Un particular, socio del Club Campestre, presentó un amparo contra la expropiación del centro de recreación privado y le fue admitido, mientras al consejo del Club, un Juez de Distrito concedió una suspensión. Aun así, los ánimos expropiadores del gobernador continúan, ha enviado personal a las instalaciones privadas y trascendió que manipulan información del Registro Público de la Propiedad, para poner entredicho la legítima propiedad del inmueble
Desde el lunes 25 de enero, el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, anunció desde su transmisión por Facebook Live sus intenciones de expropiar el Club Social y Deportivo Campestre de Tijuana, incluso, ya había girado órdenes a su secretario general de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, iniciar con los procesos.
Bonilla aprovechó para atacar a Luis Arturo González Cruz, alcalde de Tijuana con licencia, quien ha presidido dicho club social en dos ocasiones; lo acusó de ser culpable del homicidio del facebookero Mariano Soto. Después de esa fecha, el tema de la expropiación del Campestre quedó cómo otro dicho disparatado del gobernador.
Sin embargo, el jueves 18 de marzo, el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, resolvió a favor del Club Social y Deportivo Campestre de Tijuana, Asociación Civil, la suspensión de cualquier orden del Gobierno del Estado que pretenda la privación, desposesión o toma de instalaciones con carácter confiscatorio del bien inmueble.
Los promoventes del amparo argumentaron que el 12 de marzo de 2021, tres personas se presentaron en las instalaciones del Campestre, identificándose como funcionarios estatales con chalecos que portaban la leyenda “Gobierno de Baja California”, señalando que serían ellos “los comisionados en tomar las instalaciones por orden del gobernador y que necesitaban obtener fotografías del inmueble, se les pidió información específica de lo que se referían, señalando que ellos solo actuaban por instrucciones superiores”, relataron durante la declaración de los hechos para el juicio de amparo 196/2021.
Lo anterior encendió los focos de alerta tanto para los más 800 socios del exclusivo campo de golf, como para los inversionistas en la entidad. Las amenazas del Ejecutivo estatal se estaban materializado y tanto el club como sus asociados comenzaron a interponer recursos legales para defender una parte de su patrimonio.
Uno de los primeros en promover un amparo para evitar la confiscación o expropiación del Campestre, fue el abogado Ignacio Ochoa Alldredge, el cual fue admitido por el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales, bajo expediente 180/2021.
La aprobación le abrió la puerta para que cada uno de los 800 socios pueda proceder bajo este recurso legal y defender su patrimonio; de igual manera, los dueños de predios y negocios en los alrededores del Campestre que se verían afectados por la acción del gobernador, podrían impugnar por atentar contra su patrimonio individual.
Sobre este tema, Ochoa Alldredge indicó que para que efectúe el proceso de expropiación, el Gobierno del Estado debe apegarse a la Ley, generando una garantía de audiencia previa al acto de expropiación. Esto quiere decir que antes de que se realice el acto, el Ejecutivo estatal debe generar una audiencia previa, donde el dueño de la propiedad se defienda y exponga los motivos por los que sería improcedente la expropiación, para que posteriormente un juez determine si la acción es o no válida.
El también abogado expuso que amenazar con expropiar y hacerlo sin apego a las leyes, generaría un gran impacto económico, ya que genera incertidumbre financiera y los inversionistas que tienen aquí sus empresas y naves industriales, podrían dejar de invertir en Baja California y buscar otras opciones.
“Esta acción nos perjudica a todos, no puede andar diciendo mentiras, solo genera incertidumbre, acabando con la inversión. Además, el gobernador debe pagar una indemnización a los socios si quiere expropiar, no puede hacerlo sin pagar. El Campestre sí tiene su título de propiedad”, aseguró.
Cabe mencionar que expropiar el Club Campestre, es una acción para la cual la administración de Jaime Bonilla Valdez requiere de dos factores que no tiene: tiempo y dinero.
El primero, porque su gestión como titular del Poder Ejecutivo de Baja California está a meses de concluir, y por otra parte, el periodo legal por el que pasará su intento por expropiar el Campestre, podría tomar más de un año, entre amparos y diversas diligencias legales en las que tendrán que intervenir más dependencias de gobierno.
El segundo obstáculo que el mandatario no ha explicado cómo lo resolverá es el dinero. La Ley de Expropiación para el Estado de Baja California, establece que se debe pagar una indemnización equivalente al valor comercial fijado por las autoridades y no podrá ser inferior a su valor fiscal. El gobierno de Bonilla deberá pagar aproximadamente 970 millones de pesos a los actuales dueños del Club, lo equivalente a 52% del presupuesto de la Universidad Autónoma de Baja California para 2021, como ejemplo comparativo.
Dejando de lado los aspectos políticos y presupuestarios que implicaría dicha acción del Ejecutivo estatal, pretender una “expropiación” también enciende las alarmas de los empresarios, quienes externaron a ZETA su preocupación ante la incertidumbre de inversión extranjera, una de las principales industrias generadoras de empleos formales en Tijuana.
El aumento de amparos interpuestos por el Campestre y sus socios para frenar las intenciones populistas de Jaime Bonilla, parece no preocuparle al ex priista, y ha vuelto a expresar que busca la manera de efectuar su expropiación, al grado de asegurar que el predio del Club Social y Deportivo no les pertenece de manera legítima.
El lunes 22 de marzo, Jorge de Hoyos Walther, socio de la firma De Hoyos y Avilés (DHA), informó en un boletín de prensa que desde el Gobierno del Estado se están generando actos ilegales, manipulando los registros históricos de la propiedad del Rancho Tijuana:
“Se están preparando actos ilegales, no solo la expropiación como tal. Funcionarios del Gobierno están modificando registros históricos de la propiedad del Rancho Tijuana, para justificar de esa manera su conducta ilegal. Es importante que la sociedad Tijuanense se defienda ante tales actos arbitrarios”, acusa
