Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador manifestara en una de sus conferencias matutinas que los abogados mexicanos que defiendan a empresas extranjeras contra la reforma eléctrica están cometiendo traición a la patria, el Colegio Nacional de Abogados Municipalistas expuso: “Rechazamos la autoritaria, antijurídica e indebida afirmación” del jefe del ejecutivo.
“La declaración presidencial, se suma a la manía del titular del ejecutivo por atacar a todo aquel que le contradice o que defiende sus derechos frente al actuar de su gobierno y sus políticas públicas.
Un aspecto esencial de un país que se pretenda democrático y de leyes, es el derecho a la defensa de los gobernados precisamente frente al actuar de sus gobiernos. Tachar esta actividad de defensa como “traición a la patria”, es un acto que debe rechazarse y combatirse en cualquiera de sus expresiones”, refiere Juan Marcos Gutiérrez González, presidente del Colegio.
El organismo calificó las declaraciones del presidente como graves destacando dos puntos:
“La violación al artículo 1ro. Constitucional al implicar una clara discriminación a empresas por el solo hecho de ser extranjeras. En este sentido, la afirmación presidencial violenta los derechos humanos reconocidos en nuestra constitución y en varios Tratados Internacionales de los que México es parte.
Además, la violación al artículo 5to. constitucional que garantiza el ejercicio de la profesión cuando esta es lícita. Defender en cualquier caso a empresas nacionales o extranjeras con los instrumentos legales de las leyes mexicanas, no debe, ni por asomo, ser fustigado como un delito”.
Señalaron que un aspecto esencial de un país que se pretenda democrático y de leyes, es el derecho a la defensa de los gobernados precisamente frente al actuar de sus gobiernos.
“Tachar esta actividad de defensa como “traición a la patria”, es un acto que debe rechazarse y combatirse en cualquiera de sus expresiones”.
El Colegio Nacional de Abogados Municipalistas exigió al presidente López Obrador una retractación pública urgente tras su “muy grave afirmación”.
“Nos reservamos el tiempo para estudiar los delitos de intimidación, amenaza, abuso de autoridad y otros que pudieran configurarse, para que una vez denunciados, se archiven en espera de que el Presidente concluya su encargo y entonces sí, pueda rendir cuentas de su conducta agresiva y distorsionante en grado sumo, del estado de derecho, y los delitos que se pudieren haber cometido”, expresó el Colegio en una misiva.
