Durante las dos quincenas de enero del 2021, agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Baja California, quienes han permanecido trabajando durante la pandemia, han recibido sus sueldos incompletos, con recortes injustificados, informaron que en general, los pagos o cheques de nómina, han llegado con un faltante de entre 500 a 700 pesos aproximadamente.
Aunque no les han dado una respuesta oficial, algunos han sido informados que parte de la reducción, se debe a un descuento para el fondo de pensiones.
Durante el mes, la merma para las familias de los trabajadores de la FGE ha sido mil a mil 400 pesos al mes. Estos descuentos se realizan sin justificar, sin dar una explicación, y a pesar de no estar reglamentada la Ley de Seguridad Pública del Estado, manifestaron los afectados.
Explicaron que los trabajadores que cobran con cheques les va peor, porque además que les entregan su dinero incompleto, ahora están recibiendo su pago en día diferente y posterior al marcado como quincena, con el argumento de que “son impresos y por lo tanto el capital no está disponible en la institución bancaria”.
El pago llega con retraso a pesar de que en un avisó formal del Oficial Mayor de la FGE el 20 de enero, se les informó que los pagos totales de su salario se harían los días 15 y 30 de cada mes.
No es la primera vez que el personal de la fiscalía tiene problemas al recibir la remuneración por su trabajo, los gobiernos del Pan y el morenista ya había incurrido en esta irregularidad que violeta sus derechos laborales, pero esta es la primera vez que ocurre, después que el gobierno encabezado por Jaime Bonilla, haya entregado finalmente la administración de las finanzas a la FGE como parte de la autonomía decretada a finales del 2019.
“El recurso lo manipula Oficialía Mayor de la fiscalía y no la oficial de Gobierno del Estado, por lo que no dan respuesta solo dicen que sí se pagará, pero ya es la segunda quincena y no se ha pagado lo que deben de la primera quincena de enero”, detallaron de manera anónima los afectados, para no recibir represalias.
La inconformidad entre los policías se incrementó en los últimos días debido a que el pasado 25 de enero el compañero Daniel Federico Villalvazo, fue abatido durante un cateo en un domicilio de Ensenada, porque pareciera que sus jefes no consideran los riesgos de su labor.
Al buscar repuesta del fiscal Guillermo Ruiz, la dirección de comunicación requirió la solicitud de información a través de un correo electrónico, trámite que ya se realizó, y se espera respuesta.
Agentes de la FGE informaron, que de continuar la falta de pago y respuesta, existe la posibilidad de un paro laboral el próximo martes 2 de febrero debido a que es la segunda quincena que cobran con un descuento para el Fondo de Pensiones, el cual aseguran no está justificado.
Como antecedente, en noviembre del 2020, el gobernador Jaime Bonilla Valdez anunció que enviaría al Congreso la Ley de Seguridad Pública para Baja California la cual fue aprobada con los 25 votos el 23 de diciembre, incluyendo un capítulo de prestaciones.
En el que de acuerdo a lo expuesto por el mandatario se convirtieron en ley, incrementos salariales, la obligación afiliar al ISSSTECALI al elemento policiaco, a su familia y dependientes, además de la incorporación a un sistema jubilación, pensión o en retiro, todo para los más de 8 mil policías en el estado.
Bonilla aseguro que los policías de Tijuana serían los mejores pagados, pero los recortes llegaron antes que los aumentos.
