Llama CCE a unirse contra cobros indebidos de agua

Destacados martes, 5 enero, 2021 3:48 PM

Empresarios piden que les den oportunidad de defenderse de los cobros “ilegales” que les están fincando las empresas Fisamex y Stratimex, y advierten auto censura en medios de comunicación

 

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Tijuana, Mexicali, Tecate y Ensenada llamaron a las empresas que han sido víctimas de cobros ilegales de agua por parte del gobierno estatal, mediante las empresas Fisamex y Stratimex, a unirse en una acción legal conjunta en contra de éstos y seguir exigiendo la aplicación del Estado de derecho en Baja California.

“Hay al menos 450 empresas que han sido objeto o víctima de este mecanismo extractivo ilegal que van a presentar las denuncias en los plazos correspondientes”, adelantó el abogado fiscalista, Adolfo Solís Farías, quien estimó que al final de la administración de Jaime Bonilla Valdez la Hacienda tendrá que devolver alrededor de 3 mil millones de pesos por el recurso captado (mil 500 mdp) y los intereses generados.

Indicó que las Comisiones Estatales de Servicios Públicos están cometiendo el delito de concusión (artículo 218 Código Penal Federal) al establecer el mecanismo de cobranza que están llevando a cabo. “Esos recibos ´locos´ que le están llegando al ciudadano son concusión pura, es un delito”, y por eso van a tener que responder todas las empresas y funcionarios que estén involucrados.


Consideró que ha habido pocas acciones legales y denuncias públicas hasta el momento, porque ha habido represalias y presiones. El Estado ha sido usado como una herramienta de control vía la Secretaría del Trabajo y la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris), acusó.

Circunstancia ante la que muchas empresas optaron por pagar. “Creímos que pagando en un inicio el gobierno iba a tomar cierta tolerancia y decir, bueno ya pagó, pero están dando la vuelta a muchas empresas y ahorita les están diciendo ´oye también tienes otros derechos de agua no contabilizada que no te habíamos tomado en cuenta, entonces para seguir con tu trámite tienes que cumplir con esta segunda vuelta´, y eso es algo riesgoso para la estabilidad del estado”

El vicepresidente del CCE de Ensenada, Sergio Guevara manifestó que aquellas empresas que deban derechos o servicios de agua y/o drenaje tienen que pagarlos. “Lo que estamos exigiendo es que los procedimientos de cobro se lleven a cabo de manera legal, apegados a derecho y se siga el debido proceso”.


Refirió que en el caso de Ensenada han sido determinadas alrededor de 150 empresas y el común denominador es que en casi todos los casos no se trata de tomas ilegales, ni de cobros de consumo de agua, sino de querer cobrar derechos que en algunos casos ni siquiera se prestan, como el de drenaje.

“El gran problema es que como estas empresas operan con un porcentaje de la cobranza, que entendemos es del 20%, tienen un incentivo a inflar los cobros con supuestos adeudos, y con la complicidad de los organismos estatales del agua coaccionan a las empresas amenazándolas con cortarles los servicios de agua y drenaje. Nos preocupan mucho que estas acciones se estén llevando a cabo sin estar apegadas a derecho y que no se dé oportunidad a las empresas a defenderse”.

El presidente del CCE de Mexicali, Rodrigo Llantada hizo un llamado a las autoridades que inciden en tema del agua dado que ha habido variantes en cuánto a la manera en que se cobra el agua, particularmente en el sector industrial.

“Hay otros casos como el de desarrollos inmobiliarios que compraron la tierra al Estado, al Indivi, y a éste correspondía cubrir los derechos de conexión y las obligaciones fiscales. No lo hicieron y si bien es cierto que el desarrollador no le han fincado un crédito tampoco le han dado la liberación”, ejemplificó. Por lo que, se necesitan establecer criterios y mecanismos de pago si existiera un crédito fincado dentro de las leyes observadas.

Indicó que “con los pocos” funcionarios que los han atendido se ha puesto sobre la mesa la agenda tratando de establecer un puente de comunicación, buscando soluciones de fondo. “Ya intentamos de todo, […] y expusimos sobre la mesa lo grave que estaba siendo las políticas en atención a las micro y pequeñas empresas; sin embargo, han sido indiferentes, omisos”


Hasta el 30 de diciembre de 2020, la Secretaría de Honestidad y Función Pública -que encabeza Vicenta Espinosa- informó que la empresa Romafam, SA de CV (conocida como Fisamex) había determinado a 3 mil 070 empresas en todo el estado por un monto total de 5 mil 626 millones 690 mil 732 pesos. Del total, el gobierno estatal recuperó mil 485 millones 096 mil 032 pesos y pagó 297 millones 19 mil 206 pesos a Fisamex (equivalentes al 20% de lo recaudado).
En el mismo lapso, se habían presentado 163 amparos en contra de los dictámenes de Fisamex, la mayoría en Tijuana y Mexicali.

EMPRESARIOS VEN AUTO CENSURA DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Durante la conferencia de prensa virtual, Llantada Álvarez indicó que el sector empresarial ha percibido una “auto censura” por parte de los medios de comunicación del estado.

Ejemplificó que “en otra época el hecho de que se presentara la lamentable iniciativa para el cambio de la sede de la capital hubiera sido motivo para que todos los medios nos hubieran estado buscando, y no recibimos ninguna llamada, ni para ésa, ni para otras causas”.

Refirió que en Mexicali se hizo una conferencia de prensa en el que se señaló que con medidas como el cobro indebido de agua sería “muy difícil” continuar y preservar las fuentes de trabajo, pero no tuvo réplica en los medios.

“Hemos nosotros tratado de motivar a los medios para que repliquen el sentir del sector empresarial, hemos buscado, y desgraciadamente no en todos los casos hemos encontrado el eco, hay algunos que han hecho un esfuerzo, lo reconozco, pero también son los más que no, y no quisiéramos pensar que hay razones suficientes para poder limitar la libertad de expresión”.

En opinión del vicepresidente del CCE de Ensenada, Sergio Guevara, se ha visto que “hay un control de los medios, en muchos de los medios por parte del Estado”, de modo que el llamado también es que se difundan las “arbitrariedades” en el cobro del agua.

 

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