La presidenta municipal de Mexicali, Marina del Pilar Ávila Olmeda, comprometió el erario de los mexicalenses por 18 años para cubrir -tan solo en 2021- las carencias que dejará la eliminación del recurso federal de fortalecimiento para la seguridad. La próxima candidata a la gubernatura por Morena, convenció a representantes de la Iniciativa Privada y a integrantes del Cabildo para apoyarla en la reestructuración de una deuda de más de 950 millones de pesos, a fin de tener liquidez para cubrir adeudos con Issstecali y jubilaciones. Sin embargo, incumplió con esta promesa y, para solventarlo, recurre a cobrar la deuda de 152 millones que tiene el Estado con el Ayuntamiento
Menos de un año le tomó a la alcaldesa de Mexicali, Marina del Pilar Ávila Olmeda, olvidar una promesa.
En febrero de 2020, la futura candidata a la gubernatura de Baja California por Morena, convenció a la mayoría del Cabildo de Mexicali y a representantes de las cámaras empresariales, para apoyarla en una reestructuración de la deuda de más de 952 millones de pesos que tenía el Ayuntamiento de Mexicali con Banco Nacional de Obras (Banobras), lo que representaría un respiro en el gasto corriente de más de 65 millones de pesos en los primeros años.
El compromiso ampliaría la deuda de 10 a 18 años, reduciendo la tasa de interés, pero aumentando más de 500 millones de pesos el saldo total del compromiso bancario.
Para que la mayoría de los regidores e Iniciativa Privada la apoyaran, Ávila Olmeda se comprometió a utilizar el flujo inmediato de efectivo en reducir el adeudo del Ayuntamiento con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno del Estado y Municipios de Baja California (Issstecali), además de cubrir lo necesario para reducir el 6% de la nómina municipal.
La funcionaria firmó un documento como un compromiso “no vinculante”, con el objetivo de generar confianza en los sectores inconformes de la sociedad civil. Sin embargo, poco menos de un año después, el tesorero del Ayuntamiento, Víctor Amador Barragán, confirmó que el flujo de efectivo de aproximadamente 40 millones de pesos que pretenden recibir este año, será destinado para cubrir la desaparición del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg).
Para sustituirlo, el gobierno municipal pretende cobrar 152 millones de pesos que adeuda el Poder Ejecutivo, dirigido por el gobernador Jaime Bonilla Valdez, desde la pasada administración panista.
Para el regidor con licencia Héctor Ibarra Calvo, quedó claro que la reestructuración fue un fracaso, toda vez que se comprometió a los alcaldes por 18 años, para tener un flujo inmediato de efectivo, obligando a que los presidentes municipales del futuro vuelvan a adquirir deuda pública para solventar sus necesidades.
Mientras que, para el ex presidente del Colegio de Economistas, Enrique Rovirosa, los dos temas importantes de esta reestructuración son que no se quiera reconocer como una deuda pública cuando sí lo es, y que el Ayuntamiento pague 11 millones de pesos a un despacho contable para un estudio que debió hacer la Tesorería, que, a su juicio, es un acto de corrupción.
MARINA INCUMPLIÓ ACUERDO CON IP
En febrero del año pasado, el Cabildo de Mexicali aprobó la posibilidad de reestructurar la deuda del municipio hasta por 962 millones de pesos por un periodo máximo de 20 años. La intención era modificar las mensualidades y la tasa de interés de dos préstamos con Banobras.
El tesorero Víctor Amador Barragán reconoció que la situación de la pandemia pospuso los planes, pues pretendían culminar el proceso a más tardar en mayo de 2020. En cambio, el Ayuntamiento suscribió el contrato con Banobras hasta el 22 de septiembre, con un plazo de 90 días naturales para hacer efectiva la reestructuración.
No fue hasta finales de noviembre y principios de diciembre que se concretó el proceso y se liberaron los más de 363 millones 454 mil 953 pesos para cubrir la totalidad del empréstito P02-0513046 y abonar un monto de 82 millones 747 mil 844 pesos al préstamo 091/2011, ambos suscritos con Banobras, lo que reduciría el pago inmediato, pero extendería la deuda por 18 años más.
Para que el acuerdo fuera respaldado por la Iniciativa Privada, la alcaldesa y los regidores se comprometieron -en un documento firmado en poder de ZETA– a lo siguiente:
- La presidenta, acompañada del Cabildo, firme un compromiso público con el objetivo de validar su postura de destinar el 100% del ahorro y flujo positivo generado de la reestructura a la reducción de la nómina, generación de jubilaciones y pago de Issstecali, una vez lograda la reestructura y determinados los importes finales correspondientes.
- Que dicha firma de compromiso se encuentre acompañada por el plan multianual que se deberá seguir por las siguientes administraciones para utilizar este refinanciamiento específicamente en la mejora de las finanzas municipales.
- Que permita la integración de una Comisión Técnica que dé seguimiento al cumplimiento de estos acuerdos, el cual deberá ser, además, del nombramiento del representante del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en el Comité de Deuda.
- El CCE gestionará que las próximas administraciones municipales den cumplimiento al presente acuerdo.
Pese a ello, el tesorero reconoció que el recurso no fue utilizado para la liberación de plazas ni el pago al Issstecali, “por decirte un número exacto, si en el año 2020 se presupuestaron 157 millones (para el pago de deuda), para este año se presupuestan 96 millones; ese dinero se pudo reorientar a otras fuentes, otros rubros de gasto, estuvo muy oportuna porque para 2021 se destinó al Fortaseg, con esos 41 millones de pesos”.
Esto quiere decir que para subsanar los “huecos” financieros que dejó el presupuesto federal, el Ayuntamiento de Mexicali utilizará el dinero obtenido de comprometer las arcas municipales por 18 años, para rentar patrullas, comprar equipo policíaco, entre otras cuestiones relacionadas con la seguridad, lo que -en realidad- no es más que gasto corriente que debería ser cubierto por la administración.
Cuestionado sobre el compromiso firmado entre Marina del Pilar Ávila; el presidente del CCE, Rodrigo Llantada; el entonces presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Ernesto Elorduy, entre otros, Amador Barragán admitió que el gobierno de Jaime Bonilla Valdez debe al Ayuntamiento -por concepto de participaciones federales- 152 millones de pesos, heredados de la pasada administración del panista Francisco Vega de Lamadrid.
En noviembre firmaron un convenio para que parte de esa deuda, concretamente 35 millones de pesos, sean abonados a la deuda municipal con el Issstecali, con el objetivo de que se dividieran en 130 jubilaciones, con sus respectivos finiquitos.
Barragán aseveró que el convenio también contempla que dentro de las próximas semanas se cubra este compromiso, y con ello liberar más plazas, pero antes tendrán que hablar con representantes del Sindicato de Burócratas, para que no sean ocupadas.
Hubo algunos cambios en lo que se aprobó y se presentó en el Cabildo, pues se mejoró la tasa del 2.2%, mucho más benéfica que la que se tenía con la pasada deuda, de 3.7%, además de adecuar los tiempos y los pagos, pues se cubrió con las mensualidades de marzo a noviembre de la deuda anterior. Por ello hubo una disminución y la reestructuración terminó siendo de 927 millones de pesos.
Sin embargo, ZETA cuenta con una copia del contrato de 89 hojas firmado con Banobras, obtenido a través de una solicitud de Transparencia (folio 01235520), en la cual se mantiene el monto de 957 millones de pesos como compromiso de pago a capital.
IP Y REGIDORES DESCONOCEN MANEJO DE DEUDA
Los presidentes saliente y entrante de la Coparmex, Ernesto Elorduy Blackaller y Octavio Sandoval López, respectivamente, y el regidor Héctor Ibarra Calvo, dijeron desconocer información sobre cómo se ha distribuido el flujo de efectivo de la reestructuración.
Sandoval López forma parte de la Comisión de Deuda Pública del Ayuntamiento de Mexicali y reconoce que el proceso se llevó a cabo de una manera responsable, pero no sabe lo que ocurrió con el recurso que se destinaría a reducción de nómina.
“Realmente es una aspirina dentro de las finanzas del Ayuntamiento, nuestra ciudad requiere requerimientos de inversión pública, aunque pareciera que no le compete, el sistema pluvial está colapsado, tenemos problemas de pavimentación, contaminación. Y el problema que hay que resolver y no se resuelve con esta reestructura, le generó al Ayuntamiento un ahorro, pero eso no es la solución”, argumentó.
En su opinión, la reestructuración fue una oportunidad que debía ser aprovechada, pero la calificó como una aspirina para las grandes problemáticas del Ayuntamiento, cuya nómina es obesa, en gran medida por los órganos paramunicipales donde pudiera reestructurarse el personal.
Respecto al seguimiento del recurso, consideró que es responsabilidad del presidente del CCE, Rodrigo Llantada Ávila, con quien se firmó formalmente el acuerdo de voluntades. ZETA buscó una opinión del representante, pero aseguró desconocer detalles en ese momento y solicitó más tiempo para hacerse de información, sin que hasta el cierre de esta edición, jueves 21 de enero, se emitiera opinión oficial.
Por su parte, el regidor Héctor Ibarra Calvo consideró que después del acuerdo en el Cabildo de Mexicali, ni el tesorero ni la presidente municipal ofrecieron información sobre el destino del recurso.
De igual manera, criticó que el despacho contable encargado de estudiar la viabilidad de la deuda sea el de Marco Moreno Mexía, ex socio del actual tesorero Víctor Amador Barragán, lo que consideró un conflicto de interés ya denunciado ante Sindicatura Municipal, ya que sin licitación se le pagaron 11 millones de pesos.
Según Ibarra Calvo, en la reestructuración se perdió un año y, en 2021, la alcaldesa Ávila Olmeda pedirá licencia en los próximos meses, por lo que nada comprometerá a su suplente y al próximo presidente municipal, a utilizar el recurso público como se definió inicialmente.
“Al final ahorcamos financieramente a alcaldes futuros de los que no conocemos ni sus nombres y ya tendrán que pagar por las decisiones del XXIII Ayuntamiento”, remató el edil con licencia.
En tanto, el ex presidente del Colegio de Economistas, Enrique Rovirosa, criticó principalmente que el Ayuntamiento niegue que se trata de una deuda pública, toda vez que incluso en el mismo documento firmado, se reconoce como tal. Se trata de un documento normal con tasas de interés y compromisos comunes, al grado de considerarlo como un “machote” del banco, pues se incluyen cuestiones que ni siquiera operan en este caso.
Sin embargo, enfatizó en que el gobierno municipal contrató a una empresa y le pagó 11 millones de pesos del mismo dinero de la reestructuración, con el objetivo de llevar a cabo el estudio de viabilidad, cuando este no es una ciencia compleja y el mismo tesorero debió llevarlo a cabo.
Rovirosa expuso que cuando él fue subtesorero municipal se encargó de estudios de este tipo, por lo que calificó dichos contratos no son más que actos de corrupción.
Esto fue respaldado por el regidor panista, quien afirmó que el motivo por el cual se requería un despacho privado era porque el empréstito sería cubierto por una banca privada. Pero al final resultó ser Banobras, ente que -espetó- sirve para facilitar este tipo de procesos.
