Parece que nuevamente las autoridades jurisdiccionales federales tienen que poner en orden los arrebatos del Congreso de Baja California. El jueves 28 de enero, magistrados de la Sala Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, confirmaron la sentencia de su equivalente en Baja California, sobre la impugnación de los diputados Juan Manuel Molina y Miriam Cano Núñez, quienes pretendían echar abajo el referéndum constitucional promovido por los regidores Héctor Ibarra Calvo y Fernando Rosales, del PAN y el PRD, además de representantes de cámaras empresariales e integrantes de la sociedad civil. Tal referéndum tiene como intención someter a sufragio popular la reforma que permite a diputados y munícipes buscar la reelección sin separarse del cargo. Esta acción inconformó a representantes de diversos sectores sociales, y, aunque en algunas entidades ya se considera “legal”, pretenden que con el referéndum, la ciudadanía sea la que decida. Desde octubre, el Instituto Estatal Electoral (IEE) se encuentra validando el proceso de análisis de firmas y de estudio de la solicitud, lo cual será resuelto en próximos días. Sin embargo, ni a Molina ni a Cano les parece correcto que la ciudadanía tenga el derecho de votar sobre las reformas impulsadas por la 4T en Baja California, lo que resulta curioso partiendo de la premisa que el propio Presidente Andrés Manuel López Obrador, ha sometido a consultas diversos temas polémicos. Al final, tanto el tribunal local como el federal, ya le dijeron a Molina y a Cano, que no cuentan con personalidad jurídica para recurrir el tema en estos momentos, por lo que deberán esperar a la decisión del IEE. Sea como sea, la llamada “Ley Gandalla” será efectiva durante este proceso electoral, por lo que diputados y munícipes podrán seguir en el cargo sin separarse del mismo.
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