Durante 2020, la Cruz Roja brindó 72 mil 836 servicios de ambulancia de emergencia en Baja California, cifra que representa el 98% de los servicios que se solicitaron el año pasado en toda la región.
Parar tener una idea, se pueden decir que estos casi 73 mil servicios representan el 85% de los 85 mil 814 delitos que se denunciaron en BC durante el mismo periodo.
¿Qué pasaría en el Estado si esas ambulancias equipadas en las que atienden técnicos de emergencias médicas profesionales, capacitados, que trabajan en el Estado desde hace 90 años, dejaran de circular?
Ciertamente, el resto de los servicios tienen una cuota de recuperación, establecidas “con base a los insumos e intervenciones que el tratamiento del paciente requiere”, misma que no es pagada por el 11% de los pacientes en promedio.
Por ejemplo, el año pasado, la Delegación Tijuana de Cruz Roja proporcionó atención hospitalaria a 40 mil 872 personas, 3 mil 990 de los casos fueron atendidos como enfermos respiratorios, sospechosos o positivos a coronavirus.
De esos 40 mil usuarios, 4768 cubrieron parcialmente, o no saldaron las cuotas de recuperación, lo que para el hospital de Tijuana representó un déficit de 29 millones 811 mil 806.33 pesos.
En todo Baja California, Cruz Roja brindó 202 mil 530 servicios médicos y 55 mil 400 servicios de laboratorio. Mientras en Tijuana y Ensenada se realizaron 2859 curaciones, 1029 cirugías mayores y 202 cirugías menores, y se ofrecieron 1500 capacitaciones.
Hablando de números, el donativo que hacen los californios a través del Estado, provocó que el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, se haya dedicado a despotricar en contra de la institución desde el 9 de enero en las conferencias mañaneras presentadas a través de su página personal de Facebook, y lo hizo hasta el día 20.
Empezó por asegurar que eliminaría el donativo y se dedicó a desacreditarlos: “La Cruz Roja se mantiene como una entidad privada y solo cuando necesita dinero viene con el gobierno”, y acusó que tienen “cobros excesivos” como los hospitales privados.
Aseguró que el Estado les ha pedido auxilio y se han negado a prestarles ambulancias “que porque se contaminaban, entonces, no hay una disposición caritativa ni humanitaria”.
Siguió tundiendo: “Durante el proceso de esta pandemia, la Cruz Roja no ha aportado nada en realidad, y si ha aportado, ha aportado muy poquito y en escasas ocasiones”.
Agregó: “Ahora, con las nuevas instalaciones se selecciona mucho a quién levanta la Cruz Roja, primero le ven posibilidades, si va a poder pagar, entonces lo suben, y si no, ahí te quedas”, para rematar con que se distinguen por “recabar fondos para no nada más salir adelante, sino al parecer, para tener utilidades”.
A mediados de esta semana que concluye, Bonilla empezó a bajar el tono, y declaró que lo único que quería, era que a la gente no se le obligara a donar.
Los administrativos de la Cruz Roja informaron que el apoyo del Estado inició en los años 70, con una cuota de 10 pesos incluida en el trámite vehicular; en los 90 subió al equivalente de un salario mínimo; y a partir de 2018 se estableció la cuota de 93 pesos.
Fue entre 2007 y 2008 cuando surgieron la primeras inquietudes de ciudadanos reclamando que el “donativo fuera obligatorio”, en aquel momento, el Estado informó que la aportación no era forzosa, y al hacer el pago de placas podrían pedir que la contribución de la Cruz Roja fuera restada. Algunos lo hicieron.
Entre 2013 y 2019, empleados de Recaudación de Rentas empezaron a preguntar a la gente si deseaba o no contribuir, pero ciertamente, no todos los cajeros le daban al tributario la opción de evadir el donativo.
Ahora hablando en pesos y centavos, lo primero que vale entender es que los 69 millones de pesos que recauda el Estado para la Cruz Roja, representa apenas el 27% del costo total, pero solo de los servicios gratuitos de ambulancia. Los donativos vía Estado apenas cubren tres de cada diez traslados de ambulancia en la entidad. El otro 74% lo obtienen de los donativos de empresas, campañas de redondeo con mercados de autoservicios y la colecta nacional.
En cuanto a la obligatoriedad de la donación que se usó como argumento para los insultos del ingeniero Bonilla, esa se generó desde su gobierno. Corresponde a sus recaudadores informar a los bajacalifornianos de la opción de aportar o no.
Habrá quien lo rechace, pero seguramente también habrá generosidad de aquellos que decidan apostar por la permanencia de este servicio pre hospitalario de emergencia.
En lugar de injuriar, el mandatario bajacaliforniano podría hacer una campaña para informar que los únicos servicios médicos que el usuario no está obligado a pagar, son los de los hospitales generales, y tampoco son gratis, ni un regalo del gobierno. Porque ese gasto se cubre con los impuestos pagados por miles de bajacalifornianos y mexicanos productivos que tributan al Estado.
