Después de que el Gobierno federal informara de la preliberación de más de 3 mil 300 personas de los centros penitenciarios en tiempos de pandemia, la asociación civil Documenta cuestionó la información oficial difundida sobre las solicitudes de amnistía, la cual calificó de imprecisa y que contrasta con datos proporcionados por la Secretaría de Gobernación (Segob) recientemente.
El organismo de la sociedad civil destacó a través de un comunicado que las cifras señaladas en el tema de las solicitudes de la aplicación de la Ley de Amnistía, deben ser aclaradas, pues antes, Segob informó haber recibido 2 mil 487 solicitudes de amnistía, y en la conferencia de prensa matutina de este 4 de febrero se señaló que se han recibido mil 115 en todo el país.
Y es que tras nueve meses de opacidad desde que se publicó el decreto de la Ley de Amnistía, este jueves, Paulina Téllez Martínez, titular de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia y también Secretaria Técnica de la Comisión de Amnistía, dio a conocer cifras, siendo que durante todo ese tiempo no se reportó la liberación de ninguna persona, aún cuando ese es el objetivo principal de la referida comisión.
De las mil 112 solicitudes de amnistía, Téllez Martínez afirmó que 175 resultaron procedentes por el tipo de delito del que se trata y 769 no cuentan con la información completa sobre los casos para dictaminar. No obstante, señala Documenta A.C., “la Secretaría Técnica omitió explicar cuál es el estatus de las 171 solicitudes restantes”.
“Desde el Observatorio de Amnistías, llamamos a detallar el número real y la naturaleza de las solicitudes, así como su estatus, desglosadas por fechas de presentación, delitos de los que se tratan, fuero al que pertenecen, identidad sexogenérica, lugar de origen de las y los peticionarios; así como por las categorías de vulnerabilidad que la propia ley establece; priorizando, en todo momento, la protección de sus datos”, destaca el comunicado.
De aportarse dicha información, se contaría con un panorama claro del interés que tienen personas privadas de la libertad de acceder a este recurso, pues hasta ahora el proceso de solicitudes y dictaminación de amnistías “se ha caracterizado por ser opaco, discrecional y poco claro, por lo que exigimos proveer a las personas y organizaciones solicitantes de información oportuna, consistente, periódica y precisa, que permita mejorar los mecanismos de promoción y garantía de derechos de las personas privadas de la libertad”.
Documenta enfatiza que “durante la conferencia, la Titular de la Unidad también sugirió que, una de las principales razones por las que la Comisión no ha resuelto los cientos de casos de amnistía recibidos, es porque los expedientes de las y los solicitantes están incompletos. Esto resulta particularmente preocupante porque apunta a responsabilizar a la propia ciudadanía por la inacción de la Comisión, imponiendo a las personas privadas de la libertad y sus familiares la responsabilidad de hacer llegar documentación, siendo que es la propia Comisión la que cuenta con la obligación de solicitar dicha documentación de forma directa a juzgadores y fiscalías”.
La asociación cuyo lema es “Análisis y acción para la justicia social”, recordó que la instancia directamente responsable de socializar los contenidos de la Ley de Amnistía y los requisitos para la presentación de solicitudes es la propia Segob, por lo que le exhortaron, “una vez más, a emprender una campaña amplia de difusión dirigida a personas privadas de la libertad, sus familiares, y organismos defensores de Derechos y Humanos y defensores legales, misma que deberá considerar la traducción a otras lenguas indígenas, para garantizar que cuenten con la información necesaria para presentar solicitudes”.
Asimismo, instó a las autoridades federales a que publiquen los canales a través de los que las personas que han presentado una solicitud incompleta puedan enviar la información complementaria para la revisión de sus casos.
“Es inaceptable que la resolución de las solicitudes continúe postergándose. El plazo para dictaminar la procedencia, por lo menos, de aquellas solicitudes interpuestas antes del 19 de septiembre de 2020 ha vencido. Exigimos que la Secretaría de Gobernación resuelva las solicitudes y explique las razones por las que este proceso se ha dilatado, entorpeciendo el acceso a la justicia de cientos de personas”, agrega la inconformidad hecha pública.
Por último, las organizaciones integrantes del Observatorio de Amnistías urgen a la Comisión de Amnistía a sesionar lo antes posible para resolver los casos pendientes de dictaminación, así como a establecer y transparentar una ruta de trabajo para resolver la información faltante y cumplir con lo establecido en la Ley de Amnistía.
El comunicado remata “La justicia no puede esperar”.
