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lunes, septiembre 30, 2024
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Caro Quintero, “La Rana” y “El Aquiles” mandan flores a “El Azulito”, quien falleció por COVID

El capo sinaloense Rafael Caro Quintero -alias “El Príncipe” o “Rafa”, fundador del extinto Cártel de Guadalajara-, envió una corona de flores a la funeraria donde era velado Juan José Esparragoza Monzón, alias “El Negro” o “El Azulito”, hijo de Juan José Esparragoza Moreno, “El Azul”, supuestamente falleció por consecuencia del coronavirus SARS-CoV-2 (que causa la enfermedad COVID-19), en una clínica de Culiacán, Sinaloa.

“El Negro” fue velado en una de las sucursales de la funeraria San Martín, en el fraccionamiento Montebello, en la capital sinaloense, donde se ubicó una enorme corona fúnebre adornada con 500 flores, misma que tenía una cinta con el mensaje “De tu padrino Rafael C.Q”, escrito en letras doradas, sobre un listón negro que atravesaba el arreglo.

Esparragoza Monzón también recibió rosas rojas y blancas de los hermanos René y Alfonso Arzate García, jefes de plaza del Cártel de Sinaloa en Tijuana, Baja California. Los arreglos florales tenían cintas que decían “La Rana” y “El Aquiles”, los alias de ambos, respectivamente. Además, Ismael Zambada García, “El Mayo”, también mandó flores al hijo de “El Azul”.

¿QUIÉNES SON LOS HERMANOS ARZATE GARCÍA?

Alfonso Arzate García, alias “El Aquiles”, de 45 años de edad, es originario de Sinaloa e inició sus actividades en el narcotráfico en la ciudad de Tijuana en la década anterior, cuando se convirtió en proveedor y colaborador de la célula de Fernando Sánchez Arellano, “El Ingeniero”, otrora líder del Cártel de los Arellano Félix (CAF).

Pero tras la detención de este, “El Aquiles” decidió enrolarse en las filas del Cártel de Sinaloa y encabezar una poderosa célula criminal al lado de su hermano René Arzate García “La Rana”, del que después habría de desvincularse.

En Estados Unidos, Alfonso Arzate García es señalado junto con otros miembros del Cártel de Sinaloa y su hermano, de traficar grandes cantidades de heroína, metanfetamina, cocaína y marihuana, en denuncias formales reveladas en enero de 2015, en la Corte del Distrito Sur de San Diego, California, dentro del caso 14CR0722-DMS. Mientras que en Baja California tiene órdenes de aprehensión pendientes de ejecutar por secuestro y homicidio.

A principios de Febrero del 2019, el Juez Cuarto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, negó el amparo y protección al presunto narcotraficante René Arzate García, alias La Rana”, contra la orden de detención provisional con fines de extradición que dos años antes le dictó un impartidor de justicia federal.

Tras conocer el fallo, la defensa del líder de una de las células más importantes del Cártel de Sinaloa en Tijuana, interpuso el recurso de revisión para que el asunto fuera analizado por un Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, con residencia en Mexicali.

“La Rana” promovió una demanda de amparo en cuanto se enteró que existía la orden de captura para someterle a procedimiento de extradición, puesto que es reclamado por el Gobierno de Estados Unidos para ser juzgado por delitos contra la salud.

En 2015, el Gobierno estadounidense emitió una alerta incluyendo a “La Rana” en la lista de Los Más Buscados por el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés). Lo describen como “miembro de alto rango en el Cártel de Sinaloa”, acusado de “conspirar para importar una gran cantidad de marihuana a Estados Unidos”. Ofrecen 20 mil dólares por información que conduzca a su arresto.

LA MUERTE DE “EL AZULITO”

Juan José Esparragoza Monzón, alias “El Negro” o “El Azulito”, hijo de Juan José Esparragoza Moreno, “El Azul”, supuestamente falleció por consecuencia del coronavirus SARS-CoV-2 (que causa la enfermedad COVID-19), en una clínica de Culiacán, Sinaloa.

Según el semanario Ríodoce, Esparragoza Monzón, de 49 años de edad, ingresó con un nombre falso a al hospital Cemsi y posteriormente su cuerpo fue velado en la funeraria Moreh, a la cual llegaron agentes de la Fiscalía General de la República (FGR), quienes intentaban identificarlo, ya que era prófugo de la justicia.

Después, el cuerpo Esparragoza Monzón fue trasladado a la funeraria San Martín, del fraccionamiento Montebello, a donde llegaron decenas de coronas florales, según lo informó el mismo semanario.

Otra de las versiones, vertida por Línea Directa, apunta a que el hijo de “El Azul” habría permanecido durante dos meses en una clínica particular, debido a complicaciones de salud tras confirmarse que era portador del SARS-CoV-2.

Por su parte, Cristóbal Castañeda Camarillo, secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, confirmó que elementos de la FGR realizan estudios periciales al cuerpo sin vida de la persona que podría tratarse de Esparragoza Monzón.

El funcionario estatal detalló que peritos de la FGR acudieron a la funeraria Moreh, ubicada en la colonia Almada, donde era velado el cuerpo de una persona del sexo masculino, el cual se presume podría corresponder al hijo de “El Azul”.

Castañeda Camarillo precisó que al ser Esparragoza Monzón un prófugo de la justicia, de inmediato se estableció comunicación entre autoridades del Centro Penitenciario de Aguaruto y la FGR. Asimismo, indicó que existía una orden de aprehensión contra el “Negro”.

El secretario de Seguridad Pública estatal dijo que de confirmarse que el cuerpo de esta persona corresponde al hijo de “El Azul”, su ingreso a una clínica privada para tratarse de la COVID-19, donde falleció, pudo darse con un nombre falso, para de esta forma pasar desapercibido.

“Suponemos que fue ingresado a un centro hospitalario con algún otro nombre y obviamente verificaremos a través de la Fiscalía General de la República, pues ellos tienen los peritajes para acreditar o no la personalidad de esta persona”, explicó el funcionario estatal.

¿QUIÉN ERA EL HIJO DE “EL AZUL”?

El hijo de “El Azul” había sido detenido el 19 de enero de 2017, en un operativo conjunto llevado a cabo por Secretaría de Narina (SEMAR) y la entonces Procuraduría General de la República (PGR), en Culiacán. Esparragoza Monzón era considerado por el Gobierno Federal como uno de sus 122 objetivos prioritarios.

Hasta antes de su captura, “El Negro”, originario de Culiacán, se desempeñaba como operador del cártel fundado por su padre en compañía de Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, alias “El Chapo” -extraditado y condenado en Estados Unidos-, y de Ismael Zambada García, alias “El Mayo”.

En conferencia de prensa, el entonces Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, indicó que el hijo de “El Azul” coordinaba una red de distribución de drogas y administraba ganancias del Cártel de Sinaloa.

“Mismas que presumiblemente invertía en la compra de bienes inmuebles y en la creación de empresas en los estados de Baja California, Baja California Sur, Jalisco, Querétaro, Sinaloa, donde también mantenía actividades delictivas”, refirió el entonces funcionario federal.

Sales Heredia abundó que Esparragoza Monzón también era considerado uno de los generadores de violencia en las ciudades fronterizas de Mexicali y Tijuana, en Baja California. El hijo de “El Azul” fue detenido junto a Jesús Alfredo Beltrán Bojórquez, quien fungía como su escolta.

Durante su captura, a ambos le fueron aseguradas una arma larga y dos cortas, equipos de comunicación, así como paquetes y envoltorios con cocaína. Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Federación en Culiacán y, posteriormente, remitidos a un juez federal.

Sin embargo, el 16 de marzo del 2017, Esparragoza Monzón escapó, antes de ser extraditado a Estados Unidos, del Centro Penitenciario de Aguaruto, en Culiacán, de donde también se fugaron: Alfonso Limón Sánchez, “El Limón”; Jesús Peña González, “El 20”; Rafael Guadalupe Félix Núñez, “El Changuito Antrax”; y, Francisco Javier Zazueta Rosales, “El Pancho Chimal”, fallecido durante un enfrentamiento con las autoridades.

Esparragoza Monzón era hijo de Gloria Monzón Araujo, quien ha sido señalada por el Departamento del Tesoro de EE.UU. de haber creado una red de gasolineras en Culiacán, mismas que presuntamente servían de fachada para blanquear recursos, y que fueron incautadas por la entonces PGR.

¿QUIÉN ES EL CAPO “EL AZUL”?

Por su parte, “El Azul” es buscado por autoridades federales de México y Estados Unidos, aunque en algunas versiones señalan que falleció en mayo del 2014, por un infarto provocado por las lesiones que sufrió tras un accidente automovilístico, lo que no ha sido confirmado.

La muerte de Juan José Esparragoza Moreno -quien fungió como comandante de la Dirección Federal de Seguridad (DFS)- fue desmentida por el entonces procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, así como por el entonces gobernador sinaloense, Mario López Valdez, conocido también como “Malova”.

En EE.UU., durante la década de 1990 y 2000 al capo sinaloense se le conoció como “El conciliador”, debido a que reportes de inteligencia indicaban que fue él quien organizó diferentes encuentros para acabar con las disputas entre el Cártel de Sinaloa, el Cártel de Juárez, el Cártel de Tijuana y el Cártel del Golfo.

En enero de 2016, elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la entonces PGR, detuvieron en Zapopan, Jalisco, a Mario Sánchez Garza, identificado como el principal blanqueador o lavador de dinero de “El Azul”, uno de los fundadores del Cártel de Guadalajara en la década de 1970.

¿QUIÉN ES CARO QUINTERO?

Rafael Caro Quintero, junto con Miguel Ángel Félix Gallardo, “El Padrino”, y Ernesto Fonseca Carrillo, “Don Neto”, fundaron el Cártel de Guadalajara en la década de los 80’s del Siglo pasado, el cual llegó a ser una de las organizaciones delictivas más poderosas de aquel entonces.

“El Príncipe” tuvo una gran amistad con José Esparragoza Moreno, “El Azul”, del que también fue socio. Ambos son originarios de Badiraguato, el primero de un poblado llamado Huixiopa y el segundo de la comunidad de La Noria.

“[Caro Quintero] continúa dirigiendo un gran cartel que introduce de manera ilegal drogas en este país. Perseguir a sus colaboradores y estructura de apoyo es crucial para acabar de una vez con sus empresa criminal”, dijo en un comunicado fechado el 2 de diciembre del 2020, Timothy J. Shea, director interino de la Agencia Antidrogas Estadounidense (DEA, en sus siglas en inglés).

Shea sostuvo que a pesar de que han pasado 35 años del secuestro, tortura y asesinato del agente especial de la DEA, Enrique “Kiki” Camarena Salazar, llevar a Caro Quintero -señalado como autor intelectual del crimen- ante la justicia de EE.UU. es una de las máximas prioridades para la agencia antinarcóticos estadounidense.

“Llevar a Rafael Caro Quintero ante la justicia es una de las principales prioridades de la DEA. Fue responsable de la brutal tortura y muerte de un agente especial de la DEA en 1985, y no descansaremos hasta que sea detenido”, abundó el director interino de la Agencia.

Antes, el 23 de noviembre del 2020, Caro Quintero fue colocado por la DEA, en el primer lugar de la lista de los diez fugitivos más buscados, lugar que antes fue ocupado por el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”.

La agencia antidrogas estadounidense ofrece una recompensa de 20 millones de dólares por información que lleve a la captura de Caro Quintero, de 68 años de edad y prófugo de la justicia, luego que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revirtió un amparo que le permitió recuperar su libertad, el 9 de agosto del 2013.

La página de internet de la DEA cataloga al capo sinaloense como “armado y peligroso”. Además, se ofrece una recompensa de 20 millones de pesos (403 millones 216 mil pesos mexicanos, al tipo de cambio actual), por Caro Quintero, quien es buscado por los delitos de “Secuestro y asesinato de un agente federal, delitos violentos en ayuda del crimen organizado, complicidad, cómplice del hecho. También buscado por: posesión con intención de distribuir marihuana y cocaína, asesinato, empresa criminal continua”.

“Rafael CARO-PAEZ, Rafael CARO-QUENTARO, Rafael CAGO-QUINTERO, Ravael CARO-QUENTERO, Rafael CARO-PAYAN, Rafael CARO-QUENTARO, Raxael CARO-QUENTERO, Pedro SANTOS-ESCAMILLA, R One, R # 1, Rafa, El CHARRAL, El GRENAS, Don RAFA, Licenciado RIOS”, señala la DEA, respecto a los alias conocidos del capo sinaloense.

Por su parte, el capo sinaloense Caro Quintero, informó mediante un escrito presentado el 22 de mayo del 2020, al Primer Tribunal Colegiado Penal en la Ciudad de México, que es económicamente insolvente, y que su situación se ha complicado porque, en su condición de prófugo de la justicia y adulto mayor, no tiene la oportunidad de trabajar y generar un ingreso.

“El nombrado recurrente alega insolvencia porque dice tener más de 60 años de edad, no estar pensionado ni jubilado, y como hecho notorio aduce encontrarse sustraído de la acción de la justicia, lo que le impide –dice– laborar o desempeñar alguna actividad por la que pueda adquirir recursos económicos”, dijo Caro Quintero, según un acuerdo publicado el pasado 26 de mayo por el Primer Tribunal Colegiado Penal de la capital de la República.

Según lo informó el diario Reforma, esta es una de las dos promociones que “El Príncipe” presentó vía electrónica ante el Tribunal capitalino, en el amparo en revisión contra la orden de detención provisional con fines de extradición a Estados Unidos, por el asesinato en 1985, de Enrique “Kiki” Camarena Salazar, miembro de la DEA.

El rotativo, basado en informes del Poder Judicial de la Federación, señaló que la manifestación del ex líder del extinto Cártel de Guadalajara, respecto a la supuesta carencia de recursos, la hizo con el propósito de que el Tribunal no le imponga el pago de una garantía.

En el escrito con firma autógrafa escaneada, el capo sinaloense solicitó recusar al magistrado Juan José Olvera López de la votación de su amparo, aunque en el acuerdo publicado el 26 de mayo del 2020 por el Tribunal capitalino, no se aclaran los motivos, detalló el Reforma.

“En la otra promoción también pide aplazar, hasta después de terminada la emergencia sanitaria por COVID-19 y una vez normalizadas las actividades judiciales, la sesión en la que será votado su amparo en revisión. El colegiado acordó reservarse el trámite de la recusación del magistrado Olvera hasta que el Consejo de la Judicatura Federal determine que las actividades jurisdiccionales regresarán a la normalidad”, indicó el rotativo.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), informó el 30 de marzo del 2020, que bloqueó ese mismo día las cuentas bancarias de 18 personas relacionadas con el Cártel de Sinaloa y el capo sinaloense Caro Quintero.

La UIF, cuyo titular es Santiago Nieto Castillo, informó que tras reportarse movimientos inusuales en el sistema financiero de 18 cuentas bancarias, procedió a su bloqueo luego de indagarlas y encontrar vínculos con el crimen organizado.

Catorce de dichas cuentas están supuestamente relacionadas con el Cártel de Sinaloa. Nueve de estas son personas físicas y las cinco restantes de empresas. Mientras que otras cuatro están relacionadas con el capo sinaloense Caro Quintero.

El 31 de enero del 2020, el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito declaró infundado un recurso del capo sinaloense Caro Quintero, con el cual reclamó el acuerdo del juez Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal, Julio Veredín Sena Velázquez, de que en caso de ser detenido, sea entregado inmediatamente al Gobierno de Estados Unidos en extradición.

“Como se aprecia de la certificación secretarial de cuenta, el plazo para que la parte quejosa desahogara la prevención aludida, trascurrió del 19 al 20 de diciembre de 2019, y del 27 al 31 del mismo mes y año, sin que el promovente la hubiere desahogado debidamente. En consecuencia, se tiene por no presentada la demanda de amparo que dio origen al presente juicio”, resolvió el Tribunal federal, según el diario Milenio, que informó del hecho.

“Hoy, su futuro está en manos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, el cual debe resolver solo cuestiones de legalidad para determinar si procede o no su entrega” a Estados Unidos en extradición, señaló el mismo rotativo.

El 28 de noviembre del 2019, María Dolores Núñez Solorio, titular del Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal, con sede en Ciudad de México, le otorgó una suspensión de plano al capo sinaloense, y a otros de sus colaboradores, para frenar una vez más su extradición a Estados Unidos.

El 9 de octubre de ese mismo año, el ex líder del extinto Cártel de Guadalajara, le fue negado un amparo que había solicitado contra la solicitud del Gobierno de EE.UU., para que sea extraditado a dicho país.

Por unanimidad, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló la propuesta del ministro Luis María Aguilar Morales, de negar un amparo al capo sinaloense, para que en caso de ser detenido, sea extraditado a territorio estadounidense.

“Es incuestionable que los artículos 17 y 18 de la Ley de Extradición, así como el artículo 11 del Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos, al tener su fundamento en el artículo 119 constitucional, no pueden ser considerados inconstitucionales, como lo pretende el recurrente”, resolvió la Primera Sala de la SCJN.

Ese mismo día, la juez Núñez Solorio, concedió la suspensión de plano a Caro Quintero, solicitada por el capo el 25 de noviembre del 2019, a efecto “de que las cosas se mantengan en el estado que guardan y no se ejecute la extradición de los quejosos, lo anterior, hasta en tanto se notifique a las autoridades la resolución que en su caso se emita dentro del juicio de amparo”.

Según el expediente 895/2019, Caro Quintero señala como autoridades responsables, entre otras, a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Sin embargo, la juez Núñez Solorio dejó en claro que la suspensión de plano sólo se limitaría a paralizar los efectos de la orden de extradición por las autoridades responsables señaladas, por lo que no surtiría efectos si la orden fue dictada por autoridades distintas.

Tampoco surtiría efectos si la orden de extradición ya fue ejecutada con antelación o si se trata de hechos diversos de los expresados en la demanda de amparo; como tampoco si es emitida con posterioridad, ya que debe atenderse a que el juicio de amparo procede contra actos existentes y concretos, no probables, ni eventuales.

Asimismo, la juez Núñez Solorio dio de plazo cinco días para que los abogados del narcotraficante sinaloense especifiquen qué acto o actos son lo que reclama, ya que en la demanda de Caro Quintero, esto no se advierte con precisión.

Alias “El Príncipe” cumplía hasta agosto de 2013 una sentencia, por la que permaneció 28 años de prisión -de los 40 que tenía de condena-, por el asesinato de Enrique “Kiki” Camarena Salazar, miembro de la DEA, pero logró salir de la cárcel gracias a un amparo, el cual fue revertido dos años después por la SCJN.

Mientras tanto, el Gobierno estadounidense solicitó que, de ser reaprehendido, Caro Quintero sea extraditado a EE.UU. para comparecer ante la justicia de dicho país, lo cual fue autorizado por la SCJN el 9 de octubre del 2019.

El 23 de octubre del año pasado, el Departamento de Justicia de EE.UU. informó a través de un comunicado, que buscaba confiscar bienes en México, que adquirió con recursos ilícitos el capo sinaloense. Según el documento emitido por las autoridades estadounidenses, las ocho propiedades del prófugo de la justicia, se encuentran en Guadalajara, Jalisco.

A finales de julio del 2019, Ray Donovan, agente especial encargado de la oficina de la DEA en Nueva York, afirmó que Caro Quintero -uno de los principales capos de la droga en la década de los 80 del Siglo pasado- es la “prioridad” del Gobierno estadounidense.

El 28 de marzo del 2019, alias “El Príncipe” o “Rafa”, logró por segunda ocasión impedir que la SCJN se pronunciara sobre el amparo que promovió, con el cual pretende evitar su extradición a Estados Unidos. Caro Quintero presentó una solicitud para que el ministro Luis María Aguilar Morales se declarara impedido para conocer su demanda de garantías.

El ex presidente de la SCJN hizo público el proyecto de sentencia donde proponía a los ministros de la Primera Sala de la Suprema Corte, negar la protección de la justicia al capo sinaloense, quien el 26 de marzo del 2019 reclamó el Tratado de extradición entre México y EE.UU., petición que fue admitida a trámite y turnada al ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo.

Esa fue la segunda vez que Caro Quintero procedía de la misma forma, ya que en noviembre del 2016, el narcotraficante sinaloense reclamó que el actual presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, elaborara el proyecto de sentencia.

Aguilar Morales proponía en su proyecto de sentencia negar el amparo al capo sinaloense, y devolver el asunto a un Tribunal Colegiado, para que solo revise cuestiones de legalidad, y con ello determinar si Caro Quintero debe ser entregado a las autoridades estadounidenses.

El 12 de abril del 2018, “El Príncipe” fue incluido en la lista de los “Diez Fugitivos Más Buscados” del FBI estadounidense, por ser el presunto autor intelectual del asesinato de Enrique “Kiki” Camarena Salazar, crimen por el que ya había purgado una condena de 28 años de prisión en México.

Caro Quintero, a quien el FBI considera que “está armado y es extremadamente peligroso”, y por quien ofrece una recompensa de 20 millones de dólares por información que lleve a su captura, había negado en una entrevista videograbada con la periodista Anabel Hernández, publicada en el diario digital The Huffington Post, el pasado 5 de abril, que siguiera activo en el narcotráfico y que se encuentra fugitivo, “por un crimen por el que ya pagó”.

En dicha entrevista, publicada también por el portal Aristegui Noticias, el capo de 67 años de edad y originario de Badiraguato, Sinaloa, pidió a la DEA, del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, y al Gobierno Federal mexicano, que “hagan bien su trabajo” y que lo “dejen en paz”.

La acusación de la DEA y la Fiscalía neoyorquina (EDNY Docket No. 15-CO-208 S-2), también detalló el “papel principal” de Caro Quintero “en el tráfico de metanfetaminas, heroína, cocaína y mariguana a los Estados Unidos y otros países, y refleja sus actividades criminales de 1980 a 2017”.

“El 30 de julio de 1992, la Corte de Distrito del Distrito Central de California emitió una orden federal de arresto, acusando a Caro Quintero de crímenes violentos en favor del crimen organizado, de conspiración para secuestrar a un agente federal, de secuestrar a un agente federal, de asesinar a un agente federal, de ayudar, instigar y ser cómplice después de ese hecho”, indicó el Gobierno estadounidense.

“Hoy, junto con nuestros socios federales de la DEA, del Servicio de Alguaciles y del Departamento de Estado, estamos comprometidos a llevar ante la justicia a este criminal peligroso y líder de un cártel, quien es responsable del asesinato brutal de un agente de la DEA”, dijo el Director Adjunto del FBI, David L. Bowdich.

“El agente especial Camarena estaba dedicado a detener el narcotráfico y a romper el círculo de delitos relacionados con las drogas. Él mostró gran valentía para ir tras los narcotraficantes más violentos. Y es precisamente por esta valentía y entrega que no vamos a dejar de buscar a Caro Quintero sino hasta que demos con él y lo pongamos tras las rejas, donde pertenece”, abundó Bowdich.

En julio del 2016, en una entrevista publicada por el semanario Proceso, el capo sinaloense había dicho, también, que ya no pertenecía al narcotráfico y que no mató a Enrique “Kiki” Camarena, además de que no estaba en guerra, ni Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, “El Chapo”, ni con Ismael Zambada García, “El Mayo”.

A principios de la década de 1980, Caro Quintero, en aquel momento con 30 años de edad, junto a “Don Neto” y a “El Padrino”, se convirtió en uno de los tres líderes del Cártel de Guadalajara, el cual formó alianza posteriormente con el Cártel de Medellín, liderado por el traficante colombiano Pablo Emilio Escobar Gaviria.

“Se considera a Caro Quintero como uno de los ‘padrinos’ del narcotráfico, que ayudó a formar el Cártel de Guadalajara a fines de la década de 1970. Supuestamente, se convirtió en uno de los principales proveedores de heroína, cocaína y mariguana a los Estados Unidos y estuvo a cargo del cártel en Costa Rica y en la frontera entre los Estados Unidos y México”, señaló el Gobierno estadounidense en su comunicado.

Fue entonces cuando Enrique “Kiki” Camarena Salazar se infiltró en el Cártel de Guadalajara. En 1984, como resultado de la información obtenida por el agente encubierto estadounidense, cientos de soldados mexicanos asaltaron Rancho Búfalo, una plantación de marihuana del grupo criminal, cuya producción anual estimada era de cientos de millones de dólares.

“En noviembre de 1984, las autoridades mexicanas allanaron una plantación de 2 mil 500 acres de mariguana, propiedad de Caro Quintero. El Cártel de Guadalajara culpó al agente especial Camarena Salazar por la redada, y decidió tomar represalias”, abundó el Gobierno estadounidense.

“El agente especial Camarena, un ex marino, bombero, oficial de policía y alguacil adjunto, estuvo muy cerca de descubrir una ruta de millones de dólares para para transportar drogas por un millón de dólares de México a los Estados Unidos en 1985”, señaló el Gobierno de EE.UU.

“Kiki” Camarena Salazar y el piloto aviador de la extinta Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, Alfredo Zavala Avelar, fueron secuestrados por un grupo de hombres armados el 7 de febrero de 1985, en Jalisco. Un mes después sus cuerpos fueron hallados en un rancho del estado de Michoacán, con señales de tortura.

“Antes de que pudiera exponer las operaciones de narcotráfico, fue secuestrado en ruta a almorzar con su esposa el 7 de febrero de 1985 en Guadalajara, Jalisco. Supuestamente, las órdenes directas del secuestro fueron dadas por Caro Quintero”, indicó el Gobierno estadounidense.

“Camarena fue rodeado por cinco hombres armados que lo arrojaron dentro de un automóvil y se lo llevaron. Se cree que Camarena murió a los dos o tres días de su secuestro, pero su cuerpo no fue encontrado sino hasta el 5 de marzo de 1985. Sobreviven al agente especial Camarena su esposa y sus tres hijos”, abundó el Gobierno de EE.UU.

El capo sinaloense, quien había sido condenado a 40 años de cárcel por el crimen de “Kiki” Camarena Salazar, pero sólo pasó 28 años en prisión, ya que fue liberado el 9 de agosto de 2013, por un Tribunal del estado de Jalisco, mismo que justificó la decisión con un tecnicismo jurídico, ya que consideró que el caso debió ser juzgado en el fuero común y no en el federal.

Caro Quintero se fugó tras conocer que la Procuraduría General de la República (PGR) obtuvo una nueva orden de aprehensión con fines de extradición a EE.UU., cuyo Departamento de Justicia, ofrecía una recompensa de 5 millones de dólares por su captura, misma que subió hasta los 20 mdd.

Dos días más tarde, el entonces Juez Sexto de Distrito en Procesos Penales Federales, Alejandro Caballero Vértiz, ordenó su detención provisional con fines de extradición a Estados Unidos, con el propósito de juzgarlo por el crimen del agente “Kiki” Camarena.

En diciembre de 2013, el entonces titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, reveló que Caro Quintero envió una carta al presidente Enrique Peña Nieto, en la que solicitó que no se le persiguiera más porque lo que tenía que pagar lo saldó en prisión. Sin embargo, en actualidad el capo sinaloense es buscado para que cumpla los 12 años que le faltan de condena.

El 22 de enero de 2015, el Segundo Tribunal Unitario del Tercer Circuito con sede en Guadalajara, en acato al fallo de la SCJN, declaró nuevamente penalmente responsables a Caro Quintero y a Fonseca Carrillo, por los delitos de privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro y homicidio calificado, en agravio del agente de la DEA y del piloto mexicano Zavala Avelar, por lo que de nueva cuenta le impuso al capo sinaloense la condena de 40 años de prisión.

Autor(a)

Carlos Álvarez Acevedo
Carlos Álvarez Acevedohttps://www.carlosalvarezacevedo.com
Corresponsal del semanario ZETA de Tijuana y del periódico Noroeste de Sinaloa, desde febrero de 2016. Durante varios años fungí como editor de opinión y jefe de redacción del diario digital SinEmbargo.
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