientos de corrupción en la entrega de contratos.
El presupuesto de obra asignado a SIDURT durante 2020 fue de 751 millones 222 mil 493.58 pesos, de los cuales más de 200 millones fueron para el proyecto del viaducto de Tijuana.
La mayoría de las empresas ya fueron liquidadas, pero aún registran adeudos de poco más de 30 millones de pesos a aquellas que llevaron a cabo obras y estudios sobre diversos proyectos. La SIDURT informó que un total de 26 permanecen temporalmente suspendidas, en espera del refrendo para cubrir o avanzar los proyectos durante 2021, lo cual ocurrirá en próximas semanas.
EMPRESA LIGADA A DESFALCO DE PEMEX
Uno de los proyectos más importantes del bienio de Jaime Bonilla Valdez, es la construcción del viaducto del Aeropuerto de Tijuana, el cual costará alrededor de 5 mil 500 millones de pesos, a pagarse con inversión privada, según anunció el gobernador el 27 de febrero durante su habitual transmisión en vivo.
Presumió que dicha obra no costaría a los bajacalifornianos y se convertiría en un gran proyecto que mejoraría la actividad económica, la movilidad y en una gran postal para la imagen urbana.
Lo que no dijo es que en abril del 2020, el Poder Ejecutivo firmó un contrato con la empresa Conjunto de Servicios Industriales, SA de CV para llevar a cabo el proyecto ejecutivo con un costo de 209 millones 191 mil 339.34 pesos, por el cual se otorgó una inversión inicial de poco más de 115 millones de pesos.
ZETA tuvo acceso al contrato signado entre la SIDURT y la empresa fundada en julio de 1993 en Tampico Tamaulipas, cuyo representante legal es Enrique Fragoso Méndez, y su propietario Erik Walter Legorreta López, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria del Petróleo (AMIPE).
Su página de internet no muestra actividad desde 2012 y su diseño es sumamente rústico; no cuenta con contactos telefónicos ni novedades de la empresa. En el apartado de Ubicación, refiere que cuenta con presencia en varias entidades, entre estas Mexicali, mas no define domicilios.
Tras una revisión se pudo constatar que Conjunto de Servicios Industriales, SA de CV cuenta con más de 30 contratos con la empresa pública Pemex desde la administración de Felipe Calderón Hinojosa, pero se potencializó desde la de Enrique Peña Nieto, cuando Emilio Lozoya Austin era director de la institución y se encuentra bajo proceso judicial por acusaciones de corrupción en la entrega de contratos irregulares para la expropiación y construcción de inmuebles para Pemex.
En el informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), contrato 640905805, se evaluó el desempeño de dicha empresa en el proyecto Terminación de la Ingeniería, Procura, Construcción y Puesta en operación de los Procesos de Separación, Estabilización, Deshidratación y Desalado de Crudo. Tratamiento e Inyección de Agua Congénita en la Batería de Cárdenas Norte, a cargo de Pemex en 2015, cuyo monto ascendió a 608 millones 750 mil pesos y tuvo dos convenios modificatorios que incrementaron el costo a 760 millones de pesos.
La ASF detectó irregularidades que van desde el arrendamiento irregular de equipo y maquinaria, donde se presumió el desfalco de 75 millones de pesos, el pago de 56 millones de equipo que ya había sido suministrado hasta el otorgamiento no considerado de capacitaciones, entre otras cuestiones, lo que dio un total de un daño al erario por 136 millones 421 mil 617.77 pesos.
Como este, existen múltiples señalamientos de corrupción, falsificación de documentos e investigaciones internadas de la misma empresa pública sobre irregularidades en la entrega de obras.
Pese a este antecedente, el gobierno bonillista erogó -por medio de adjudicación directa- un monto superior a 209 millones de pesos en beneficio del negocio, al que se le otorgó más de la mitad del anticipo desde que se signó el contrato.
En una solicitud de transparencia realizada por este Semanario, la SIDURT reconoció cubrir la mayor parte del pago a Conjunto de Servicios Industriales, SA de CV, dejando un adeudo pendiente de 23 millones 900 mil 775.26 pesos.
El Estado y la empresa se comprometieron a terminar su relación en agosto de 2020, pero aun así, el adeudo permanece.
Reportes periodísticos locales en Tabasco, reportaron manifestaciones en contra de Legorreta Pérez por presuntos desfalcos millonarios a través de la empresa antes mencionada.
LAS OTRAS EMPRESAS
El arrastre financiero que lleva consigo Karen Postlethwaite, ronda en los 45 millones de pesos. De estos, 26 millones 451 mil 287.64 pesos por concepto de estudios y proyectos, lo cual quiere decir que son trabajos de diseño previos a la construcción como tal.
El resto son adeudos medianos y pequeños de la administración de Francisco Vega de Lamadrid y algunos millones del actual gobierno.
Entre estos, destaca el adeudo del proveedor Juan José González Ramírez, que por tres contratos debe pagar más de 8 millones de pesos; Constructora JILSA, SA de CV, a quien le deben 2 millones 421 mil 384.46 pesos de los 74 millones por la construcción del Centro de Justicia Penal de Tijuana; Pavimentaciones Integrales, S de RL de CV, que erogará un millón 914 mil 730.51; y Stratum Ingeniería Geotécnica y Mecánica de Suelos, SA de CV, a quien le deben el proyecto de Estudios Integrales de Mecánica de Suelo y Geotecnia de la colonia Alfonso Ballesteros de Tijuana, por un monto de 1.36 millones de pesos.
Al respecto, Karen Postlethwaite, aseveró que se cuenta con pasivos derivados de la pasada administración, los cuales han ido subsanándose poco a poco, lo que ha permitido cumplir con la obra pública pendiente.
“Hay diferentes en todo el Estado, desde un puente peatonal en el Bulevar 2000, parte de la Uneme, el Río Nuevo, no me acuerdo ahorita todas, la más grande es la del Bulevar García en Tijuana y el Del Prado en Tijuana, también”, refirió la funcionaria.
Actualmente se tiene “paralizadas” 26 obras por refrendo, ya sea por pago atrasado o suspensión temporal, lo cual será solucionado en próximas semanas.
LAS GRANDES OBRAS DE “KIKO”, EN LITIGIO
Doce empresas que iniciaron obras en la pasada administración se encuentran en litigio por diversas cuestiones, desde impagos y facturas irregulares, hasta falta de documentación que acredite el expediente de obra.
“Hay obras como el parque de Playas de Tijuana, de 2016, y viene arrastrándose en cuatro etapas, tiene muchos problemas administrativos, los hospitales, de la administración anterior, que también tiene problemas judiciales; le toca al área jurídica para arrancar obras”, se informó.
Estas obras representan un gran riesgo porque podrían generar adeudos millonarios que finalmente tendrían que pagarse del erario bajacaliforniano.
Los proyectos en litigio son:
Constructora Robles, SA de CV. Adecuación de la pista de patines de velocidad y patinaje artístico de la Unidad Deportiva Valle Dorado.
Proyectos y Construcciones Sur, SA de CV. Hospital de Especialidades de Mexicali.
ABEQU, SA de CV. Hospital de Especialidades de Mexicali.
UR Obras y Servicios, SA de CV; Raia, S de RL de CV; Cauro Construcciones y Servicios, SA de CV y Proyectos e Instalaciones de las Américas, SA de CV. Construcción de edificio con unidades de investigación, archivo, sala de juntas y servicios generales en Mexicali.
Tecnología Urbana del Noroeste, SA de CV. Construcción de la primera etapa del Malecón de Rosarito.
Hiram Gustavo Arroyo Rojas. Construcción de ciclovía y vitapista en el Centro de Activación Comunitaria de San Quintín.
Héctor Daniel Chávez Pérez. Estancia Infantil de Ensenada.
Constructora HGAR. Red en frío de Isla de Cedros en Ensenada.
MFN Multiservicios. Habilitación y equipamiento de parque público de Playas de Tijuana.
Ingeniería Especializada en Obra Civil, SA de CV. Habilitación y equipamiento de parque público de Playas de Tijuana.
ARCA Pacífico, SA de CV. Construcción del puente vehicular sobre Carretera Federal 5.
Construcción y Mantenimiento de Pavimentos, SA de CV. Rehabilitación de diversas vialidades de Tijuana.
