La construcción del Muro de Costa Azul y los permisos entregados irregularmente por la Conagua y el Cabildo de Los Cabos para la obra de Antonio y Narciso Agúndez, demuestra que servidores públicos participaron en el despojo de la zona de playa de los cabeños
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Desde el periodo de administración de José Antonio Agúndez Montaño como alcalde de Los Cabos, el Ayuntamiento solicitó la revocación de la concesión 01BCS105252/06EDDL10, a nombre de Hilario Vargas Espinoza, por una superficie mayor a 7 mil metros cuadrados en el Arroyo Alamitos o Costa Azul.
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Supuestamente la solicitud municipal giraba en torno a la construcción del Parque de Costa Azul, el cual sería desarrollado por un tercero a la altura del Kilómetro 28.3 de la Carretera Transpeninsular Cabo San Lucas-San José del Cabo.
La “obra” consideraba dos parques “norte” y “sur”. Según consta en el expediente 326-XXXIX-2013, el Ayuntamiento, de mano de los Agúndez, estimaba que el encauzamiento del arroyo permitiría la construcción de los parques, por ello se debía revocar la concesión de Vargas Espinoza, y de alguna forma esos predios regresaron a favor de los cabeños.
Si bien la empresa Tokase Properties, S de RL de CV se dedicaba más a la venta de bienes raíces que a construir, la intención era delimitar el predio y ganar terreno al arroyo desde ese entonces, puesto que no informó del proyecto, sino que se limitó a manifestar su interés para “llevar a cabo con recursos propios y sin costo para el Municipio de Los Cabos, la construcción de la obra de encauzamiento del arroyo Costa Azul y dos parques públicos”.
Extrañamente la empresa inmobiliaria ya contaba con registro dos años atrás, y aunque la concesión estaba a nombre de un cabeño, la firma estadounidense tenía asignados 2 mil 791.18 metros cuadrados en Costa Azul, un movimiento turbio en el que estaban incluidos el ex alcalde José Antonio Agúndez Montaño y su hermano, el ex gobernador de Baja California Sur, Narciso, quien influyó antes de abandonar el cargo.
Favorecida la empresa por los Agúndez, el 12 de enero de 2012, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) otorgó el permiso para la construcción del muro desde el puente Costa Azul hasta la desembocadura al mar, y pese a que se consumó, la naturaleza lo derribó.
“Esto viene a raíz de que se ha traspapelado, han vendido detrás diferentes personas, desde antes se había construido otro muro, sabemos que las pasadas tormentas, chubascos, ciclones, se llevaron el otro muro que ya habían construido, y nosotros estamos en esta etapa de que este muro debe caer. Seguimos con las firmas, pero realmente ya se encuentra una denuncia ante la fiscalía, y lo que queremos es ya no saber cuántos dueños hay detrás, sino que caiga este muro y los culpables vayan a la cárcel, porque eso no debía haberse construido”, denunció Hermelinda Vargas, miembro de la Resistencia Civil al Muro de la Corrupción de Costa Azul.
Ahora que la empresa SBJG Properties, SA de CV retomó la construcción del muro, solicitó a la Conagua las autorizaciones correspondientes para la obra, mismas que siguieron su curso en 2019 y fueron presentadas ante el Cabildo de la entonces alcaldesa Armida Castro -hoy con licencia- con el afán de solicitar permisos de construcción.
De una u otra manera, el Ayuntamiento favoreció a la empresa y se dio la construcción, pero no contaban con que los cabeños estaban organizados y preocupados por su municipio; fue entonces que una serie de manifestaciones obligaron a las autoridades a intervenir y frenar la depredación de la zona federal, de las playas y del patrimonio de su gente.
CIUDADANOS CONTRA LA CORRUPCIÓN
El inicio de obra y los permisos entregados irregularmente por la Conagua y el Cabildo de Los Cabos, demuestran que sin duda servidores públicos participaron en el despojo de la zona de playa de los cabeños.
De no ser por la Resistencia Civil contra el Muro de la Corrupción en Costa Azul, servidores públicos se hubieran servido con cuchara grande de una zona de playa más, peor aún, ubicada en zona de riesgo. Fue construido aproximadamente 10 metros dentro de la zona de arroyo, irreversiblemente está dentro del polígono de riesgo. Las autoridades municipales y federales fueron omisas, pues no verificaron ni vigilaron la obra hasta que el muro fue construido.
Hoy se corre el riesgo que, por argucias legaloides, la empresa pueda apropiarse del terreno dentro del muro, pues están involucrados miembros del Cabildo y de la propia Conagua.
“Este muro debe caer, se encuentra dentro de la cuenca hídrica y vamos a seguir luchando hasta que caiga. Ya lo dijo la directora de la CNA, este muro se encuentra dentro del cauce del arroyo, dentro de la cama de agua de la cuenca hídrica, y esperamos el fallo a favor de todos mexicanos y de la nación. La playa es nuestra, es de los cabeños, ya nos quitaron todas las playas, esto es un arroyo, por lo menos que no se dejen los arroyos, vamos a luchar hasta donde tope”, reiteró la activista Hermelinda Vargas.
Actualmente la Resistencia Civil trabaja con la ciudadanía residente y extranjera, en busca de firmas que de alguna manera puedan revertir las malas decisiones de los gobiernos en turno, y que la corrupción sea castigada con cárcel.
“Estamos buscando reforzar la denuncia, y con las personas que vienen aquí, que atestiguan que este muro está dentro del arroyo, reforzar la denuncia. Tenemos que meter todas estas firmas, queremos completar las más que se puedan, por lo pronto ya van más de 5 mil firmas, necesitamos llegar a más de 6 mil, necesitamos más o menos el 10% del grueso la población. A todos los que vengan a firmar, estamos todos los días de las doce a las seis de la tarde”, exhortó Vargas.
NEGLIGENCIA EN EL AYUNTAMIENTO
No contentos con la metida de pata al otorgar licencias de construcción, a principios de marzo, la Policía Municipal de Los Cabos fue enviada para amedrentar a activistas que se hicieron presentes con la compañía de artistas, quienes, con su obra, solicitan que el muro desaparezca.
La Policía ahora vigila a los ciudadanos que se manifiestan contra la obra, pero nunca vigilaron que la obra se construyera en regla y en el lugar correcto, principal reclamo de los manifestantes.
“Es increíble que hoy se encuentra la Policía Municipal, están cuestionando a los ciudadanos que están pintando en este muro, un muro que ni siquiera es propiedad ya de la empresa, puesto que está en una zona federal, y todo aquello que se construye en una propiedad federal, deja de ser una propiedad privada. Los ciudadanos tenemos el derecho de venir a pintar y expresarnos, nos hubiera encantado que hubieran mandado policías a la entrada de las grúas llenas de concreto, que venían a vaciar el concreto, ¿por qué no mandaron en ese entonces, por qué no vinieron a parar a los empleados, a las grúas llenas de concreto?”, lanzó Blanca Pedrín, integrante de Resistencia Civil contra el Muro de la Corrupción.
“Es increíble que está la Policía Preventiva, no teníamos ni dos horas, estamos borrando a través del arte los mensajes, alguien incomodó la regidora y mandaron ponerle regidora corrupta, estamos borrando eso a través del arte los artistas y mandaron a la Policía, quieren impedir que quiten el letrero, tenemos una semana pintando una obra”, complementó.
Pedrín, quien fuera grabada por sus compañeros, denunció que servidores públicos de primer nivel del Ayuntamiento de Los Cabos están temerosos de que el proyecto se caiga, por ello enviaron a los agentes para amedrentarlos e intimidarlos para dar marcha atrás a las manifestaciones.
“Sin duda están recibiendo órdenes de alguien, instrucciones del alto mando, de la alcaldesa obviamente o ex alcaldesa, a alguien incomodó que estén aquí los artistas pintores. Estamos aquí dando a conocer que están nuestros pintores acompañados por ciudadanos pintando”, insistió.
Ante el descontento de los pobladores, el Ayuntamiento de Los Cabos se echó para atrás, el Cabildo y sus regidores, la Conagua -que ya se dijo la salvadora, pese a que fue la primera institución en otorgar permisos-, con la “justificación” de que la empresa construyó fuera del polígono permitido, pero la verdad es que irá a juicio porque cuenta con documentos que, según ellos, les asiste la verdad legal.
“Violentaron los derechos de los cabeños, de los mexicanos al autorizar la donación, venta, permisos que no tuvieron nada que ver con lo que el Cabildo autorizó. Este muro no es una autorización de Cabildo, ni de la Conagua; es una autorización que arbitrariamente se dio, hubo fallas en el sistema de la autoridad municipal al permitir y no haber interrumpido la obra, pero sí vinieron a interrumpirnos aquí, al querer interrogarnos. ¿Con qué derecho? Nos asiste el derecho a la razón de la Ley”, planteó Blanca Pedrín.
Y envió un mensaje al director de la Policía Municipal de Los Cabos:
“Capitán Zamorano, cómo está, buenas tardes, aquí tenemos a la Policía Municipal cuestionando a los pintores que están haciendo una labor social, un trabajo enviando un mensaje. No es posible que sigan intimidando, ¿por qué no vinieron a intimidar aquí a la obra, Capitán, cuando aquí venían y dejaban sus grúas? ¿Qué les pasa?”.
LA EMPRESA
En declaraciones vertidas en distintos medios de comunicación, el representante legal Iván Arce dejó muy claro que pese a la obviedad con que ganaron terreno al arroyo, solicitaron permiso para delimitar una “propiedad privada”. Dicen contar con los soportes documentales que se encuentran en el expediente.
Fue muy cuidadoso al declarar ante los medios, incluso expresó que omitiría información para no afectar el debido proceso, mientras las autoridades han declarado distintas versiones sin cuidado alguno.
“Los permisos tanto federales como municipales fueron solicitados únicamente para construir un muro delimitante de la propiedad, privada, en este caso. El muro está apegado y cumple con los requisitos legales, impuestos y establecidos por las licencias federales y municipales, estamos hablando en coordenadas de este caso”, defendió el representante legal de SBJG Properties, SA de CV.
El abogado confía en que las pruebas documentales darán la razón sobre la legítima propiedad, lo cual dista de lo declarado por la regidora Tabita Rodríguez, el Ayuntamiento y la Conagua.
“No quiero viciar de inicio los procedimientos que se han iniciado en contra de la construcción del muro, en contra de mi representado en este caso, nos vamos a apegar a Derecho y ya en los procesos, en los juicios, vamos a acreditar la total legalidad en que se desarrolló la obra del muro. Los documentos que hayan exhibido en redes sociales, en transmisiones en vivo, en una conferencia al estilo mañanera con datos imprecisos u otros datos que ella menciona, no forman parte del expediente original”, argumentó Arce.
Los ciudadanos deben estar muy atentos al proceso legal y judicial, pues la empresa siente seguridad ante los informes vertidos por involucrados, que incluyen documentos no contenidos en el expediente, mismos que pueden entorpecer la investigación y, por ende, dar el fallo a favor de la empresa.
Sin duda sería un descalabro para los habitantes de Los Cabos, una playa más que se pierde ante los millonarios desarrolladores.
CONAGUA INTERVINO
Ante los dimes y diretes en los que figura la regidora cabeña Tabita Rodríguez, cuando surgieron las primeras manifestaciones e inconformidades por la construcción del muro en Costa Azul, inmediatamente dio la cara a los medios prácticamente deslindar al Cabildo.
Dijo que era responsabilidad de la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat) y de la Comisión Nacional del Agua.
Aunque de alguna manera reconoció que la empresa contaba con permisos para una obra tipo murete, con limitaciones o condiciones, obviamente nunca fue un alto en seco para evitar el daño al patrimonio de los cabeños, hasta que la bomba estalló.
“Se otorga en una sesión de Cabildo, porque cumplía con todas las atenuantes que deben hacer, que es el permiso de Conagua a través de la Semarnat (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales), nos pidió su licencia o permiso de construcción para lo que es un murete, no obra, no hay construcción, solo el lateral que va en el ancho del arroyo, se otorga de acuerdo a las coordenadas que la misma Conagua”, indicó la regidora a finales de 2020.
“Una de las limitantes que trae ese punto de acuerdo es que deberá solicitar el deslinde al momento de iniciar la construcción de la obra, porque solamente así se puede comprobar que las coordenadas que la Conagua le está dando en ese permiso de construcción, son las correctas, ahí también tienen que intervenir la Zofemat para lo que es zona federal”, expresaría.
Ahora que busca un cargo de elección popular, Rodríguez se auto contradice, al convocar a una rueda de prensa para anunciar que el Cabildo no autorizó dicha obra.
“Lo que el Municipio, a través del punto de acuerdo que presentamos la comisión edilicia, corresponde a lo que se representa con esta línea roja con verde fosforescente, si ustedes se dan cuenta, en ningún momento Cabildo autorizó algo que estuviera fuera de aquí”, expuso en días pasados durante su conferencia de prensa.
Como aseguraría Iván Arce, su principal arma será continuar con el juicio y las declaraciones de la regidora vertidas el año pasado.
“Al Cabildo en su momento, según la fecha de construcción, les llegó un expediente donde están integrados todos los documentos, permisos y licencias federales, que cumplían con los requisitos de Ley. Al aprobar el proyecto, ellos revisaron de manera minuciosa, con la pericia que yo creo seguramente tienen, este expediente para tener a bien la licencia de construcción municipal, porque la federal ya venía integrada en el expediente. Ella misma lo está diciendo: el conocimiento directo que ella tuvo, es que la empresa cumplió con los requisitos legales, que se le metieron las licencias correspondientes, de todas las instancias gubernamentales. Esas denuncias que están haciendo, como área jurídica de la empresa desconocemos su origen, esos documentos que está exhibiendo a la opinión pública no están integrados en el expediente”, reviró el apoderado legal de SBJG Properties, SA de CV.
El caso ya se salió de las manos, los ciudadanos se manifestaron, al igual la comunidad estadounidense que reside en Los Cabos, lo cual llamó la atención de las autoridades federales, y aun con las autorizaciones de la Conagua, la institución paró la obra para revisar documentos y hacer un deslinde.
Casi vence el plazo establecido por la institución y los cabeños están esperando una respuesta favorable, pues como evidencia la organización Resistencia Civil al Muro de la Corrupción, ya les quitaron el acceso a todas las playas.
“Están usurpando y modificando ilegalmente un extenso espacio de zona federal, el cual pertenece a Costa Azul, vamos a proceder conforme a nuestros derechos e intervenir en el caso, con el objetivo de dar una solución que beneficie a la población de Los Cabos y a sus zonas ambientales, que deben protegerse por encima de todo”, reculó Blanca Elena Jiménez Cisneros, directora general de la Conagua.
Aun con las autorizaciones federales que presume el representante legal de la empresa, la Comisión desmintió contar con dicha documentación, pues a simple vista se nota que la obra es irregular.
“Es evidente que se está tomando un área de la zona federal, no se necesita siquiera ser experto o conocedor del tema, por lo que se va a proceder conforme a Derecho en tiempo y forma de manera coordinada con la presidente municipal de Los Cabos, ya que tiene otra parte de la historia, es un tema en conjunto”, advirtió la funcionaria.
Cada obra o proyecto debe seguir el debido proceso, sin saltarse un solo paso, ya que ello garantiza la aplicación de la Ley, “se tienen que seguir procedimientos administrativos y proceder conforme a Derecho, estamos en el proceso de delimitación de la zona federal, así que esperamos actuar en un lapso de dos o tres semanas”, finalizó Jiménez Cisneros.
