La fiscalización superior en un país federal, con tres poderes y tres órdenes de gobierno, como sucede con México y no llegan a más de 30 países en el mundo, adquiere una relevancia singular para los ciudadanos. Así lo señala INTOSAI, en la “ISSAI 12: El Valor y Beneficio de las Entidades Fiscalizadoras Superiores, marcan la diferencia en la vida de los ciudadanos”, es un factor fundamental al auditar los resultados del ejercicio que se hace de los recursos públicos, ex post, o sea al terminarse el ejercicio de los mismos, un año antes de la presentación de las cuentas públicas, ante la Cámara de Diputados, por el Ejecutivo, alrededor del mes de abril, sin embargo la fiscalización de la C.P. 2020 empezó ya y se estará revisando aun sin el tiempo real. Sin embargo, la ASF iniciará trabajos como anticipo para la programación de la siguiente cuenta pública, la revisión en temas que la sociedad demanda en tiempo real, en un esfuerzo compartido con dependencias del ejecutivo. Y esperamos pronto el Congreso nos apoye con el tiempo real o concurrente.
La ASF fiscaliza analizando la información contable, presupuestaria, programática y otros datos complementarios del Poder Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial y todos los Órganos Constitucionales Autónomos. Así como el sector paraestatal, integrado entre otros, por organismos descentralizados, como el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación o la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, las empresas de participación estatal como Pemex y CFE, y los fideicomisos públicos, como FONATUR, etcétera.
En suma, se trata de las cuentas de un año de todas las instituciones del estado mexicano, y la obligación constitucional de la ASF consiste en revisarlas y vigilar que en cada una de ellas haya utilizado de manera correcta los recursos públicos que les fueron asignados.
Además, la ASF revisa el manejo y aplicación de los recursos públicos federales por parte de los 32 estados de la República, los municipios y alcaldías de la Ciudad de México, también las universidades públicas, los congresos locales, el poder judicial de los estados, etcétera. Esto es el gasto federalizado, un universo de fiscalización complejo por la gran cantidad de recursos, programas y entidades involucradas, destacando las participaciones y las aportaciones de recursos federales.
Por su parte, la utilización de los recursos financieros se vigila con las auditorías de cumplimiento financiero, en las que se cuida que la recaudación, captación, administración, ejercicio y aplicación de los recursos, se realice como lo disponen las leyes, así como que su manejo y registro sea correcto.
Pero no solo se vigila cómo se gasta el dinero público; también que las políticas públicas, sean eficaces, eficientes y económicas en el cumplimiento de sus objetivos. Esto lo hacen las auditorías de desempeño, las cuales incluyen propuestas para mejorar las políticas o los procesos.
El resultado final de todo este trabajo es el Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019, el cual se presentará ante la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados el día de mañana. Este informe incluye un resumen de las auditorías realizadas, observaciones ‒que no significan de suyo irregularidades- las observaciones y solicitudes de aclaración, entrarán a un proceso de solventación y aclaración en la Auditoría de Seguimiento, las áreas claves de riesgo que, detectadas, los
resultados de la fiscalización de los recursos federales transferidos a los gobiernos subnacionales y locales.
Debemos recordar que la fiscalización no es un fin en si mismo, sino una parte imprescindible del sistema democrático, que permite la adecuada interrelación entre gobernantes y gobernados. Evitar la corrupción y la impunidad son las metas finales.
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