La audiencia en la que se determinará si es vinculado a proceso o no Alonso Ancira, exdueño de Altos Hornos de México (AHMSA), por el delito de lavado de dinero, dio inicio la tarde de este martes en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte.
El Juez de Control José Artemio Zúñiga Mendoza, quien la semana pasada le decretó prisión preventiva justificada al “Rey del Acero” ante el riesgo de fuga, preside esta segunda audiencia.
Reportes de prensa indican que en el lugar se encuentran, además de Ancira y sus cuatro defensores privados, cinco fiscales, así como representantes jurídicos de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
En la sesión pasada, la defensa del empresario acerero ofreció dos millones de dólares y la entrega del pasaporte de Ancira, no obstante el Juez determinó que existía el riesgo de que se fugara y rechazó el ofrecimiento.
Ancira llegó a México la tarde del miércoles pasado extraditado en un avión desde España por los delitos de corrupción y blanqueo de los que es acusado. El empresario enfrenta acusaciones por delitos que causaron “grave daño patrimonial” a Petróleos Mexicanos (Pemex), según ha informado la FGR.
La investigación en su contra se originó por una denuncia que la petrolera presentó en marzo de 2019 “con motivo de una serie de delitos que motivaron un grave daño patrimonial a esa empresa”.
Los delitos que se le atribuyen están relacionados con la investigación en marcha de la venta con un supuesto sobreprecio de la planta de fertilizantes hecha a Pemex en 2013.
Según los investigadores, la venta de esa planta fue sellada con un sobreprecio de unos 500 millones de dólares por AHMSA cuando Pemex era dirigida por Emilio Lozoya Austin, quien también se encuentra enfrentando un juicio en México.
El auto judicial refiere que Ancira cooperó en el blanqueo de capitales de Lozoya, “pagando por adelantado” para que cuando éste fuera el director general de Pemex se procediera a la “adquisición de una empresa obsoleta e inoperativa por un precio tres veces mayor del que realmente vale en el mercado, perjudicando con ello, además, los intereses públicos”. ZETA/SinEmbargo
