Aumenta robo de identidad para cometer fraude

Edición Impresa lunes, 18 enero, 2021 1:00 PM

Al no estar tipificado como delito específico en todos los códigos penales del país, la suplantación de identidad no cuenta con estadísticas claras para cuantificar el fenómeno. La Condusef documentó 23 mil 506 quejas por estas prácticas tan solo en el sistema financiero mexicano. El llamado robo de identidad ya no solo se efectúa a personas, también a instituciones como las Sofom. Notarios públicos están coludidos en operaciones donde suplantadores adquieren viene inmuebles; hasta el Infonavit y sus derechohabientes son víctimas de este tipo de criminales

Foto: tomada de internet

Aunque una serie de delitos patrimoniales ha ido a la baja desde que la pandemia de COVID-19 llegó a México, otros como la suplantación de identidad son aprovechados por criminales para obtener un lucro ilícito al emplear la buena reputación de las víctimas para cometer estafas a través de créditos millonarios, cuya deuda recae sobre las personas burladas.

El fenómeno crece año con año en el país, que ocupa el octavo lugar a nivel mundial en este rubro, y el segundo a nivel latinoamericano. Sin embargo, ya no solo se presenta el apoderamiento de la identidad de personas, también de empresas y sociedades financieras, como lo dio a conocer la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) al finalizar 2020.

Son varias las modalidades que los delincuentes emplean para apoderarse de la información personal para realizar todo tipo de fraudes. La manera más sencilla es el robo de correspondencia y recibos de servicios que son dejados a la puerta de los domicilios, el engaño telefónico o presencial, el uso de internet y las operaciones financieras a través de tarjetas de débito o crédito.

La estadística más confiable, aunque no domina el universo de los tipos de estafa que se cometen, es la de la Condusef, entidad ante la cual acuden los usuarios de la banca para interponer sus quejas o inconformidades. En once meses de 2020, el organismo dependiente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) conoció de 23 mil 506 quejas de presunta suplantación por un monto estimado en 411 millones de pesos.

Incluso se sabe que ahora los delincuentes utilizan métodos a través de redes sociales o de mensajería instantánea para obtener los datos personales de los usuarios, con el pretexto del ofrecimiento de promociones o ventas en línea de productos que jamás serán entregados. Incluso en sus mensajes se despierta la ambición de las personas defraudadas, a quienes ofrecen obsequios de supuestos corporativos como refresqueras o cervecerías apócrifas.

Con la información y la identidad suplantada, los delincuentes tramitan importantes créditos para adquirir préstamos, vehículos lujosos, alhajas, muebles y un sinfín de objetos materiales o servicios. El propio Instituto Nacional para el Fomento Nacional de Vivienda de los Trabajadores (Infonavit) ha sido testigo de la actitud temeraria de criminales que desde 2016 comenzaron a solicitar préstamos a nombre de los derechohabientes, a quienes les descuentan puntualmente cada mensualidad.

 

FINANCIERAS

Durante la última semana de 2020, la Condusef visibilizó la suplantación de identidad, ya no de personas físicas, sino de las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, Entidades No Reguladas (mejor conocidas como Sofom), inscritas en el Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros (Sipres). A la recta final del año pasado, dichas sociedades reportaron por lo menos quince acciones de delincuentes que suplantaron el nombre comercial y algunos de sus datos fiscales o administrativos.

De acuerdo con la Condusef, el modus operandi de los suplantadores de identidad inicia cuando los delincuentes contactan con sus víctimas, ostentándose como ejecutivos de las entidades financieras debidamente autorizadas y acreditadas.  La comunicación se efectúa a través de una llamada telefónica o por medio de redes sociales, ofreciendo créditos inmediatos, con pocos requisitos y con mensualidades de montos pequeños para hacerlos atractivos.

Cabe mencionar que para engañar a las víctimas, los falsos empleados de las sociedades financieras utilizan información como razón social, direcciones, teléfonos e imagen corporativa (logotipos) de las compañías afectadas. Luego solicitan a sus víctimas enviar su información personal vía mensajería instantánea de WhatsApp o por Facebook a través de Messenger, poniendo en riesgo sus datos personales.

También solicitan anticipos de dinero en efectivo o mediante depósito a una cuenta bancaria con la supuesta finalidad de “apartar” el crédito, gestionarlo, adelantar mensualidades, pagar gastos por apertura o como fianza en garantía, generalmente por el equivalente al 10% del monto total del crédito solicitado, que puede ser desde mil hasta 100 mil pesos.

Después de realizar los depósitos a la cuenta señalada, las víctimas no reciben el crédito y les es imposible localizar a los promotores. Es cuando descubren que han sido engañados. Por lo anterior, la Condusef informa a la población los nombres de las instituciones financieras afectadas para que si resultaron ser víctimas de algún ilícito lo denuncien ante las autoridades correspondientes. Estas son las Sofom agraviadas:

Emprende Capital, SAPI de CV, Sofom, ENR

– Soluciones Empresariales Eficaces de México, SA de CV, Sofom, ENR

– Creditpro, SAPI de CV, Sofom, ENR

– Fomento y Desarrollo Pro Veracruz, SA de CV, Sofom, ENR

– Grupo Asesor Creavanza, SAPI de CV, Sofom, ENR

– Impulso Económico Activo, SA de CV, Sofom, ENR

– Soluciones Patrimoniales Cufrisa, SA de CV, Sofom, ENR

– Goifin, SA de CV, Sofom, ENR

– Moun, SA de CV, Sofom, ENR

– Administración Financiera Alianza, SA de CV, Sofom, ENR

– Corporación Pacto, SA de CV, Sofom, ENR

– Despliegue Evolutivo, SAPI de CV, Sofom, ENR

– Proaktiva, SAPI de CV, Sofom, ENR

– Axionex Financiera, SAPI de CV, Sofom, ENR

– Impulsora Inmobiliaria Edifica de Cuauhtémoc, SA de CV, Sofom, ENR.

 

NOTARIOS EN LÍOS

Las acciones ilícitas de los suplantadores de identidad no tienen límites, pues han llegado a adquirir bienes inmuebles a crédito, aprovechándose de la buena fe de los vendedores y con la complicidad de notarios públicos de diferentes estados de la República, algunos de los cuales se encuentran sometidos a investigaciones ministeriales, y otros, muy pocos, han ido a parar a prisión y perdido la patente o fiat notarial.

El sector notarial ha mostrado interés en blindar sus actividades; sin embargo, los casos de compraventa de inmuebles de forma irregular se siguen presentando, con decenas de personas afectadas que creían haber hecho una buena negociación para hacerse de una propiedad. No ha bastado con que los colegios de notarios del país llamen a la prudencia y a extremar medidas preventivas a sus agremiados, pues siguen cayendo -por acción o por omisión- en conductas ilícitas.

En Jalisco se ha vuelto una práctica recurrente y son varios los notarios sometidos a una carpeta de investigación. Por lo menos dos de ellos fueron inhabilitados en octubre reciente y vinculados a proceso penal en un Juzgado de Control por la posible comisión de delitos. Son fedatarios de los municipios de Tala y Guadalajara.

En el primero de los casos, Eleno “N”, titular de la Notaría Pública Número 1 de Tala (municipio cañero de la Región Valles), fue señalado de haber facilitado sus instalaciones y sellos oficiales para simular la escrituración de un inmueble, además de que participó en un caso de suplantación de identidad. El otro, Javier “N”, notario público número 29 de Guadalajara, habría encubierto una suplantación de identidad y presuntamente simuló el pago de impuestos.

Ambos son procesados por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de fraude genérico y falsificación de documentos. Además de que no podrán ejercer, el juez ordenó que se mantengan en resguardo domiciliario. Para evitar casos como estos, los fedatarios del país han trabajado en la creación de protocolos, en los que además de instruirse en la debida revisión de documentos, agregan prácticas como dialogar con los vecinos de los inmuebles sobre la situación de la propiedad.

 

OTROS MODOS

Existen otros tipos de fraudes cometidos mediante la suplantación de identidad. Una de esas modalidades comenzó a conocerse por lo menos desde 2016, cuando el Infonavit recibió las primeras quejas de derechohabientes a quienes se les hacían descuentos por préstamos que jamás solicitaron. Después, esos reclamos se replicarían por cientos en distintas delegaciones del organismo en la República.

Al advertir los descuentos en sus haberes salariales, las víctimas acudían al Instituto a averiguar el porqué de tan onerosos cobros, y grande era su sorpresa al ser notificados de que debían dinero a cuenta de remodelaciones de inmuebles o la compra de casas habitación. El aumento de casos motivó la investigación de la dependencia y, junto con procuradurías y fiscalías, descubrieron que fueron vulnerados por suplantadores.

Métodos más sofisticados de fraude se conocen a través del uso de tecnologías avanzadas, como la realización de compras o pagos con tarjetas de crédito o débito cuyos números de cuenta y confidenciales, son ingresados a equipos de cómputo o teléfonos móviles. Apenas el 31 de diciembre último, diversos sitios especializados en ciberseguridad confirmaron que la empresa de telefonía Telcel sufrió una vulneración de sus bases de datos, sufriendo la sustracción de datos de más de 600 mil usuarios.

Entre la información relevante se encuentra el número telefónico, domicilio del propietario de la línea, contactos frecuentes, Registro Federal de Contribuyente y datos de sus cuentas bancarias. Expertos en la investigación de delitos de alta tecnología aseguran que los usuarios cuyos datos fueron sustraídos, podrían ser víctimas de fraudes, extorsiones, suplantación de identidad o amenazas.

Aunque en algunos estados del país existe el tipo penal para sancionar este tipo de delitos bajo diversos nombres como usurpación o suplantación de identidad, con penas de hasta seis años en el caso de Baja California, siete años en Colima, ocho años en Jalisco o Chihuahua. En materia federal, la tipificación del ilícito se encuentra en el limbo y se sigue sancionando con las modalidades y penas del fraude.

 

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