Desde el mes de marzo, cuando la pandemia ocasionada por el novel coronavirus se propagó en Baja California, al interior del Centro de Reinserción Social de la Capital del Estado incrementó la tensión. Hasta el domingo 24 de enero de 2021, su población era de 2 mil 503 internos y, de manera casi homogénea, se inconforman por las carencias en la salud, mala alimentación y un casi nulo contacto con su familia. Alrededor de 700 internos participaron en el conato de motín y la mitad logró escapar de sus celdas, provocando el uso de la fuerza para su contención, desde balas de goma hasta gas pimienta
— “Coco, ya pórtate bien, ya nos vamos”.
“Sí. Te amo”.
— “Yo también a ti”.
Es el breve intercambio de gritos a la distancia que tuvo una mujer de mediana edad y un interno del Centro de Reinserción Social (Cereso) de Mexicali, quienes se comunicaban a poco menos de 100 metros de distancia.
Luego de lanzar algunos besos y despedirse agitando pronunciadamente su mano izquierda, la fémina dio la vuelta y se alejó lentamente. Su paso nunca se detuvo, aunque con frecuencia giraba su cabeza hacia su amado, del que solo podía observarse una mano extendida en libertad desde una ventana ubicada en el tercer piso del penal localizado sobre calle Sur, en la colonia Bella Vista, comunidad de alta incidencia delictiva y con grandes problemas sociales.
Esta fue una de las decenas de charlas registradas la noche del domingo 24 de enero, cuando alrededor de 700 internos del Cereso de Mexicali destrozaron las celdas con su propia fuerza física y se apoderaron de los pasillos del Módulo 5 -donde se distribuye la población general-, espacio ocupado alrededor de 2 mil internos.
La motivación de los reclusos, según comentaron familiares, es que las condiciones de alimentación y salud son deplorables, hecho que ha sido denunciado ante las autoridades y la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), la cual reconoce un total de 72 denuncias de este tipo.
Desde marzo de 2020 se agravó la situación, en gran medida por las nuevas restricciones interpuestas por el personal del centro penitenciario para evitar la propagación de la COVID-19. No era nueva para las autoridades la problemática denunciada por los internos, pero no se le tomó importancia hasta el día del conato de motín, cuando se comprometieron a revisar las condiciones de salud, alimentación, y, de paso, las del propio penal, cuya sobrepoblación supera el 40%, según los múltiples informes de la CEDH.
Óscar Humberto Ruiz Cota, director del Cereso de Mexicali, minimizó esta problemática y justificó el conflicto en la falta de contacto de los internos con sus familiares, pero también sugiere una posible “pantalla” para realizar una fuga de reos.
Igualmente, se analiza una posible participación de integrantes del Cártel de Sinaloa en la incitación, pero no han podido establecerlo de manera formal.
HUELGA DE HAMBRE
La mañana del sábado 23 de enero, una veintena de madres, hermanos y esposas, acudieron a la puerta principal del Cereso de Mexicali para exigir atención por parte del director del penal, debido a que tenían varios días sin poder comunicarse con sus parientes recluidos.
En esa ocasión aseguraron que las condiciones de alimentación eran precarias, pues les daban comida en mal estado y no contaban con atención médica ni medicamentos necesarios para subsistir.
A estas denuncias se les agregó una nueva preocupación, toda vez que tuvieron conocimiento de una huelga de hambre organizada por los reos, cuyo objetivo era exigir mejores condiciones para habitar el penal.
Mari, quien cuenta con dos familiares en prisión, reclamó que hace unos días le indicaron que uno de sus parientes estaba enfermo y le entregaron una receta firmada el 27 de diciembre de 2020, es decir, casi un mes después fue informada de las necesidades de su consanguíneo.
“(Los internos) Nos dicen que hay cosas que no pueden decir, pero que están mal, de repente me pidieron una férula y me pasaron unas fotos desde dentro, y nos dijeron que está golpeado de la cara. El abogado lo único que me dijo -Valdivia, me parece- que se declare culpable”.
Pese a que los familiares ya tenían conocimiento de la huelga de hambre desde días atrás, Óscar Humberto Ruiz Cota comentó que los elementos de custodia penitenciaria no se dieron cuenta de la situación hasta la tarde del sábado.
“El viernes hubo manifestaciones; se refería de una huelga de hambre, pero el sábado hubo indicios de que los privados no querían tomar los alimentos, no fue generalizado, no fue ni la mitad de la población los que se negaron a probar alimentos”, compartió.
Cabe mencionar que el Cereso de Mexicali contaba -hasta ese momento- con 2 mil 503 internos, por lo que “menos de la mitad de la población” pone el tope en mil 750 internos, cifra para nada minúscula.
Ruiz Cota aseveró que toda la alimentación dentro del penal se encuentra certificada por laboratorios. Sin embargo, reconoce que la inconformidad es -principalmente- la cantidad de porciones que ofrecen en cada comida, la cual calificó como mínima para su desarrollo en estado pasivo, como se encuentran actualmente.
Y es que, de brindarles más comida, podrían subir de peso y desarrollar algún tipo de enfermedad como diabetes, hipertensión y obesidad, lo que desencadenaría más problemas de salud.
Sin embargo, familiares sostienen que la alimentación es de mala calidad, y como ejemplo presentaron las quejas registradas en el penal de El Hongo, donde un numeroso grupo de internos sufrió de problemas intestinales a causa -aseguran- de la alimentación.
EL LEVANTAMIENTO DE LOS INTERNOS
La celda 309, ubicada en el tercer piso del Módulo 5 del Cereso de Mexicali, donde se encuentra la población general y conviven diariamente 2 mil internos, fue donde se originó el conflicto, el cual se extendió en todo el pasillo.
Alrededor de las 14:00 horas del domingo 24 de enero, los internos comenzaron a emitir reclamos debido a la falta de alimento. Exigían desde sus celdas y comenzaban a golpear los barrotes, hasta que los metales comenzaron a desprenderse.
Fue así como -asegura la autoridad- inició el conato de motín, el cual se extendió por todo el pasillo del tercer piso, teniendo participación de por lo menos 700 internos, ya sea quebrando los cristales de las ventanas, o bien, desprendiendo los barrotes de las puertas.
Aunque el director del penal refiere que se trató de un incidente de generación espontánea, los presos se movilizaron en un instante en el que no pudieron ser detenidos, por lo que comenzaron a abrir el resto de las celdas del pasillo.
En poco tiempo, se apropiaron de gran parte del tercer piso y comenzaron a causar destrozos, además de exigir respuesta inmediata a sus demandas de mejor alimentación y servicios médicos.
Las tropas se movilizaron, y en un primer momento trascendió la versión de una fuga de reos, por lo que se solicitó la presencia de policías municipales y de la Guardia Estatal de Seguridad e Investigación (GESI), los cuales establecieron un perímetro sobre el Bulevar López Mateos, desde la calle James W. Stone hasta la Calle Sur, donde inicia el penal.
Según lo referido por el director del penal, los presos nunca tuvieron la oportunidad de escapar, pues permanecieron en el pasillo del tercer piso.
Durante tres horas y media, los 700 internos participaron en el motín, de los cuales aproximadamente la mitad estuvo de forma muy activa causando destrozos; el resto simplemente aprovechó la coyuntura para lanzar saludos a sus familias que los observaban desde el exterior del penal.
En poco tiempo, cientos de personas hicieron presencia en los alrededores del Cereso de Mexicali, donde había incertidumbre, pues solo podían escuchar estampidos provocados por las balas de goma, además de cristales quebrados y golpes de metales.
Gritos como “Queremos justicia”, “Ya basta de injusticias”, “Nos están disparando”, “Chinga a tu madre, güey” y algunas porras como “Esto no va a parar”, que por varios minutos fueron repetidas al unísono, se escuchaban desde el interior, mientras que se observaban las nubes ocasionadas por el gas pimienta que arrojaban los custodios.
Desde el exterior, madres, hermanas y esposas pedían a gritos a sus internos que se detuvieran para que no les pasara nada.
La incertidumbre provocó gran tensión entre los presentes, quienes en reiteradas ocasiones se hicieron de palabras con elementos policiacos y de la Guardia Nacional que resguardaban el perímetro.
Al lugar acudió un sacerdote e integrantes de la CEDH, quienes se ofrecieron a fungir como interlocutores, pero ante la situación de descontrol, se les impidió su ingreso hasta que se recuperó por completo el inmueble.
El saldo fue de algunos reclusos con raspones y lesiones leves, salvo por uno de ellos que cuenta con una herida de consideración en el párpado, la cual ya se encuentra bajo tratamiento médico.
Debido a que varias de las celdas resultaron muy dañadas y no podían cerrarse, directivos del penal decidieron trasladar a 273 internos al complejo penitenciario de El Hongo para evitar otro tipo de altercados.
Entre los perfiles destacan algunos internos que purgan penas de otras entidades, individuos con antecedentes penales en Estados Unidos y criminales acusados de hechos delictivos de toda índole, desde robo hasta narcóticos.
DESDE 2017 SABÍAN DE LAS CARENCIAS: CEDH
Según el Diagnóstico Estatal de Supervisión Penitenciaria de los años 2017 y 2018, las problemáticas por las que se llevó a cabo el “levantamiento” de internos ya estaban reflejadas y las autoridades tenían pleno conocimiento de estas.
El documento de 185 páginas hecho público por la CEDH, establece acciones urgentes a atender por parte del Sistema Penitenciario, las cuales coinciden con las quejas de los reos, como falta de atención médica, problemas de alimentación, entre otras cuestiones.
“Se detectó sobrepoblación en el Centro, existe hacinamiento (En Módulo 5, de hombres); insuficiente: atención médica, atención áreas técnicas (PPL sancionadas); insuficientes medicamentos (población general). Rubro II. Insuficientes: dormitorios (PPL hombres), área de protección con restricción de derechos (PPL hombres), comedores (PPL hombres), protección (PPL mujeres), cocina (PPL mujeres), comedores (PPL mujeres), aulas (PPL mujeres); deficientes: condiciones materiales (población general), higiene (población general), condiciones materiales e higiene de las instalaciones de los dormitorios para alojar a las PPL (población general); insuficiente: cantidad de alimentos al día (población general)”, se lee en el informe.
El texto también refiere que no hay procedimientos para presentar quejas sobre abusos de ningún tipo, lo que explicaría el motivo por el que no se registran inconformidades sobre malos tratos de los custodios, y deja en evidencia la insuficiencia de personal en la seguridad y custodia, en el personal femenino, para traslados, para cubrir ausencias, vacaciones e incapacidades.
Igualmente, exhibe malos tratos institucionalizados como las sanciones inadecuadas, como privar a los internos de visitas.
El documento reitera la falta de atención médica, de personal especializado para la atención de enfermedades, la nula integración de evaluaciones psicológicas de los internos y la poca organización de expedientes jurídicos de los internos.
Básicamente, todas las quejas de los quejosos se ven reflejadas en el informe presentado desde 2017.
A juicio del director del Cereso, las problemáticas que plantearon no pueden ser resueltas con facilidad, pues no todas le competen al sector penitenciario como tal.
El alimento -aseguró- es de calidad, pues es avalado por la misma empresa a través de un laboratorio donde se puede certificar, mientras que las porciones y el tipo de comida son supervisados por la Secretaría de Salud.
Óscar Humberto Ruiz Cota argumentó que la situación de la pandemia ha tensado los ánimos dentro del penal, pues ahora solo pueden comunicarse con sus familiares vía telefónica. También contemplan ampliar las actividades deportivas, a fin de que puedan tener más periodos de convivencia.
El funcionario estatal precisó que una de las investigaciones internas sugiere que el conato de motín tenía como origen la fuga de varios internos, hecho que no se concretó, pero que aún se analiza. Entre las investigaciones, se ubica la posibilidad de que exista intervención del Cártel de Sinaloa dentro del penal, con el fin de apoderarse de un coto de poder, o bien, de liberar a algunos reos. Sin embargo, Ruiz Cota se negó a brindar mayor información sobre las indagatorias.
Respecto a cómo un interno pudo desprender una reja de metal, indicó que se está analizando el tema, toda vez que lograron hacerlo exclusivamente con la fuerza bruta; no necesitaron ningún artefacto para abrirlo, lo que genera preocupaciones en torno a las instalaciones.
A raíz de este último incidente, el director solicitará mayor recurso para la atención de población penitenciaria, desde reforzamiento de las celdas, hasta la posibilidad de aumentar el personal, el cual -reconoció- se encuentra en déficit, lo que facilita aún más la “bomba de tiempo” que es el Cereso de Mexicali.
