Utilizando artimañas legales, el ex dirigente estatal del PAN, José Luis Ovando Patrón, y todos los acusados por el presunto desvío de 8 millones de pesos, lograron posponer la audiencia de formulación de imputación programada para este jueves 14 de enero, en Mexicali, Baja California.
El dinero desviado, corresponde al 2 por ciento del sueldo, que el gobierno de Francisco Vega de Lamadrid, retenía a los trabajadores militantes panistas, y que eran entregadas de manera directa al partido blanquiazul.
El año pasado, el secretario General de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, presentó una denuncia ante el Ministerio Público, donde aseguró que el Partido Acción Nacional ideó una estructura de desvío de recursos a trabajadores de la administración pública, a los cuales les retenía directamente de la nómina el 2 por ciento de su sueldo.
Dicho recurso iba a las arcas del PAN, en una primera etapa, y posteriormente a una asociación civil dirigida por Ovando Patrón.
La cita era este jueves a las 9 de la mañana, en la Sala 4 del Centro de Justicia de Río Nuevo, en la Capital del Estado, donde comparecerían por primera vez ante el juez, los ex funcionarios Roberto Gil Espinoza y Carlos Armando Ríos Treviño -ambos directivos de la extinta Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE)-, José Luis Ovando Patrón, Omar Murillo Salgado, Eduardo Orta Osorio, Loreto Quintero Quintero y Jesús Rubén Félix, estos dos últimos no acudieron por padecer COVID-19
Poco después de la hora pactada se inició con la audiencia en la que se hizo constar que dos de los implicados estaban ausentes debido a su enfermedad, por lo que solicitaron que la audiencia se pospusiera.
Esta premisa generó un alegato entre la Fiscalía y la defensa, pues aunque no estuvieran presentes, podía llevarse a cabo con los implicados.
La intención del juez fue continuar con la audiencia, pero en ese momento, los acusados optaron por remover a su defensor particular, lo que evidentemente los dejaba en indefensión, obligando a otorgarles tres días para que consiguieran otro representante legal.
Luego de más de una hora de alegatos, el juez decretó posponer la audiencia hasta el 18 de marzo, en la sala 6 del Centro de Justicia de Río Nuevo, con la posibilidad de llevar a cabo la audiencia de manera virtual.
Respecto a los ausentes, precisó que de no asistir procederían a girar las respectivas órdenes de presentación, utilizando la fuerza pública para ello.
Ovando Patrón fue interceptado por los medios de comunicación las afueras de la sala, donde reiteró que las acusaciones realizadas por la Secretaría General de Gobierno atienden más a un tema político que legal, y que de las 20 acusaciones que le hicieron en su contra, solo quedan dos vigentes.
El ex dirigente del PAN, comentó que el señalamiento del 2 por ciento no tiene fundamentos, y que era un tema público, el cual debe tratarse entre particulares, ya que -a su dicho- no hubo un quebranto a las arcas gubernamentales.
Negó también que se tratara de cientos de víctimas las que obran en la carpeta, pero no quiso precisar más detalles, aseguró, por respeto a quienes se sienten agraviados.
Al término de la audiencia también fue intervenido el vicefiscal Pedro Mendivil, el cual reclamó que los acusados utilizaron artimañas legales permitidas por la ley, pero que de ninguna manera pueden considerarse morales.
Enfatizó en que se desistieron de su defensa particular con el objetivo de dilatar el caso, en vez de enfrentar la acusación en ese momento.
Mendivil fue cuestionado por las acusaciones concretas que se tienen contra los exfuncionarios, pero argumentando que forma parte de la estrategia, se negó a proporcionar dicha información.
Sin embargo, aseguró que existen suficientes elementos para vincularlos a proceso, pues se trata de una investigación que tiene ya más de un año, donde se obtuvo una gran cantidad de evidencia.
