Esta semana se desmanteló parte de la oficina central de Recaudación de Rentas, ubicada en el Centro de Gobierno del Estado en Zona Río, debido a que a partir del próximo 16 de marzo se atenderán a sus usuarios en las nuevas instalaciones, en la Zona Este de Tijuana.
A finales del mes de febrero, los representantes de los burócratas sostuvieron una reunión con el Oficial Mayor Adalberto González, en la cual lograron establecer un acuerdo que dejó conforme a los empleados por un par de días: se suspendía la mudanza hasta que las condiciones de las nuevas instalaciones fueran óptimas para la reubicación.
El caso específico fue de los empleados del área a cargo de González, quienes ya habían recibido un oficio general para que a partir del 28 de febrero acudieran a las instalaciones del World Trade Center, donde se contempla que sea su nuevo centro laboral.
Los representantes expusieron que en el área donde se pretende hacer la reubicación no se contaba con sistema de ventilación para que pudieran laborar ahí más de 50 personas; González les aseguró que dicho oficio quedaba sin validez hasta que quedara instalada la ventilación.
“Esta semana comenzaron a quitar los muebles y nos dijeron que estaban por entregarnos las notificaciones personales, para que supiéramos a partir de qué fecha ya debemos presentarnos allá”, expresó una de las empleadas de Oficialía; también compartió con este Semanario imágenes de la marca que quedó en las paredes después de que desinstalaran el inmobiliario.
A mediados del mes de febrero el gobernador Jaime Bonilla informó que el próximo 18 de marzo entregaría las instalaciones; ante la cercanía de esta fecha, los burócratas intensificaron su campaña informativa y de sensibilización dedicada a la población que también será afectada con este cambio, produciendo y compartiendo un video en el que explican la situación.
En el mismo video lanzan un exhorto al rector de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), Daniel Valdez Delgadillo, para que no acepte la donación del edificio en el que la mayoría tiene más de una década laborando.
Abogados consultados por este Semanario afirmaron que varias asociaciones de litigantes han interpuesto amparos en contra del Gobierno del Estado para detener la reubicación de las oficinas gubernamentales, sin embargo, hasta el momento no han surtido efecto.
Cuando la federación donó este edificio al gobierno estatal en la década de los años setenta, quedó establecido mediante decreto el uso que se le debía dar.
De no promover la modificación de este decreto, por la vía legislativa adecuada (ante la federación), los funcionarios estatales, encabezados por el gobernador Bonilla, estarían incurriendo en conductas delictivas, como son la usurpación de funciones, coalición de servidores públicos e invasión de las competencias.
