La Auditoría Superior de la Federación (ASF) identificó diversas irregularidades en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro por un monto de poco más de 57 millones de pesos, al revisar la Cuenta Pública 2019.
Entre las irregularidades se encontró la duplicidad de registros de los beneficiarios de Jóvenes Construyendo el Futuro con otros programas sociales de la administración federal.
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Según la ASF el número de casos sumó mil 681, equivalentes al 0.2% del total de beneficiarios del programa implantado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y uno de los programas sociales más destacados de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.
La mayoría de los mil 681 becarios identificados en esta situación recibieron apoyos del programa Producción para el Bienestar, contabilizándose mil 515. En tanto, 5 beneficiarios también recibieron recursos del “Programa Producción para el Bienestar” y del “Programa de precios de garantía” al mismo tiempo.
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Otro beneficiario de Jóvenes Construyendo el Futuro también obtuvo beneficios de los programas “Producción para el bienestar” y “Microcréditos para el Bienestar”; y 126 becarios recibieron simultáneamente apoyos por el “Programa de precios de garantía”, y 34 del programa de “Microcréditos para el Bienestar” en el mismo año. Esto generó que los mil 681 casos identificados con duplicidades fueran dados de baja.
Otra irregularidad encontrada fue la detección de jóvenes que se encontraban estudiando, pese a que el Programa Jóvenes Construyendo el Futuro está dirigido a personas que no estudian ni trabajan. Por esta irregularidad la ASF consideró un monto de 51 millones 213 mil pesos.
Durante 2019 el millón 120 mil 543 beneficiarios de Jóvenes Construyendo el Futuro representaron 48.7% de los 2 millones 300 mil jóvenes que integraron la población estimada que atendería el programa. En conjunto los beneficiarios sumaron un monto de 23 mil 520 millones 931.2 miles de pesos.
Al 31 de diciembre de 2019, del total de beneficiarios quedaron activos 745 mil 895; de los cuales 37.7% tuvo un periodo de capacitación de 12 meses; sin embargo, “no se identificó si todos los becarios asistieron a la capacitación continuamente o de manera discontinua para precisar si recibieron los 12 pagos establecidos en los lineamientos, sin que la dependencia aclarara dicha situación”, indicó la ASF.
La STPS no acreditó la entrega de las constancias a los 422 mil 734 becarios que tuvieron un periodo de capacitación de 12 meses, ni que los becarios las hayan descargado de la Plataforma Digital. Tampoco documentó cuáles fueron las habilidades técnicas y blandas que los becarios capacitados en los 12 meses adquirieron o fortalecieron, señala el informe dado a conocer el pasado 19 de febrero de 2021.
Por otro lado, la ASF detectó que mil 608 tutores (equivalentes al 0.9% del total) recibieron indebidamente la beca (por un monto total de 33 mil 116.4 mdp), sin que los lineamientos de operación del programa avalaran la viabilidad de dicho supuesto.
Adicionalmente, se identificaron 413 becarios que se registraron como tutores en el mismo centro de trabajo donde recibieron la capacitación.
El informe de la ASF indica que en 2019, se dieron de baja 197 centros de trabajo (de los 195 mil 454 que participaron en el programa).
De los dados de baja, 79 fue por quejas o incurrir en irregularidades; 68 porque no se encontró el centro de trabajo, y 50 porque no se detectó la impartición de la capacitación; sin que la STPS proporcionara la documentación que acreditara la procedencia de las quejas o irregularidades.
La dependencia encabezada por Luisa María Alcalde informó que en 2019 se iniciaron 24 denuncias contra de los centros de trabajo incurrieron en irregularidades, de las cuales 14 fueron por solicitar dinero a los becarios; y 10 por el uso del nombre del programa por una página electrónica no autorizada; acreditación de empresas fuera de los términos de los lineamientos del programa; soborno a servidores de la nación y falsificación de documentos.
Así como por inscribir servidoras públicas como becarias del programa; simulación de la capacitación; robo de identidad. No obstante, la STPS no proporcionó la evidencia que acredite que las denuncias reportadas se presentaron ante la autoridad jurisdiccional, expuso la ASF.
Irregularidades por 67 mil millones de pesos.
El viernes pasado, David Colmenares Páramo, titular de la Auditoría Superior de la Federación dio a conocer la Tercera entrega del Informe General Ejecutivo de la Cuenta Pública 2019, en el que se detectaron irregularidades por 67 mil 498.4 millones de pesos, en 871 auditorías.
De ese total, 28 mil 730.4 millones correspondieron a los recursos que fueron ejercidos por las entidades federativas y los municipios.
Por dependencias, las secretarías con más observaciones fueron la Secretaría de Transportes y Comunicaciones (SCT) de Jorge Arganis Díaz Leal. Después la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, de Víctor Villalobos, y la Secretaría del Bienestar, Javier May Rodríguez.
Según Colmenares Páramo los resultados correspondientes al ejercicio 2019 entrarán en un proceso legal de notificación, para que los entes auditados realicen las aclaraciones correspondientes y, posteriormente, se realice su seguimiento para determinar si las observaciones se solventan o no, a partir de los elementos objetivo que se presenten. (Julieta Aragón)
